El 4º Juzgado de Garantía de Santiago certificó que el presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, no está sujeto a medidas cautelares que le impidan viajar mañana sábado a Miami, Estados Unidos, y volver a Chile el 29 de julio. El empresario, que será formalizado el próximo 6 de agosto por el presunto delito de apropiación indebida, solicitó el pronunciamiento del tribunal para blindar su viaje.

“Certifico: Que en la presente causa, seguida en este Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, según da cuenta la revisión del sistema informático SIAGJ, no existe constancia de que el querellado Alejandro Alfonso Gil Gómez (...), se encuentre sujeto a medidas cautelares decretadas por este tribunal en la presente causa”, indicó la resolución de este jueves de la jefa de la unidad administración de causas, Karen Viera.

A través de un escrito, el abogado de Gil, Álvaro Jofré, informó del viaje programado de su cliente a la fiscal a cargo de la investigación Karin Naranjo, y que su retorno se concretará “antes de la audiencia de formalización fijada”. Es un “viaje de carácter familiar que tenían programado con anterioridad”, explicó en su presentación.

Alejandro Gil será formalizado el próximo 6 de agosto, a las 11 horas, en la sala 903 del Centro de Justicia, por apropiación indebida en grado de autor, por hechos ocurridos entre los años 2021 y 2024.

El empresario enfrenta más de 30 querellas de exmédicos cuyas sociedades mantenían contratos con CLC y los montos por pago de honorarios adeudados son cuantiosos. El abogado Patricio Fernández representa a 14 de ellos, a los que la clínica adeuda más de $1.500 millones.

Por otro lado, el próximo lunes expira el plazo para que el empresario presente una recurso ante la Corte de Apelaciones para revocar la resolución del 4º Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó su formalización.

Según un escrito del abogado Jofré, “el perjuicio que sufre mi representado hoy es consecuencia de los dos años que ha vivido en calidad de imputado; siendo arrastrado por esta formalización -eventualmente- dos más a una investigación que daña su honra e integridad psíquica”. Entre otras cosas, la defensa de Gil sostiene que ni la CLC ni su representado fueron notificados correctamente de un oficio de la Fiscalía, lo que llevó a una serie de correos electrónicos confusos y versiones contradictorias del mismo documento. Con ello alude al Oficio N° 49 de la Fiscalía, que solicitaba a CLC que remitiera toda la información relativa al listado de pacientes atendidos en el recinto médico, incluyendo comprobantes y costos de los procedimientos realizados por los médicos querellantes, correspondientes al periodo de enero de 2020 a diciembre de 2022.

Además, en el marco de la disputa que mantiene Alejandro Gil con el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, el pasado 11 de junio su defensa presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción fue declarada inadmisible. El recurso se basó en una presunta vulneración de la libertad personal del empresario. A cargo de esta indagatoria está la fiscal Naranjo, la misma que investiga las querellas de los médicos.

La acción en el tribunal de alzada se origina luego que el 14 de mayo de 2024 el 4° Juzgado de Garantía de Santiago anulara una audiencia de formalización de Gil por el presunto delito de querella calumniosa, programada para el 12 de junio.

A pesar de esto, Carabineros igualmente lo notificó sobre esta audiencia, lo que según su defensa amenazaba su libertad personal.

La Corte determinó que los hechos denunciados no correspondían a los que deben ser tratados mediante esta acción constitucional, ya que están bajo la jurisdicción del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Además, enfatizó que el recurso de amparo no debe ser utilizado para revisar las decisiones de otros tribunales.

En este mismo proceso, el 4° Juzgado de Garantía fijó para el próximo 9 de agosto a las 12:00 horas la audienica del “sobreseimiento definitivo” del exgerente general de CLC, Jerónimo García, quien también había sido querellado por Jacial.

El conflicto comenzó cuando el 17 de mayo de 2021, cuando Gil, en calidad de presidente, y Jerónimo García, como gerente general en ese momento, presentaron una querella en contra de Fredy Jacial por un supuesto delito de administración desleal. En líneas generales, se le acusaba de admitir un número significativo de pacientes Covid por sobre el límite impuesto por el gobierno, lo que habría generado un perjuicio económico a la clínica de unos $ 8.598 millones.

El 20 de septiembre de 2022, el exgerente general fue sobreseído. Y el tribunal condenó a CLC a pagar las costas del proceso. Además, en enero se sancionó a la clínica con el pago de 199 UF en favor de Jacial. El fallo aseguró que CLC “no tuvo razón para interponer una querella por los hechos que describió en su libelo”.