Entre el 13 de julio de 2022 y el 25 de agosto de 2023 un grupo de 35 médicos ya ha presentado 30 querellas en contra de Clínica Las Condes (CLC), imputando a la empresa el presunto delito de apropiación indebida. Se trata de doctores que firmaron acuerdos de prestación de servicio a través de sus sociedades. Esto, en un conflicto más que acumula la administración que encabeza el empresario Alejandro Gil Gómez, presidente de la compañía controlada por su pareja Cecilia Karlezi, a través de la sociedad Luces Tres.

El pasado viernes, el anestesista cardiovascular, Rodrigo Díaz -a través de la sociedad Servicios de Anestesia y Medicina Perioperatoria SpA-, quien trabajó para la clínica durante 21 años, presentó una acción penal de este tipo exigiendo la restitución de poco más de $100 millones. En el proceso es asesorado por la abogada Catherine Lathrop y pide el pago de honorarios de los años 2020 y 2021.

“Desde el ingreso del nuevo controlador de la clínica, los cambios empezaron a notarse negativamente de a poco, hasta llegar a firmar el primer contrato marco, con lo que se comenzó a descontar una comisión que antes no, e incluso se me descontaba el uso de horario de consultas, no obstante, los anestesistas no hacemos consulta”, consignó Díaz en su querella.

De acuerdo a su relato, en 2021 el gerente general y los controladores optaron por pagar únicamente cuando el paciente hubiese terminado de pagar, por ende, existía un desfase en los pagos por cirugías de cuatro a seis meses, lo que propició que más fácilmente se apropiaran de fondos que debían ser entregados o pagados a los médicos.

Patricio Fernández, abogado querellante que representa a 12 médicos, explicó que “hoy está a la espera del peritaje que debe entregar la Brigada del Crimen de la PDI en base a las medidas intrusivas que autorizadas. Paralelamente, la Bridec está tomando a una serie de declaraciones a testigos y a partir de eso han aparecido nuevos testigos, por lo tanto, el informe policial no ha sido concluido”, afirma.

El jurista asegura que los pacientes han pagado por las atenciones médicas, pero dichos honorarios no han sido traspasados a los médicos. En los próximos meses se espera que la Fiscalía Metropolitana Oriente reciba el informe de la PDI para tomar una decisión sobre la eventual formalización a los ejecutivos involucrados. “Nosotros nos querellamos en contra de Alejandro Gil e Ignacio Tapia, presidente y ex gerente genera de CLC, respectivamente. También estamos a la espera del peritaje contable que determinará el monto final de lo apropiado”, añadió.

Pero no todos los médicos han exigido el pago de sus remuneraciones en el ámbito penal. Otros han optado por sede civil: es el caso de Sociedad Médica LA Limitada, la que inició un juicio sumario sobre cobro de honorarios en el 4° Juzgado Civil de Santiago.

Frente a la arremetida judicial, CLC ha solicitado en el juzgado civil que el tribunal declare su incompetencia, pues el conflicto debe resolverse a través de un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), sostiene. Ello en línea con lo establecido en el contrato marco que fijo las bases de la relación con dicha sociedad.

Hoy la defensa de CLC lleva adelante un proceso de analisis sustantivo con las transferencias efectuadas. Esto a fin de probar que incluso hubo casos de sociedaes médicas que recibieron más del dinero que correspondía en el pago de honorarios.

Asimismo, ha sostenido en sus litigios que tuvo que poner un bono en el extranjero para pagar a los doctores bajo el sistema antiguo de remueraciones.

En medio de la batalla con sus ex médicos, Clínica Las Condes cambió de abogados. Puso término a su relación con el penalista Marcelo Sanfeliú y en su lugar asumieron Álvaro Jofré, Sebastián Oddó y Martín Coronado.

A cargo de la indagatoria permanece la fiscal Karin Naranjo, quien recientemente presentó un escrito ante el 1º juzgado civil de Santiago, solicitando copia del expediente del juicio entre Clínica Las Condes y el Fisco de Chile. Esto en el marco de la demanda de indemnización de perjuicios que presentó la empresa, exigiendo la restitución de $37 mil millones por la atención de pacientes COVID durante la pandemia.

Bajo esa lógica, a inicios de año, los abogados de la clínica Álvaro Jofré y Josefa Bejarano solicitaron a la fiscal Naranjo citar a declarar al contador de CLC, Gustavo Delgado, quien fue ofrecido para referirse a las negociaciones existentes con el doctor Joaquín Lara, uno de los primeros en demandar y quien es representado por el abogado Patricio Fernández, sobre una “deuda que el querellante de autos mantiene con nuestra representada”.

Por otro lado, la fiscal Naranjo el 31 de marzo de este año impartió una orden de investigar al jefe de Cibercrimen de la PDI para diligencias tendientes a identificar el usuario de la cuenta de X (Twitter) @CLC_Miente y realizar un respaldo de su contenido. Posteriormente, la cuenta fue desactivada.

Asimismo, la persecutora ofició en igual fecha a CLC para que remita voluntariamente la documentación financiera y contable correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023.