El fiscal Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, envió un extenso oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 26 de septiembre en el marco del denominado Caso Audio. En su presentación, el fiscal informó que está investigando presuntos delitos de uso de información privilegiada, manipulación del mercado y otras posibles infracciones relacionadas con la Ley de Mercado de Valores (Ley 18.045). Estos delitos habrían sido cometidos mediante el uso de grabaciones de audio obtenidas de manera irregular, lo que podría haber influido en decisiones de inversión y en el funcionamiento del mercado financiero.

En el oficio, el persecutor solicita al regulador del mercado de valores detallar una serie de gestiones realizadas por el exabogado de Rodrigo Topelberg, José Clemente Coz. El abogado Coz ofreció al funcionario de la CMF, Carlos Isensee, y al fiscal de la Unidad de Investigaciones (UI), Andrés Montes, reproducir, cuatro meses antes de su difusión, el audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, en el que ella, junto a Daniel Sauer y Luis Hermosilla, planifican el pago de coimas a funcionarios públicos.

El 22 de junio de 2023 se reunieron pasadas las 11 horas, en la oficina 41A del edificio Alonso, del grupo Patio, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. La reunión fue grabada en su celular por la abogada. El martes 14 de noviembre de 2023, Ciper divulgó lo que se discutió ese 22 de junio y pasaron casi cinco meses entre uno y otro episodio.

Pero en la CMF supieron mucho antes de la existencia de ese audio. Carlos Isense reconoció más tarde que el 17 de julio José Coz lo llamó y le contó sobre la conversación grabada subrepticiamente. Una semana después, el 25 de julio, Rodrigo Topelberg concurrió a la CMF a prestar declaración. Ese día, ahora en presencia de Isensee, Montes y otros dos funcionarios de la CMF: María Luz Schachtebeck y Nelson Paz, Coz volvió a comentar sobre el audio y su contenido. “Insté al abogado del Sr. Topelberg reiteradamente a acompañar el audio y se le dieron todas las facilidades (tales como presentar una autodenuncia o bien, a través del sistema de denunciante anónimo), sin embargo señaló que, de acuerdo con lo señalado por sus asesores penales, la entrega del audio era delito”, recordó el propio Andrés Montes en un texto que entregó al comisionado Beltrán de Ramón, quien indagó el caso.

El requerimiento de hace pocas semanas del fiscal Araya, dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero, enumera 14 interrogantes.

Por ejemplo, pide informar acerca de cómo y cuándo el abogado José Clemente Coz, en representación de Topelberg, pidió reunirse o ser entrevistado con el fiscal Andrés Montes o su equipo. Araya consultó si la reunión, que supuestamente tuvo lugar el 25 de junio de 2023, fue solicitada a través de una plataforma específica y si existe un acta o resumen de dicha conversación. En este caso, exige que se entregue una copia del documento. La importancia de esta solicitud recae en verificar si estas interacciones influyeron en decisiones posteriores.

Además, el fiscal pide que se informe si, después de un informe emitido por Montes, el 14 de julio, se notificó a los intervinientes sobre la audiencia de alegatos ante los comisionados de la CMGF, llevada a cabo el 27 de julio de 2023, y, en particular, si “esa audiencia fue comunicada a otros intervinientes distintos a los formulados de cargos”. Esta solicitud se vincula con la necesidad de asegurar que todas las partes involucradas recibieron igual acceso a la información.

Otro aspecto crucial de la solicitud es el pedido de claridad sobre “si se autorizó la presencia de público” en la audiencia mencionada, especialmente la del abogado Coz. Además, se busca que la CMF informe cómo se registró y autorizó la presencia de las personas que asistieron a través de la plataforma Zoom, y si Rodrigo Topelberg estaba entre las personas que enfrentaban cargos.

En su requerimiento el fiscal también pone el foco en la participación de la Unidad de Investigación en el caso, pidiendo que se aclare “si algún miembro de la Unidad de Investigación estuvo presente en los alegatos del 27 de julio de 2023″, realizados solo dos días antes de que los cuatro integrantes de la unidad supieran sobre la existencia de un audio que declinaron escuchar, según se ha relatado en la investigación interna de la CMF.

La siguiente interrogante de la fiscalía es explícita sobre el registro. El fiscal pide que “se informe si para la vista de los alegatos programados para el día 27 de junio ante el Consejo, se informó como cuestión previa a sus miembros acerca de la reunión que tuvieron miembros de la Unidad de Investrigación con el abogado Coz. En particular, sobre la existencia de la grabación del audio de la conversación entre Daniel Sauer, María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla”.

A continuación hay una serie de preguntas sobre esa reunión clave del 25 de julio en la que Coz había ya advertido sobre el audio. La Fiscalía busca saber si tenían ese antecedente al dictar sanciones en la resolución exenta N° 5.638 del 8 de agosto de 2023 o en la resolución exenta N° 6.373 del 31 de agosto de 2023, que rechazó un recurso de reposición. El fiscal quiere saber “si el Consejo, su Presidenta o sus miembros estaban informados de la reunión sostenida con Coz al momento de dictar esas resoluciones”.

Araya incluye, además, preguntas sobre las comunicaciones de la Presidenta de la CMF Solange Bernstein ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitando que se aclare si, en su participación ante la comisión, “informó sobre la reunión con el abogado Coz, llevada a cabo dos días antes de la audiencia de alegatos del 27 de julio de 2023″.

Las interrogantes de la Fiscalía replican con exactitud una solicitud de diligencias que presentó Felipe Barruel, el abogado de Luis Flores, ex gerente general de la corredora STF, de la familia Sauer y Rodrigo Topelberg,