El pasado martes, Clínica Las Condes reportó sus resultados del seguro trimestre de 2021 ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En su reporte, el recinto medico presidido por Alejandro Gil Gómez no sólo dio cuenta de utilidades al cierre del primer semestre por $1.771 millones, sino que también los pormenores de un reciente conflicto con la Junta Nacional de Bomberos.

El conflicto comenzó cuando el 15 de marzo de 2021, la agrupación de beneficencia presentó una medida prejudicial ante el 3º Juzgado Civil de Santiago para obligar a Clínica Las Condes a presentar una serie de documentos financieros. ¿La razón? Para bomberos, la compañía no habría entregado la totalidad de los dividendos no cobrados durante los últimos cinco años.

Se trata de un conflicto más para la sociedad que no solo se enfrenta a sus ex ejecutivos en tribunales, sino que también ha presentado acciones legales en contra de medios de comunicación y anunció una arremetida en contra del Estado por las atenciones médicas no pagadas durante la pandemia. A modo de ejemplo, la administración que dirige Alejandro Gil desde la presidencia del directorio, presentó una querella en contra de su exgerente general, Fredy Jacial, por el delito de “administración desleal”, lo que -según la clínica- le provocó un perjuicio de $ 8.500 millones.

En su informe financiero, CLC explicó que “en forma paralela a las negociaciones, la compañía ha optado por iniciar las gestiones necesarias para realizar un pago por consignación en los términos previstos en los artículos 1598 y siguientes del Código Civil, lo que implica hacer una oferta de pago a la Junta Nacional de Bomberos de Chile y, en caso de rechazo o no ser habido el representante del acreedor, realizar la consignación ante la Tesorería General de la República. Finalmente, y una vez consignados los fondos en la Tesorería General de la República, notificar dicha consignación vía judicial para que se declare como suficiente el pago realizado por consignación”.

“La oferta de pago asciende a un total de $108.008.807, la cua incluye intereses y reajustes, por concepto de dividendos no reclamados por los accionistas de CLC, dentro del plazo de cinco años desde que se hicieron exigibles”, señaló CLC.

“El pago por consignación no impide la realización de la audiencia de exhibición documental fijada por el Tribunal para el día 17 de agosto de 2021, por lo que ésta tendrá lugar en la referida fecha, salvo que las partes logren un acuerdo o de mutuo acuerdo pidan otra prórroga”, concluyó.

En la medida prejudicial, la Junta Nacional de Bomberos de Chile anunció que pretende entablar una acción de cobro de dividendos adeudados, y Clínica Las Condes sostuvo en su reporte financiero que “estimamos que en caso de fracasar las negociaciones con los Bomberos de Chile éstos iniciarán un juicio para cobrar los dividendos. Producto de lo anterior es que se iniciarán las gestiones de pago por consignación, para efectos de lograr obtener una excepción de pago antes de iniciarse el juicio de cobro”.

Desde Bomberos son cautelosos con el anuncio de CLC y explicaron que no han aceptado la oferta aún, porque desean conocer primeros los documentos solicitados en la audiencia fijada para el día 17 de agosto de 2021. Posteriormente, a la reunión responderán si acogen o rechazan la propuesta planteada por la clínica.

El presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos explicó que “ese es un ofrecimiento que no finiquita sus obligaciones para con el cumplimiento de la Ley ni menos para Bomberos de Chile, sino más bien para solucionar un trámite judicial que enfrentar la clínica y que le otorga mas tiempo para efectuar una adecuada liquidación de lo adeudado por estos conceptos”.

El mandamás de la institución sostuvo que los fondos de dividendos no cobrados corresponden a cerca de $5.000 millones anuales y permiten el financiamiento de reparaciones urgentes e insumos. “Es una fuente de sustento no fiscal que ha resultado clave para ir en ayuda de 313 cuerpos de bomberos del país”, explicó Bustos.

“El año pasado nos ingresaron $6.200 millones por este concepto y fue un buen año. Nosotros tenemos un presupuesto fiscal cercano a los $45.000 millones, más lo que dan los gobiernos regionales. En total, el presupuesto puede llegar hasta $70.000 millones y estos fondos de la Ley de Sociedades Anónimas le agregan $5.000 millones más”, remató.

Asimismo, destacó la relevancia de la Ley N°18.046 Sobre Sociedades Anónimas que establece diversas fórmulas de financiamiento para los Cuerpos de Bomberos de Chile, que apuntan al cumplimiento del servicio de utilidad pública que presta esta entidad al salvar vidas y bienes de todos los habitantes del país.

La ley establece que tanto los dividendos como los demás beneficios en efectivo no reclamados por los accionistas, dentro del plazo de cinco años desde que se hicieron exigibles, pasan a pertenecer a Bomberos de Chile, incluyéndose los reajustes e intereses dispuestos en el artículo, los que se cuentan desde que el dividendo se hizo exigible, hasta la fecha de su pago efectivo.

En su medida prejudicial, la institución sostuvo que gran parte de las sociedades anónimas cumplen con sus obligaciones legales establecidas en la Ley N°18.046 para con la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, “sin embargo, existen sociedades como la demandada que se rehúsan a cumplir con estas normas y más aún, a pesar de haber sido requeridas, no han cumplido con la entrega de valores ni entregado la información necesaria para determinar la totalidad de los valores pendientes de pago por la sociedad”.

La última vez que Bomberos acudió a tribunales para exigir mayor transparencia a una sociedad anónima en la entrega de los dividendos no cobrados, ocurrió el 19 de febrero de 2020 y fue a Somela S.A. Sin embargo, con dicha sociedad, la insitución avanza en alcanzar un acuerdo por los dineros adeudados.