ChileTelcos estima en hasta US$2.000 millones la inversión paralizada por demoras en trámites y permisos

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile (ChileTelcos) se encuentra preocupada por las trabas y obstáculos que entrampan el avance de iniciativas de inversión de sector.

La agrupación que reúne a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada: VTR-Claro, Entel, Movistar y Mundo, sigue con atención el avance del pacto fiscal que impulsa el ministro de Hacienda Mario Marcel. La iniciativa contiene 13 medidas proinversión que incluyen incentivos tributarios, racionalización regulatoria y de permisos, lo que se suma a un impulso por más infraestructura pública.

En conversación con Pulso, el presidente ejecutivo del gremio, Alfie Ulloa, destacó que “la burocracia es pura pérdida social, no genera ningún beneficio”. “La demora, discrecionalidad e incertidumbre es transversal en los diferentes servicios, y a nivel central o municipal. Una buena regulación, que existe y la necesitamos, puede cumplirse sin burocracia. Pero también tenemos mala regulación, de rango legal y más aún de rango administrativo”, añadió.

A su parecer, en el Congreso existe debate e interacción cuando se tramita una ley, pero eso no ocurre a nivel administrativo, que es donde mayor cantidad de regulación se crea, y donde más difícil resulta generar espacios de debate y consideración de criterios técnicos”.

“El informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) del sector de telecomunicaciones y los que ha publicado de otros sectores son muy claros: el país necesita con urgencia una revisión completa de permisos y normas, y de un mecanismo de calidad regulatoria que permita revisar lo que tenemos, y lo que se va generando”, dijo.

Según cifras del gremio, al menos un 30% de inversión del sector permanece afectada por demoras en trámites y permisos. En telecomunicaciones esto suma US$500 millones al año, pero en el ecosistema digital llegaría a US$2 mil millones anuales. Es un monto significativo, en un sector clave por su efecto multiplicador en el crecimiento y la productividad.

Consultado sobre la respuesta que ha recibido el gremio por parte de la autoridades para acelerar la tramitación de los proyectos de inversión, sostuvo: “A nivel de gabinetes hay conciencia, y se hacen esfuerzos para acelerar ciertos proyectos, pero no existe una reacción institucional que asuma la gravedad y el impacto. También es difícil para esos gabinetes hacer que los funcionarios cambien ciertas prácticas. El debate en torno al pacto fiscal es una oportunidad para relevar el tema y establecer mecanismos de calidad regulatoria. Sí es importante enfatizar que digitalizar no es la panacea, alivia la carga en ciertos procedimientos, pero digitalizar la burocracia no soluciona el problema”.

“En todos los servicios tenemos demoras. Existe dificultad para desplegar antenas, pero también redes de fibra óptica de capilaridad y troncales. En números redondos se invierte un 40% en redes móviles (aunque ha sido más en los últimos años por el despliegue de 5G), 40% en redes fijas para dar mayor capilaridad, y 20% en redes troncales. Además del tiempo de la demora, la permisología suma costos directos que hacen menos rentable la inversión. Esto es muy relevante sabiendo la enorme exigencia de inversión digital que requerimos a futuro, porque los inversionistas siempre pueden elegir otro sector u otro país” explicó.

Según el director ejecutivo de ChileTelcos, “la Ocde lleva 15 años repitiéndonos que tenemos problemas de calidad regulatoria y haciendo recomendaciones, tenemos cientos de recomendaciones que ha acumulado la CNEP, y un consenso transversal público-privado de que el sistema funciona mal. Existen modelos de calidad regulatoria en Europa, Australia, Canadá, etc., que podemos imitar. Esos son países que siguen desplegando redes, explotando minerales, considerando a sus comunidades, y cuidando el medioambiente”.

“Sería un tremendo legado del Gobierno si enfrenta este problema, que es nuestro mayor desafío de futuro. Pero es una visión extendida en el sector público que el costo regulatorio es un problema privado. Esto es un error muy grave, porque el costo regulatorio es un problema social. El Estado y las personas también se afectan, no solo las empresas”, añadió.