Cambio en las reglas del juego

En todo juego conocer las reglas es fundamental. Albert Einstein decía que “primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie”. Entonces, para jugar es clave que no se modifiquen las reglas mientras el juego está en desarrollo. Si no, dicho juego perdería todo sentido. Además, nadie jugaría con quien las alteró.

Pues bien, llevado al plano de la inversión extranjera, la situación es similar. Una empresa invierte en un país extranjero si es que éste le otorga certeza jurídica y respeta el derecho internacional. Es decir, invierte si le dan la seguridad que las reglas del juego no serán modificadas. Ahora bien, si al poco andar el país receptor de la inversión altera las reglas incumpliendo acuerdos internacionales, las consecuencias podrían ser nefastas para éste. Se crearía una desconfianza mundial en su contra y se le cerrarían mercados de los cuales sus ciudadanos viven. Es decir, nadie querría jugar con dicho país.

En el caso de Chile, lo anterior puede acontecer si las comisiones de la Convención Constitucional, así como el pleno, persisten en pisotear todo el entramado jurídico sobre el cual inversionistas extranjeros fundaron su decisión de invertir en nuestro país. Ejemplos hay muchos: la nacionalización del cobre y otros recursos naturales con indemnizaciones irrisorias, la afectación a la propiedad privada, la modificación radical del Poder Judicial y el debilitamiento de la independencia de los jueces, la afrenta al principio de neutralidad competitiva privilegiando al Estado, la prohibición de arbitrajes contra el Estado, suma y sigue.

El cambio en las reglas del juego se ha vuelto común. Pasó y pasa en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y un largo etcétera. Para peor, se ha hecho cotidiano también en Chile. Prueba de ello, son el crecimiento de casos sobre arbitraje de inversión (arbitrajes entre inversionistas extranjeros y estados receptores de la inversión) en que Chile es demandado acusándolo de modificar las reglas del juego.

Muchos países, como solución para quebrar las reglas, denuncian (dejan sin efecto unilateralmente) los tratados internacionales. Pero no es tan fácil. Los tratados -en general- luego de denunciados mantienen su vigencia por un periodo de tiempo. Además, denunciar tratados no es gratis. Trae como consecuencias la reducción en el rating mundial y, por ende, el encarecimiento del crédito externo. Conlleva, asimismo, un menoscabo en la confianza internacional, prohibición o dificultad para obtener visas, inflación, desempleo, pobreza, etc. Para Chile -además- sería grave. Somos un país que socialmente depende de la economía mundial.

Estas serán algunas de las consecuencias si algunos constituyentes persisten con su actuar refundacional prescindiendo de todo ordenamiento jurídico. Crear normas que destruyen la estructura económica-política de Chile llevará a nuestro país a un aislamiento mundial, que terminará por quebrarlo. Los primeros que pagarán el precio de esta irresponsabilidad son los chilenos más vulnerables, puesto que se les encarecerá el costo de la vida y no tendrán empleos desde donde, con dignidad, conseguir el buen vivir por el que han luchado por años.

Es tiempo que el Ejecutivo y el Congreso asuman su responsabilidad y liderazgo para enmendar el rumbo de la Convención y propongan una salida viable. Esto no es un juego.

*El autor de la columna es abogado y socio en Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial