Caso Factop: Todas las irregularidades que enumeró la Fiscalía en el funcionamiento del fondo de Larraín Vial

Valorizaciones inadecuadas, información falsa entregada a inversionistas y compra de deudas a relacionados son algunas de las acusaciones que plantea la Fiscalía Regional Oriente en su minuta de formalización en contra de las personas que estuvieron vinculadas a la creación y administración del Fondo Capital Estructurado I, de Larraín Vial Activos AGF, que intentó reestructurar las deudas del ex socio del grupo Patio, Antonio Jalaff.

Según la minuta, Andrea Larraín, Sebastián cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de la AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, además de Cristián Menichetti, y Luis Flores y Danuel Sauer, “intervinieron en la realización de una serie de maniobras que tuvieron por objeto la creación, estructuración y puesta en marcha del Fondo de Inversión Capital Estructurado I (en adelante “Fondo”), con el objetivo de utilizar dicho Fondo y los recursos obtenidos a través de él para, sin una adecuada valorización y mediante maniobras engañosas y fraudulentas, hacer frente a las deudas por una suma aproximada de $28.000 millones”.

El fondo tenía por objeto hacer frente a las deudas de Antonio Jalaff con entidades no bancarias, pero en muchas de esas “participaban Álvaro Jalaff y Cristián Menicheti”, así como deudas con Factop., las cuales “tenían un origen espurio, toda vez que provenían de dineros obtenidos por los socios de Factop (los imputados Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser y Rodrigo Topelberg Kleinkopf) a partir de la comisión de diversos ilícitos ya formalizados”.

La acusación plantea, respecto de la serie B, que en el marco del período de estructuración y puesta en funcionamiento del fondo, entre octubre de 2022 y mayo de 2023 los imputados acordaron acordaron que STF Capital Corredora de Bolsa actuaría como agente colocador de las cuotas Serie B del Fondo, mediante el ofrecimiento de las mismas a sus clientes de administración de cartera.

“De esta manera, los imputados ya mencionados, prepararon una serie de presentaciones que, a través de STF, se enviaron a sus inversionistas con el ofrecimiento ya señalado, el cual contenía información falsa y engañosa”, dice la minuta.

La fiscalía detalla que, en la presentación titulada “Fondo de Inversiones-LV Patio”, usaban el logo de Grupo Patio, “lo que no se ajustaba a la naturaleza ni a las características del fondo, toda vez que, si bien participaron en su estructuración, planificación y ejecución los imputados Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti, a la sazón ejecutivos y socios del citado Grupo, esto no se tradujo en forma alguna en que el mencionado Grupo tuviera participación en el fondo, ni contaba con su respaldo”.

En la presentación denominada “Presentación a Inversionistas. Serie B Fondo de Inversión Grupo Patio”, se indicaba que “ya se encontraban colocados $19.000 millones de la Serie A, lo cual era falso, ya que aún no se colocaban cuotas en esa serie”.

En tanto, en la presentación denominada “Teaser Grupo Patio 16 de noviembre”, se detallaba que respecto de la Serie A, ya se encontraban colocados US$22.000.000, “en los cuales destaca la participación de banca privada y dueños de Larraín Vial, lo cual no era efectivo pues no se habían colocado cuotas de esa serie”.

“En las mencionadas presentaciones se indicaba también que se trataba de un fondo público de deuda de Larraín Vial donde se coloca un porcentaje de la compañía, refiriéndose al Grupo Patio, equivalente a $28.000 millones, con el fin de comprar la participación de uno de los socios, lo cual no se ajustaba a la realidad”, dice el documento.

Junto con lo anterior, la Fiscalía señala que “parte importante de la información detallada en el Acuerdo Serie B no se encuentra incluida en el Reglamento Interno del Fondo, además de algunas cláusulas cuyo contenido no se ajustaba a la normativa vigente”.

Por ejemplo, no se encontraba el detalle de las deudas de Inversiones San Antonio; tampoco la declaración de Inversiones San Antonio de que tenía activos suficientes para hacer frente a sus acreencias; ni una indicación de que Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada ha asesorado a Inversiones San Antonio, “evidenciando el conflicto de interés entre la sociedad asesora del deudor y la que administra el fondo, sin mención de ello en el Reglamento Interno, pero además sin considerar que los imputados Sebastián Cereceda y Andrés Bulnes, además de ser directores de LVA AGF, trabajaban para LV Servicios Profesionales”, entre otros aspectos.

Además, la minuta apunta a una serie de maniobras “destinadas a administrar deslealmente y en perjuicio del fondo y sus aportantes tanto los recursos como las cuotas disponibles del mencionado”. Así, detalla que entre los requerimientos del directorio de la AGF para tomar el fondo, solicitó requerimientos que, finalmente, “fueron cumplidos solo formalmente, sin que sustancialmente se resguardara el interés del Fondo ni de sus aportantes”.

La fiscalía sostiene que el primer requerimiento fue un certificado de pasivos realizado por ARTL Chile Auditores, el cual fue originalmente solicitado para dar cumplimiento a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, “pero que luego, a solicitud del imputado Marcelo Medina, debió incluir las deudas con empresas relacionadas, lo que implicaba que ya no cumplía con el estándar exigido por la mencionada Ley, lo cual fue representado por dichos Auditores, quienes eliminaron la mención al cumplimiento de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento al que hacía mención el certificado”.

“De esta manera, el citado certificado no verificó la fuente de las obligaciones que reconocía, no se tuvo a la vista ningún documento legal, como letras, cheques, o facturas originales, ni siquiera respecto al principal acreedor que era Factop; pero además incrementó considerablemente el número de acreedores, permitiendo que sociedades relacionadas al deudor y a su hermano y a su socio, estuvieran en el listado de créditos elegibles para el fondo, pese al evidente conflicto de interés”.

“Como ya hemos dicho, el fondo inició sus actividades el 26 de enero de 2023, mismo día en que los aportantes llevados por STF suscribieron sus acuerdos, y mismo día en que se realizan las primeras operaciones con los recursos obtenidos por la adquisición de las cuotas Serie B, las cuales se realizan hasta el 22 de marzo de 2023″, relata la minuta.

Y a continuación, agrega que, “si bien uno de los objetos del Fondo era la adquisición de créditos que capitalizados permitieran adquirir una participación indirecta en el Grupo Patio, tal adquisición se realizó arbitrariamente y por instrucción del propio imputado Cristián Menichetti, sin que el Fondo, y la administradora responsable de él, tomasen los resguardos correspondientes”.

Según la fiscalía, 11 de los 13 créditos adquiridos mediante recursos de la Serie B “fueron créditos de acreedores que intervinieron en la estructuración y puesta en funcionamiento del Fondo (Factop, STF, Inversiones Patio, Las Vegas), quienes actuaron interesados en cubrir sus propias acreencias, sin resguardar el interés del Fondo”.

Adicionalmente, de los 13 créditos, 11 fueron reconocidos por Inversiones San Antonio el 30 de diciembre de 2022, en el marco de la estructuración del Fondo, “para así cumplir con su verdadera finalidad, y sin que dichos créditos tuviesen respaldo legal alguno, lo que tampoco fue corroborado por los directores ni por el gerente general de LarrainVial Activos AGF, pese a que los imputados Jaime Oliveira y Andrea Larraín concurrieron a las cesiones de crédito”.

“Según constató la Comisión para el Mercado Financiero, los mencionados créditos se adquirieron al precio instruido por LarrainVial Activos AGF, es decir, por el estructurador del Fondo, el cual fue determinado por un valorizador externo, en cuyos informes, no se consideró ninguna variable relevante para determinar y justificar el precio”, dice la Fiscalía.