Estuvieron presentes todos los principales accionistas de Transbank en la junta extraordinaria que realizó la red de adquirencia el pasado 11 de octubre. El acta de la sesión revela los frenéticos días que vivió la compañía de propiedad de los bancos desde que el 8 de agosto la Corte Suprema rechazó el sistema tarifario que había implementado desde abril de 2020. Y en particular, todo se intensificó luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le envió el 22 de septiembre un oficio donde le instruía cambiar sus cobros.

La existencia de ese oficio era un hecho sabido, pero no su contenido específico, ni el nivel de las consecuencias que eso acarreaba, que eran “gravísimas y potencialmente catastróficas” en caso de haberse implementado, según revela el acta de la junta.

En resumidas cuentas, a juicio de la red de adquirencia, “significaba que la viabilidad financiera y operacional de Transbank no se extendería más allá de algunas semanas”. Eso sí, a fines de septiembre cambió el escenario para la empresa, y ya su principal riesgo de viabilidad financiera se despejó.

El acta de la sesión realizada el 11 de octubre señala que una vez dictado el fallo de la Suprema, el presidente de Transbank citó de inmediato a una sesión extraordinaria de directorio para discutir sus consecuencias y la estrategia legal a seguir.

El 18 de agosto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emitió la resolución de cumplimiento, por lo que se vieron en la obligación de ajustar sin demora su margen adquirente, señala el acta. Por ese entonces la red de adquirencia dice haber recibido diversas cartas de sus contrapartes “exigiéndole dar pronto cumplimiento a la sentencia”.

El documento aclara que Transbank no podía definir los demás valores del merchant discount -las tasas de intercambio y costos de marca-”porque no está en sus manos jurídicamente hacerlo, no fija esas tarifas ni las percibe”.

Lo que sí podía hacer, y así lo realizó, era instar a las autoridades a validar si era correcto o no su nuevo margen adquirente según lo establecido por la sentencia de la Suprema. Y junto con ello, que las autoridades pudieran determinar los demás cobros correspondientes al margen adquirente.

Es por esto que Transbank envió cartas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la FNE y el Banco Central (BC). Asimismo, el 22 de agosto la red de adquirencia envió carta a todos sus comercios afiliados y PSP informando la modificación del esquema tarifario, mediante el cual comenzó a cobrar un margen adquirente único y fijo por cada transacción, basado en sus costos económicos.

El 23 de agosto Transbank envió una carta a la FNE, donde le pidió dos cosas. Primero, ver si la empresa estaba dando cumplimiento a la sentencia sobre el margen adquirente. Segundo, en línea con lo ordenado por la Suprema, determinar los cobros restantes que componen el merchant discount. Ese mismo día la red de adquirencia también envió cartas a la CMF y el BC, donde les pidió hacer las gestiones de coordinación con la FNE.

Además, el acta revela que Transbank “sostuvo reiteradas reuniones con la FNE, la CMF, y el BC, además de asociaciones gremiales y otros grupos intermedios” para explicar la modificacción tarifaria.

El 22 de septiembre la FNE le envió un oficio a Transbank que fue el que generó que la empresa convocara a esta junta extraordinaria de accionistas. Esto, porque allí básicamente el organismo antimonopolios dijo que las medidas tomadas por la compañía no daban cumplimiento a lo establecido por la sentencia, y que debía establecer un merchant discount de 0,4% para tarjetas de crédito, débito y prepago. Es más, el oficio establecía que ello debía ser implementado con efecto retroactivo, desde el 19 de agosto de 2022.

A juicio de la empresa, según dice el acta, esto fue ordenado “pese a que dos de sus tres componentes sumados -esto es, las tasas de intercambio y los costos de marca- eran y son muy superiores a dicha tarifa de 0,4% y están fuera del control de Transbank”.

Así, la red de adquirencia asegura que eso le iba a significar operar asumiendo los déficit en caso de no producirse una baja en las tasas de intercambio y los costos de marca.

Ese cobro de 0,4%, según lo que dijo en esa oportunidad la FNE, debía ser efectuado de manera transitoria, hasta que se complete íntegramente el paso al modelo de cuatro partes. Pero por ahora debía aplicarse de manera inmediata.

“El escenario y las consecuencias que se seguían de esa interpretación (de la FNE) eran gravísimas y potencialmente catastróficas para la compañía”, confesó el gerente general de Transbank, Patricio Santelices, en la junta extraordinaria de accionistas.

Y mencionó cinco consecuencias. Primero, “significaba que la viabilidad financiera y operacional de Transbank no se extendería más allá de algunas semanas”. Segundo, la red de adquirencia “debería desafiliar a más de 200 mil comercios en cuestión de días, considerando los plazos que los propios contratos de afiliación establecen para poner término a los servicios”.

Tercero, “se producía una abierta contradicción con el mandato de autofinanciamiento dado por la propia sentencia de la Corte Suprema”. Cuarto, “se producirían graves efectos anticompetitivos, pues impediría a otros adquirentes participar del mercado mientras Transbank pudiese asumir las pérdidas generadas con el merchant discount de 0,4%, ya que ningún competidor estaría en condiciones de igualar dichas pérdidas”.

Y quinto, “se generarían disrupciones que afectarían gravemente el normal funcionamiento del sistema de pagos, con las serias consecuencias sociales y financieras que ello podría generar”.

Es por esto que “considerando la gravedad de los indicado en el oficio de la FNE, el presidente de la compañía citó a una sesión extraordinaria de directorio, con el objeto de informar a todos sus miembros sobre la apremiante situación en la que se encontraba Transbank, y así decidir los caminos a seguir”, dice el acta de la junta.

Ese día, el 23 de septiembre, la compañía envió un hecho esencial a la CMF, explicando escuetamente la existencia del oficio. El 26 de septiembre la compañía interpuso un recurso de reposición administrativa ante la FNE y un recurso jerárquico en subsidio, donde pidió revocar la instrucción del cobro inmediato de 0,4%, “puesto que ello impedía el autofinanciamiento de la compañía”.

En caso de que eso no funcionara, la empresa activó un plan B: pidió al estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo que prepare un recurso de protección. Eso sí, tenían claro que ello tenía “bajas chances de éxito”.

El 26 de septiembre Transbank también envió cartas a cada uno de sus accionistas, indicándoles lo informado por la FNE; así como a las marcas de tarjeta, solicitando ajustar los límites máximos de las tasas de intercambio y una baja en los costos de marca. Ese mismo día, Transbank se reunió con la CMF, y al día siguiente lo hizo con el BC.

El oficio de la FNE no solo instruyó un cobro inmediato de 0,4%, sino que también dispuso que los emisores accionistas de Transbank tenían la obligación de asumir los riesgos en las remuneraciones que perciban en las tasas de intercambio. Ello fue lo que interpretó el organismo de la sentencia de la Suprema.

“Lo ordenado es incompatible con la coexistencia de tasas de intercambio que sean superiores al merchant discount o que, en cualquier forma, no permitan cumplir con los criterios que, según la Excma. Corte, deben aplicarse”, decía el oficio de la FNE.

El oficio también profundizó sobre el rol de los accionistas de Transbank. “Para el caso de un operador integrado como Transbank y su calidad de sociedad de apoyo al giro bancario, las ganancias del lado adquirente no pueden entenderse desligadas de aquellas del lado emisor y, en ese sentido, se explicita en la misma sentencia una obligación respecto de los emisores accionistas de Transbank, quienes deben asumir los riesgos en las remuneraciones que perciban, esto es, en las tasas de intercambio”.

Según el acta, en una reunión del 22 de septiembre, la FNE dijo a Transbank que debía solicitar a los bancos emisores de tarjetas que son sus accionistas, la suscripción de acuerdos bilaterales, cumpliendo las normas de las marcas, para rebajar las tasas de intercambio a niveles que le permitan dar cumplimiento con la comisión de 0,4%.

El 30 de septiembre la empresa pudo respirar algo más tranquila. Si bien la FNE rechazó el recurso de reposición, también aclaró que para aplicar el cobro de 0,4%, primero era necesario que haya una reducción de las tasas de intercambio, “por lo que el principal riesgo de viabilidad financiera que enfrentaba la compañía se vio despejado, dado que la misma dejaba de estar en la obligación de operar sin siquiera poder cubrir sus costos”.

El 5 de octubre la FNE presentó ante el TDLC una solicitud de cumplimiento forzoso de la sentencia, esgrimiendo lo mismo que dispuso en el oficio de la discordia. Ahora será en esa cancha donde se definan los cobros que podrá hacer Transbank.