Clínicas presionan para que Fonasa acelere el pago de millonarias deudas

Prestaciones por cerca de $ 850 mil millones tenían pendientes de pago las isapres y Fonasa con las clínicas a noviembre de 2022, según comunicó en diciembre el presidente de Clínicas de Chile A.G., Gonzalo Grebe. Eso, entre la deuda facturada y prestaciones realizadas pero pendientes de facturación, donde de este total, unos $300 mil millones son deudas del sistema público, monto que se hasta esa fecha se había mantenido relativamente estable desde junio.

El gerente comercial de Clínica Indisa, Claudio García, comenta que “Fonasa adeuda a la fecha $17.500 millones a Clínica Indisa, de los cuales: $8.500 millones son rebases de la Ley de Urgencia que aún no se han cancelado; $4.500 millones pendientes de pagar por leyes de urgencia que están para ser liquidadas; $1.800 millones en GRD y un saldo en otros convenios”.

García agrega que “desde Clínica Indisa hemos tenido conversaciones directas con Fonasa, entidad con la cual mantenemos muy buenas relaciones, en parte porque siempre han respondido. Sin embargo, el problema se genera debido a que aún está pendiente la revisión de los Servicios de Salud de los rebases y por falta de presupuesto para estos efectos, en caso de que asuman estos pagos pendientes”.

Al ver el caso a caso de algunos prestadores, se registra un alza año contra año de la deuda que mantiene Fonasa, por lo que han iniciado acciones para presionar al servicio público a pagar la deuda.

Fuentes conocedoras señalan que al cierre del año pasado los Servicios de Salud aceleraron algunos pagos a las clínicas. Además, destacan que desde enero ya no serían los Servicios de Salud los que tendrían que hacerse cargo de algunos de esos pagos, sino que ahora todo se centralizará en Fonasa, por lo que desde el gobierno confían en que eso resuelva el problema.

No obstante, desde algunas clínicas no están tan seguros de que eso vaya a resolver del todo el asunto, por lo que han tomado cartas al respecto. Ejemplo de ello son las misivas que enviaron el pasado 20 de enero el gerente general de Clínica Dávila, José Ignacio Valenzuela; y el gerente general de Clínica Vespucio, Cristián García; a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

En ambas cartas de las clínicas controladas por Empresas Banmédica, y que fueron enviadas con copia a una serie de autoridades (la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el director de Fonasa, Camilo Cid; y el superintendente de Salud, Víctor Torres), se hace referencia a las deudas que mantenía Fonasa al cierre de 2022 con ambas, la cual ascendía a $35.272 millones en el caso de Clínica Dávila, y a $22.965 millones por el lado de Clínica Vespucio.

En el caso de la primera esto significa un alza de 45% versus diciembre de 2021, y un incremento de 53,8% en la segunda en igual periodo. Es más, el monto adeudado por Fonasa a diciembre de 2022 con ambas clínicas más que duplica la deuda que se registraba al cierre de 2019. Y también es más alto lo que les debe el servicio público que las isapres.

“Pese al considerable nivel de deuda descrito, en entrevista a radio Duna, como asimismo en otros foros, el pasado martes 10 de enero, usted señaló que desde el Ejecutivo han puesto celeridad en las transferencias desde Fonasa hacia las clínicas privadas, por servicios relacionados con la modalidad libre elección, la ley de Urgencias, y la derivación al segundo prestador. Indicó asimismo que están ´tratando de acelerar esos pagos de manera de que las clínicas también mantengan un estado de liquidez y contribuyan con una mayor estabilidad de todo el sistema privado”, dicen las cartas.

En esa línea, agregan que “conforme a lo expuesto en esa entrevista, le agradeceremos indicar la manera en que nuestra clínica puede beneficiarse de los pagos que, según indica, el gobierno se encuentra acelerando, y solicitamos que, por su intermedio, se realicen las gestiones del caso a fin de que los montos adeudados a mi representada puedan ser facturados y pagados en el más breve plazo”.

Las misivas también recuerdan el alza que registró la deuda de Fonasa con cada una en 2022, “lo que causa un grave perjuicio patrimonial”, y lo que “mi representada ya ha manifestado en cartas enviadas a Fonasa con anterioridad”.

Adicionalmente, alertan que “la situación descrita puede volverse incluso más crítica en caso de agravamiento de la situación financiera de las isapres, a raíz del reciente fallo dictado por la Corte Suprema en materia de tabla de factores”.

Y advierten que “en caso de no obtener una respuesta favorable de su parte y el pago efectivo de lo adeudado en el corto plazo, nos veremos en la necesidad de iniciar acciones judiciales destinadas al cobro de los montos antes indicados y solicitar la indemnización de los perjuicios causados, además de evaluar otras medidas que puedan ser pertinentes para reducir los daños de diversa naturaleza ocasionados a nuestra clínica”.

Por otro lado, en Clínicas Las Condes también han tomado medidas. Según su análisis razonado de la compañía al cierre de septiembre de 2022, “las cuentas por cobrar correspondientes a Fonasa, si bien teóricamente presentan un riesgo de crédito bajo, por constituir una entidad proveedora de seguridad social financiada por aportes directos del Estado, hasta la fecha Fonasa se ha resistido a cumplir con su obligación de pago, por lo que el directorio de la sociedad ha adoptado medidas que se han informado oportunamente como hecho esencial y como información relevante para el mercado, todo ello en resguardo del interés social”.

Y agregaba que “en lo que se refiere a las cuentas por cobrar relacionadas al Covid, con fecha 29 de junio de 2021, ante el 1º Juzgado Civil de Santiago, Clínica Las Condes S.A. presentó demanda de indemnización de perjuicios y, subsidiariamente, acciones de cumplimiento forzado e indemnización de perjuicios, así como acción de reembolso, con fundamento legal en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.415 sobre Estados de Excepción Constitucional. Lo anterior, fundada en los perjuicios que se le causaron y que se le continúan irrogando a la Clínica producto de las medidas gubernamentales adoptadas por el Fisco de Chile en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública a consecuencia del Covid-19″.