Es uno de las escasos pronunciamientos, hasta ahora, del Ministerio Público, que indaga la arista penal del caso Australis, donde los actuales propietarios, la china Joyvio, acusa a su anterior dueño, el empresario Isidoro Quiroga, de estafa y administración desleal, por haber vendido la empresa, denuncia, ocultando información relativa a la sobreproducción que afectaba a la salmonera.

A comienzos de mes, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la zona Oriente de la Región Metropolitana ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía una presentación en la que solicita autorización para la revisión del contenido de tres conjuntos de evidencias que contienen el respaldo de la bandeja de entrada, salida, documentos enviados, eliminados, archivados y borradores, de las cuentas de correo de la empresa Australis S.A., vinculadas a 11 personas, entre ellas Isidoro Quiroga Moreno y sus hijos Isidoro y Benjamín, el fallecido ex gerente general Ricardo Misraji y el ex gerente de administración y finanzas Santiago Garretón.

La fiscalía recuerda en su escrito que la investigación que desarrolla fue iniciada por la presentación de dos querellas, contra Quiroga y Garretón, entre otros, por estafa y administración desleal vinculadas a la operación de la compañía Australis Seafoods S.A., que se desenvuelve en la industria acuícola chilena, dedicada a la producción de smolts en agua dulce en pisciculturas. “Ambas querellas concentran su imputación en que los antiguos controladores de la compañía, así como los administradores de la misma, implementaron un plan productivo de siembra y cosecha, con infracción de la normativa medioambiental, excediendo los volúmenes máximos permitidos en las Resolución de Calificación Ambiental correspondiente a los distintos Centros de Engorda de Salmónidos”, dice la presentación de 11 páginas, firmada Constanza Encina, fiscal adjunto en la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente.

La querella del gigante chino afirma que todos los imputados planificaron y ejecutaron el plan productivo a sabiendas que el precio de venta de su participación estaba condicionado a ese plan y que ocultaron que con él se infringía la normativa sectorial. El contrato de venta se suscribió el 28 de febrero de 2019.

La fiscal Encina relata al tribunal que para determinar la plausibilidad de esas imputaciones es necesario focalizarse en dos ejes: el primero, la efectividad de un supuesto cambio de criterio de la autoridad sectorial al momento de fiscalizar y sancionar las infracciones relativas a la sobreproducción y, en segundo lugar, “el conocimiento de los imputados y de los mismos querellantes respecto a que Australis estaba implementando un plan productivo que infringía la normativa sectorial que rige la industria en cuestión”.

A continuación, la fiscal expone antecedentes que “dan cuenta tanto de la información recabada en la presente investigación, como de las contradicciones que se han relevado durante la recopilación de los antecedentes”, lo que hace esencial la autorización de la revisión de correos electrónicos. La jueza de Garantía Cheryl Fernández autorizó, el 5 de noviembre, la revisión.

“Evidentemente, para la comprobación de los hechos investigados, se requiere hacer uso de la información que los correos electrónicos contienen, existiendo antecedentes que apuntan a que la información sería relevante para la investigación de los delitos, más aún, cuando existen versiones opuestas en cuanto era la real información con la que se contaba para tomar decisiones, volviendo esencial la autorización para la revisión de los correos electrónicos que se solicita”, fundamentó el tribunal en la autoización.

La exposición de la fiscalía recuerda que la defensa de Quiroga y los exejecutivos ha levantado como argumento un supuesto cambio de criterio de la autoridad sectorial y para ello aportó a la investigación un “Análisis de previsibilidad de la actividad de la Superintendencia del Medioambiente en materia de sobreproducción en la salmonicultura”. Pero, además, la Fiscalía cita una declaración del 7 de marzo de 2024 de José Gago Sánchez, ingeniero civil industrial con experiencia en la industria salmonera, quien asesoró a los compradores. “El cambio de criterio es algo que yo pude visualizar sólo cuando ya no estaba en la industria, muy posterior al proceso de compraventa, sólo cuando empezaron a salir algunas sanciones de la SMA por sobreproducción a partir del año 2021″, testificó Gago.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que en la investigación constan otros antecedentes “que ponen en duda que la autoridad sectorial haya cambiado de criterio, y que los imputados hubiesen podido confiar en tal práctica para descartar eventuales infracciones”.

Las mismas versiones opuestas, argumenta la Fiscalía, se dan en relación al conocimiento de los imputados y querellantes en relación con la sobreproducción. “Ambos grupos de intervinientes han aportado una serie de antecedentes que argumentan (y) acreditan lo uno o lo otro, según las diversas alegaciones que han vertido a lo largo de la investigación. Por lo mismo (...) existen antecedentes contradictorios en la investigación”, sostiene.

“De esta manera, sin perjuicio de que tanto querellantes como querellados han aportados diversos correos electrónicos pudiendo revisar la evidencia y seleccionar aquellos que, a su juicio, confirman la posición de cada uno de ellos, es fundamental contar con la revisión íntegra de los correos electrónicos de los sujetos de interés de la investigación y que constan en la evidencia señalada, toda vez, que sólo de esa manera podrá dilucidarse, cuándo y cuál fue la información entregada por parte de los imputados, y a su vez, la información que los querellantes tuvieron a la vista, tanto para la celebración de la compraventa cuestionada como a lo largo de la administración de Australis, una vez que esta compañía fue adquirida por el Grupo Joyvio”, concluye la fiscal en su presentación.

“Esta decisión muestra el enorme avance de la investigación. Los correos son reveladores de la participación de Isidoro Quiroga, sus hijos y ex ejecutivos en la configuración de la defraudación y otros delitos cometidos”, reaccionó Alberto Eguiguren, abogado de Joyvio, sobre la decisión del tribunal.

La interpretación del family office de Isidoro Quiroga, Asesorías e Inversiones Benjamín, fue la opuesta. “La solicitud de la Fiscalía da cuenta de que, tras más de un año y medio de investigación, los supuestos en que se fundan las querellas son contradichos por numerosos antecedentes”, dijeron. “La revisión de los correos solo confirmará que las querellas no tienen fundamento”, agregaron.