“El pasado 18 de enero de 2023, la señora Ministra del Medio Ambiente informó a la prensa que el Comité de Ministros, en su sesión ordinaria número 1, habría acogido las reclamaciones interpuestas en contra de la Resolución Exenta Nº 161, de 24 de agosto de 2021, sin que a esta fecha exista comunicación de ningún tipo a esta parte, por lo que solicitamos se sirva notificar la Resolución adoptada”.

Esta fue la escueta carta que envió el 19 de abril el CEO de Andes Iron SpA, Pedro Ducci, compañía que pretende levantar un proyecto minero y portuario de hierro denominado Dominga, en la Región de Coquimbo, a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán en la que pidió notificar la resolución del Comité de Ministros. La iniciativa contempla una inversión de US$2.500 millones y proyecta crear 30.000 puestos de trabajo de manera indirecta.

Se trata de una primera muestra pública de la molestia que existe en la minera, ya que han transcurrido casi cuatro meses desde la sesión del Comité de Ministros que calificó desfavorablemente su permiso ambiental, decisión que aún no ha sido notificada. En materia de derecho ambiental, el acto formal de notificación cobra especial relevancia para los titulares de proyectos de inversión, pues una vez concretado este procedimiento tienen un plazo de 30 días hábiles administrativos para apelar a la resolución administrativa y trasladar sus diferencias a sede judicial.

Frente a a la arremetida de Andes Iron, el SEA respondió que “está haciendo los mayores esfuerzos profesionales por gestionar a la brevedad las resoluciones pendientes del Comité de Ministros. En el caso particular del proyecto Dominga, se estima que dicha resolución se emita durante el mes de junio”.

El mismo servicio también detalló el estado de las otras notificaciones pendientes del Comité de Ministros. “En cuanto al proyecto Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable, la resolución se emitiría a fines de mayo. Sin perjuicio de lo anterior, es importante reiterar que el Comité de Ministros es una instancia de deliberación, cuyas resoluciones finales son redactadas posteriormente por su secretaría técnica, radicada en el Servicio de Evaluación Ambiental. La elaboración y posterior firma de los acuerdos del Comité requiere de un tiempo de trabajo no menor, dada la complejidad técnica y jurídica creciente de las reclamaciones y numerosas materias reclamadas tanto por los proponentes de proyectos como por la ciudadanía”.

El Comité de Ministros es un órgano colegiado y es la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Bajo la administración de Gabriel Boric, la entidad es presidida por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas e integrada por Nicolás Grau, de Economía; Ximena Aguilera, de Salud; Diego Pardow, de Energía; Marcela Hernando, de Minería y Esteban Valenzuela, de Agricultura.

En enero, el Comité de Ministros concluyó que la minera “no entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia marina. Tampoco se realizó una adecuada línea de base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”.

Mientras sigue esta disputa en sede ambiental, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la resolución del Tribunal Ambiental de esa ciudad que declaró inadmisible la demanda de nulidad de derecho público que presentó la excandidata a constituyente Nancy Duman Brito (Lista del Pueblo). La representante de la ONG alemana Sphenisco, dedicada a la preservación del pingüino de Humboldt, pretendía anular la decisión del Tribunal Ambiental que había señalado que el EIA aprobado a Dominga era correcto y que su rechazo había sido ilegal y no ajustado a derecho.

El proyecto Dominga inició su tramitación ambiental el 13 de septiembre de 2013, y pese a contar en distintas ocasiones con el respaldo de órganos técnicos, su viabilidad sigue estando en tela de juicio. El 24 de febrero de 2017 el SEA a través de Informe Consolidado de Evaluación Ambiental recomendó aprobar Mina Dominga, concluyendo que “el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable”.

Sin embargo, ese mismo año, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del segundo gobierno de Michelle Bachelet rechazaron la iniciativa. La decisión derivó en la renuncia de dos ministros y en una larga pugna judicial.

Posteriormente, en abril de 2021 el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, acogió de forma unánime la reclamación en favor de la iniciativa y resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo debía realizar una nueva votación. La votación se realizó en agosto de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera: el proyecto minero se aprobó por once votos a favor y uno en contra.

Por otro lado, a fin de conseguir un respaldo unánime de la comunidad aledaña al proyecto, la minera ofreció agua potable gratis durante los próximos 25 años, que se extenderá la vida útil de Dominga, además de una serie de medidas de compensación que suman un consto de US$400 millones.

Dominga en su tramitación ambiental prometió crear 10.000 empleos directos en su construcción.

Según estudio de la Universidad Católica del Norte, durante su construcción el proyecto Dominga representará un tercio del PIB regional.

Para Andes Iron, el proyecto ha sido respaldado en todas las instancias técnicas, y su retraso obedece a la estrategia de judicialización llevada adelante principalmente por la ONG Océana, la cual ha contado con respaldo en instancias políticas.