ChileActores, el gremio que reúne a actores y actrices, presentó a fines de agosto una demanda de nulidad por simulación en el 22° Juzgado Civil de Santiago contra STF Capital Corredores de Bolsa SpA y O. Boye y Compañía, hoy en liquidación. La acción judicial busca anular un contrato que, según la acusación, tuvo como único objetivo “ocultar el patrimonio de STF y otorgarle liquidez para su defensa judicial”.

El conflicto se remonta a marzo de 2023, cuando el gremio invirtió $1.357 millones en cuotas del Fondo Capital Estructurado I, administrado por Larraín Vial Activos, con garantías de rentabilidad y liquidez ofrecidas por STF. Según lo pactado, la corredora aseguró una rentabilidad de UF reajustada, más un 10%, además de opciones de recompra que garantizarían la liquidez de la inversión. Sin embargo, ChileActores alega que STF no cumplió con estas garantías, generando una pérdida aproximada de $1.261 millones.

En el centro de la controversia está un contrato celebrado entre STF y O. Boye, mediante el cual la corredora transfirió cuotas del Fondo Capital Estructurado I y del Fondo Patio Oficinas II a esta última. Según la demanda, el acuerdo fue simulado para “extraer bienes del patrimonio de STF” en perjuicio de sus acreedores, entre ellos ChileActores.

“El Fondo Capital Estructurado I adquiriría los créditos cedidos (no más allá que aquellos que, al capitalizarlos, le permitiesen tener una participación indirecta en el Grupo Patio de un 3.87%), lo que permitía reestructurar los pasivos de San Antonio a través de la transformación de dichos pasivos en una participación indirecta del Grupo Patio”, consignó la demanda.

“Ahora bien, en lo relevante para esta solicitud, es importante destacar que la adquisición de Cuotas Serie B del Fondo Capital Estructurado I no se propuso en términos puros y simples, sino que STF ofreció condiciones que aseguraban plena rentabilidad y liquidez a la inversión”, agregó la acción judicial notificada la semana pasada.

El gremio presidido por la actriz Esperanza Silva, sostiene que “los demandados nunca tuvieron la intención de que O. Boye adquiriera la propiedad de las cuotas vendidas”, y que el contrato fue celebrado con una causa ilícita, consistente en desviar activos de STF para evitar su persecución judicial. En la querella presentada por O. Boye en junio, esta última admitió que el acuerdo fue suscrito como un “favor” para ayudar a STF a obtener liquidez.

STF Capital enfrenta serios problemas financieros y legales. En marzo de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió sus operaciones debido a irregularidades en sus transacciones. Posteriormente, varios de sus ejecutivos, incluidos Ariel y Daniel Sauer, fueron formalizados en el marco del denominado “caso Factop”, que investiga fraudes financieros.

ChileActores explica que al momento de realizar la inversión desconocía que STF y sus ejecutivos estaban siendo investigados por infracciones a la Ley de Mercado de Valores. De haberlo sabido, afirma el gremio, jamás habría aceptado la propuesta.

La entidad estima que, con las condiciones pactadas, la inversión debería haber alcanzado un valor de $1.567 millones al 31 de mayo de 2024. Sin embargo, tras las irregularidades, el valor actual de las cuotas es de solo $220 millones. “Nuestra representada jamás hubiese aceptado invertir en el Fondo Capital Estructurado I si hubiese conocido el comportamiento de STF y su situación reñida con la legalidad”, señala el texto de la demanda.

El gremio solicita que se declare nulo el contrato entre STF y O. Boye, y que las cuotas transferidas sean reintegradas al patrimonio de la corredora para que esta pueda responder ante sus acreedores. También busca que los demandados asuman las costas del juicio.

Si bien el gerente general de la corredora, Luis Flores, inicialmente minimizó la suspensión de la CMF, calificándola de “asunto menor”, tanto él como STF presentaron una autodenuncia que derivó en una multa de UF 13.500 y la cancelación de su inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.

ChileActores cuenta con la representación legal de Javier Velozo, socio de Covel Abogados.