Un nuevo conflicto enfrenta la Clínica Las Condes (CLC) con parte de su cuerpo médico. Ahora fue el turno de los anestesiólogos, pues cinco de estos especialistas terminaron su relación con el centro hospitalario por un problema que surgió a raíz de atenciones que, acusan, estaban impagas.

La mayoría de los anestesistas que trabaja en la clínica, 18 exactamente, forman parte de la sociedad Servicios de Anestesiología Limitada (SAL), que era la que intermediaba la relación contractual. Esta sociedad contaba con dos acuerdos históricos con CLC: un contrato marco que regulaba las atenciones normales que realizan estos médicos, y hace dos décadas se añadió otro contrato que normaba las atenciones en salas de recuperación, llamado “Residencia Presencial en los Servicios de Recuperación”, que garantizaba la presencia inmediata de un especialista en esos sitios en caso de necesidad.

Pero pese a que este último servicio estaba regulado bajo contrato, a contar del 2021, dos años después de que el Grupo Auguri tomara el mando de la clínica, que no se remunera, acusan los facultativos, quienes reclaman que desde esa fecha han continuado realizando esa labor, pero a su costo.

Por eso es que a inicios de junio, cinco médicos socios de SAL, los anestesiólogos Ramón Coloma, Silvana Cavallieri, Gonzalo Andrighetti, Rodrigo Rivas y Gianpaolo Volpato, firmaron una carta en nombre de toda la sociedad en la cual daban cuenta de que a partir del 30 de junio de 2024 dejarían de realizar estas atenciones en salas de recuperación, pero que estarían disponibles ante eventuales emergencias. En todo caso, las prestaciones normales bajo el contrato marco seguirían realizándose.

La clínica contestó el 6 de junio objetando esta acción de los facultativos. Y los cinco firmantes respondieron el 14 de junio ratificando la decisión de que “Servicios de Anestesiología en la modalidad de cobertura en las salas de recuperación presencial, continuará sólo hasta el día 30 de junio de 2024, pese a no haber recibido durante los últimos años pago alguno a este respecto y (...) pese a existir un claro acuerdo comercial de pago por estos servicios que se han entregado de forma ininterrumpida (...) habiendo sido de carga de nuestra representada el tener que asumir los costos del mismo sin contraprestación alguna”, dijeron en su carta respuesta.

En la misiva, reclaman que el centro de salud privado no reconoció la existencia del contrato que regulaba este servicio adicional al acuerdo marco.

Y al final, los médicos ofrecen una vía de salida planteando que “con el objeto de recomponer la relación comercial entre nuestra representada y la clínica” podrían continuar prestando tales tareas, si la empresa hiciera un abono de un 20% de la deuda de arrastre que tiene con la sociedad médica, que llega a $6.600 millones, por más de 27 mil prestaciones realizadas desde el año 2021 a la fecha.

La clínica optó, entonces, por terminar la relación contractual que tenía como acuerdo marco, al menos con los cinco firmantes.

“A los cinco que firmamos la carta nos desvincularon con fecha 15 de julio, pero ayer (17 de junio) se envió un aviso interno de que nos debían sacar de las plataformas, lo que significa que no podemos atender a los pacientes que teníamos agendados en los días siguientes como anestesiólogos”, explicó la doctora Silvana Cavallieri.

“Al llegar a la clínica esta semana para atender a nuestros pacientes que estaban programados, nos fue imposible ingresar porque nuestras tarjetas y acceso a las fichas clínicas estaban bloqueados, generando los inconvenientes obvios en la atención de esos pacientes y riesgos eventuales para ellos”, comenta otro firmante, el doctor Ramón Coloma.

De hecho, el aviso interno es perentorio: “Favor eliminar accesos a todas las plataformas desde ahora”. Y a continuación, se informa sobre el “egreso” de los médicos fechado el 14 de junio pasado, el día en que habían enviado su segunda carta.

Durante el fin de semana, la sociedad de anestesiólogos había publicado una inserción en el diario El Mercurio en la que explicaba en parte el conflicto. “Lamentablemente, desde el año 2021, Clínica Las Condes ha incumplido sus obligaciones contractuales, lo que ha obligado a nuestros profesionales a asumir los costos de la prestación de (estos) servicios. A pesar de múltiples intentos por resolver esta situación, no hemos recibido una respuesta formal y seria por parte de la gerencia general”, dicen en la publicación. Sin embargo, no daban cuenta de la decisión de la clínica de desvincularlos.

Al día siguiente, de hecho, la clínica publicó un comunicado en su página web donde señalaba que “CLC contempla un amplio cuerpo de anestesiólogos, quienes aseguran la debida atención en pabellones quirúrgicos, salas de recuperación y todos los requerimientos médicos”.

Fuentes de la clínica aseguraron que cuentan con 27 anestesistas y que el lunes se contrataron otros seis, por lo tanto tendrían garantizada la atención de sus pacientes.

Sin embargo, entre esos 27 con que dice contar la clínica, hay alrededor de 13 que pertenecen a la sociedad Servicios de Anestesiología Limitada y que no firmaron la carta. Pero los cinco firmantes desvinculados representaban, según comentaron, a todos los socios de la firma, por lo que es posible que otros colegas, entre 15 y 20, calculan, también terminen su relación contractual.

“Se podría generar un cuello de botella en las intervenciones quirúrgicas, salvo que consigan gente. Es difícil que la clínica vaya a conseguir 15 anestesiólogos para dar esa cobertura, sobre todo por la actual situación de la clínica, en la que no se les está pagando lo que les corresponde al trabajo realizado a los médicos que en ella trabajan. Ningún anestesiólogo serio se va a prestar para esta chacota, porque la administración de la clínica está absolutamente desprestigiada”, afirma Coloma.

La tensión entre el cuerpo médico y la administración de la clínica viene desde que el control de la compañía lo tomó en 2019 el Grupo Auguri, de la también accionista de Falabella Cecilia Karlezi. Su pareja, Alejandro Gil, asumió la presidencia del directorio, desde el cual ha impulsado cambios a las condiciones contractuales con los facultativos. Esta polémica permanente ha provocado la salida de alrededor de 300 médicos de la clínica, muchos de ellos considerados emblemáticos.

Este conflicto, que ha repercutido en la demanda de atenciones en la clínica, la que ha caído sustantivamente en los últimos años, se ha reavivado cada cierto tiempo, cuando se produce la salida de algunos profesionales. Incluso, en la pasada junta de accionistas de abril, el exmédico y accionista de la clínica Herbert Spencer advirtió respecto a una supuesta deuda de la clínica de $20 mil millones en honorarios médicos. El gerente general, Pablo Ortiz, le respondió señalando que la administración aplicaba un modelo que se ha visto afectado por la forma de financiamiento y pago que tienen las aseguradoras de salud, como isapres y Fonasa, en que la clínica hace de recaudador, y donde una vez que se recauda el pago, se realiza la liquidación al doctor. Comentó que en esos días se había pedido revisión de cuentas de varios médicos y que se habían pedido auditorías para ello. Las cifras de cobranza con las isapres, agregó, superaba los $22 mil millones mensuales.