El ministro de Energía, Diego Pardow, adelantó este miércoles lo que será el conjunto de indicaciones con que el gobierno busca destrabar la discusión del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a todas las familias pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares (RSH), cifra que se empina a cerca de 4,7 millones de hogares.

En el marco de la primera de las dos sesiones previstas para la jornada de este miércoles en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado socializó con los legisladores el contenido de las modificaciones que están desarrollando, especialmente para hacer frente a las críticas del denominado “pilar PMGD”. Cabe recordar que el Ejecutivo buscaba recaudar US$150 millones a partir de los ingresos de las centrales catalogadas como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), con la creación de un cargo a los retiros de energía, denominado “cargo FET”, descontable de la compensación por precio estabilizado que perciben los PMGD adscritos al Decreto Supremo 88.

El cargo ha sido ampliamente criticado por dicho segmento de generadoras, incluyendo a los fondos extranjeros que invierten en dicho tipo de centrales, y que en una inédita carta que agrupó a 10 instituciones financieras, advirtieron que el proyecto generaba un “desincentivo relevante a la inversión”.

Pardow explicó que tras la presentación de la iniciativa legal, se siguió trabajando “tanto con los distintos grupos parlamentarios como con miembros de la sociedad civil que han hecho ver algunos aspectos y oportunidades de mejora”, los que se han ido recogiendo para permitir que el proyecto avance lo más rápido posible.

“Dependiendo de cómo ser organicen finalmente las tablas, la idea es votar lo antes posible para abrir este espacio de indicaciones, de tal manera que este voto general pueda ser lo más informado posible”, agregó Pardow.

En esa línea, planteó que las indicaciones tienen tres objetivos: mitigar lo que denominó la “pendiente resbaladiza” advertida por algunas empresas, respecto a la posibilidad de que el mecanismo de financiamiento del subsidio se extienda más allá del 2027; incorporar una exención para los PMGD que sean considerados pymes para efectos tributarios; y disminuir el impacto financiero del cargo FET, dando prioridad al aporte fiscal por sobre el resto de los pilares en la asignación de recursos para el subsidio eléctrico, así como también considerar una tasa de uso del subsidio que no alcanza a 100%.

Sostuvo que lo que estos cambios permiten hacer “es, sin modificar el objetivo de cobertura, que sigan siendo todas las personas pertenecientes al 40% del RSH el objeto de cobertura, disminuir significativamente la expectativa de recaudación de los cargos FET desde algo que va de $1,8 por kWh, en orden a lo que está hoy día en el proyecto de ley, cambiarlo a algo que es gradual, y el 2025 sería $1 por kWh, el 2026 $0,8 por kWh, y el 2027 sería de $0,6″.

“Si se fijan, en términos agregados, esto significa disminuir en un 60% la expectativa agregada de recaudación desde $450 mil millones a $200 mil millones en términos globales”, agregó. Es decir, el aporte del denominado “pilar PMGD” caería a menos de la mitad de lo planificado originalmente por el Ejecutivo.

Según especificó Pardow, la razón de esta gradualidad pasa por una proyección actualizada respecto del pago por compensación por precio estabilizado para los próximos tres años, según un cálculo que el Ministerio de Energía encargó a la consultora SPEC, que muestra una variación entre un máximo de US$580 millones para el año 2025 considerando una hidrología húmeda, hasta un mínimo de US$500 millones para el año 2026, considerando una hidrología seca.

Así, “la compensación esperada también sigue esa dinámica, donde es un poco más alta en 2025 y va disminuyendo de 2026 a 2027″, detalló Pardow.

A ello se suma la idea de usar el cargo FET “como un crédito contra el sistema”, según dijo Pardow, permitiendo que “se acumulen cuentas por cobrar y que, cuando existan cuentas por pagar en el período que va de 2028 en adelante, se puedan netear la una con la otra”.

Esto permitiría crear “una claridad a nivel legal” para que el cargo pueda ser descontado también “a nivel de holding o grupo empresarial”. Ello, señaló, “entrega una señal importante de diversificación tecnológica”, dada la sobreoferta solar de los PMGD adscritos al régimen de precio estabilizado.

Otras modificaciones planteadas por el Ejecutivo buscan diferir la aplicación del cargo FET para aquellos PMGD que están recién empezando su operación. La propuesta en concreto pospone el pago durante los primeros 12 meses para dicho grupo de proyectos “que tiene una situación financiera un poco distinta, donde el desembolso inicial es más significativo”, según afirmó Pardow.

Otro de los puntos que aborda el conjunto de indicaciones es la existencia de PMGD desarrolladas por pymes, las que quedarían exentas del cargo FET, “bajo la consideración de que efectivamente sean pymes”. La idea es anclar dicha exención al régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas, y según advirtió Pardow, quedarán fuera las firmas que “en verdad pertenecen a un grupo empresarial más grande, que no es realmente una pyme para efectos tributarios”, por lo que, insistió, la norma trata de beneficiar a “pequeños emprendedores y propietarios de estos tipos de generación distribuida”.

Adicionalmente, se propone crear un crédito tributario para pymes que busquen instalar paneles solares para autoconsumo, cuya vigencia se extienda por dos años, otorgando un 25% del valor de la inversión como crédito tributario con un tope, mientras que el 75% restante se reconoce como gasto vía depreciación instantánea. En caso de existir un remanente del crédito tributario, las empresas podrán pedir la devolución del impuesto de primera categoría en el ejercicio correspondiente.

Pese a los anuncios, desde los gremios que han liderado la férrea oposición a la propuesta del Ejecutivo mantuvieron su rechazo al pilar PMGD. Desde Acera, plantearon que “las indicaciones propuestas siguen el principio de autocontención que el Ministerio persiste en aplicar, es decir, que el subsidio sea financiado por el sector privado. Sin embargo, la solución de financiamiento para este subsidio temporal genera efectos permanentes sobre las señales de inversión en la industria, lo cual es profundamente perjudicial”.

Agregaron que, a su juicio, “ninguna de las indicaciones propuestas parece ser significativa para mejorar el proyecto ni revertir el daño que observamos en las señales de inversión, ya sea por la paralización del financiamiento de proyectos de generación renovable (PMGDs) o por el impacto en la demanda de contratos que los generadores habían considerado seguros”.

Darío Morales, director ejecutivo de Acesol, afirmó que “el ministro presentó de manera conceptual un paquete de indicaciones que siguen la misma lógica de autocontención que hemos criticado desde el comienzo. Las nuevas medidas propuestas, específicamente las del pilar PMGD, seguirán afectando significativamente la viabilidad financiera de las empresas y a la credibilidad de nuestro país como destino de inversiones en energías renovables. Hasta el momento, no vemos como esto pueda acotar el impacto negativo del PdL sobre el segmento”.

Matías Cox, director ejecutivo de GPM, sostivo que “seguimos oponiéndonos al proyecto de ley, dado que no se trata de un peso más o menos, sino de una cuestión de fondo: las consecuencias de las políticas públicas impulsadas por un gobierno no deben ser asumidas por los sectores productivos o las personas. Las políticas públicas y prioridades del gobierno deben financiarse con cargo al presupuesto de la nación”.

Un punto que se aclaró este miércoles fue cuándo y cómo se votará el poyecto que amplía el subsidio eléctrico. Luego que el proceso sufriera un retraso durante la semana pasada, tras las suspensiones de las dos sesiones que estaban citadas para el miércoles 9 de octubre, la comisión adoptó los acuerdos que marcarán el futuro de la iniciativa, que se encuentra en su primer trámite legislativo.

Según comentó el presidente de la instancia parlamentaria, el diputado (UDI) Marco Sulantay, el calendario definitivo fue acordado junto al ministro Pardow, y miembros de la comisión, en una reunión sostenida este miércoles. Así, señaló que “acordamos votar en general el día miércoles 30 de octubre, abrir indicaciones hasta el lunes 11 de noviembre, y cerrar este proceso con la votación en particular el miércoles 13 de noviembre”.

El diseño convenido entre la comisión y el secretario de Estado contempla además elevar urgencia desde suma a discusión inmediata, para permitir que la instancia pueda sesionar en paralelo a la tramitación de la ley de Presupuestos.

“Obviamente, las acusaciones constitucionales generaron un retraso en el trabajo legislativo, afortunadamente solo implicó una semana adicional. Ahora, este retraso implica que vamos a tener que recuperarlo en las sucesivas etapas de la tramitación legislativa. Lo bueno es que durante este tiempo hemos podido trabajar en el paquete de indicaciones y este tiempo nos ha permitido avanzar en su proceso de sociabilización con los distintos actores”, comentó el ministro Pardow.

Otro de los proyectos del Ejecutivo que discute la comisión registró avances este miércoles. Se trata del proyecto conocido como Transición energética, que recibió la aprobación unánime de la instancia. Tras esto, el proyecto podrá recibir indicaciones hasta el próximo lunes 28 de octubre, para ser votado en particular el miércoles 30..