La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó a finales de abril Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por una presunta colusión entre Indura y Linde en el mercado de gases industriales. La FNE solicitó al TDLC aplicar a Indura -controlada por la estadounidense Air Products- una multa de US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) y eximir de sanción a Linde, quien se acogió a la figura de delación compensada.

En el frente judicial, Indura atraviesa por un difícil escenario, porque debe convencer al tribunal que no ejecutó un acuerdo con su competidora para la fijación de precios en medio de la pandemia. Esto, a pesar de los intercambios de WhatsApp y las reuniones que sostuvieron los gerentes generales de ambas empresas. Pero la firma también enfrenta una compleja situación económica.

En medio de la indagatoria por colusión y cuatro meses antes de que ingresara la FNE el requerimiento al TDLC, el 6 de diciembre de 2023, Indura presentó un escrito al 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en el que contestó la demanda de dos extrabajadores despedidos el 5 de octubre, y que se desempeñaban como técnicos especialistas en instrumentación y control.

En el documento, Indura adjuntó las cartas de despido de ambos y en ellas explicó que “la empresa está inmersa en una economía que se ha venido ralentizando y, por tanto, se hace necesario realizar adecuaciones para mejorar su desempeño”.

“Nuestra compañía se ha visto en la necesidad de adoptar una serie de medidas de racionalización, las cuales tienen por objeto adecuar la estructura y operación de la empresa a la actual contingencia, para enfrentar los efectos económicos en su gestión. Entre las medidas que se implementaron durante el año fiscal 2023 y durante este nuevo año fiscal, que afectaron a distintas áreas de la empresa tanto operativas como funcionales y tanto locales como regionales como, por ejemplo, en la Gerencia Comercial, Gerencia Marketing, Gerencia SHEQ, Gerencia Zonal de Negocios RM y ahora Gerencia de Operaciones, entre otras, se ha ejecutado una completa reestructuración para adecuar a la organización a las nuevas necesidades del negocio y la realidad económica antes descrita”, explicó.

En el mismo escrito, Indura destacó que eliminó el cargo de los demandantes que formaban parte de las funciones de la Gerencia de Operaciones. En la contestación, patrocinada por el abogado Mauricio Correa -socio de Ihnen & Correa-, sostuvo también que desde principios de octubre de 2022 la empresa inició un procedimiento de reestructuración.

“Como vemos, y por causas completamente ajenas a su voluntad, es inviable para el empleador mantener la misma estructura organizacional y la misma cantidad de personal con la que contaba hasta antes de los hechos descritos, toda vez que al reducirse sus utilidades y patrimonio, no posee los recursos económicos para sobrellevar las difíciles condiciones económicas actuales sin que implique necesariamente el mantenimiento de gastos de la empresa, una situación de desestabilidad e inviabilidad que pudiese implicar el término del giro, afectando en consecuencia a muchos más puestos de trabajo”, concluyó.

Las empresas requeridas Linde Chile e Indura cuentan con la representación legal de Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías. y Claudio Lizana, socio de Estudio Lizana, respectivamente.

Para fundar su requerimiento, la FNE detalló las internaciones telefónicas de Marcelo Torres, exgerente general de Indura, y Sergio Novelli, exgerente general de Linde y David Lori exejecutivo de desarrollo industrial de Linde. Estos dos últimos fueron despedidos de la empresa, a diferencia del primero.

Marcelo Torres Bruce es chileno e ingresó a trabajar en Indura en 1997. Es ingeniero civil industrial de la PUC con un MBA en la UAI y hoy ya no forma parte de la compañía. En 1999 pasa a ser gerente de desarrollo de negocios corporativo y luego su carrera sólo conoció de ascensos.

Sin embargo, a partir de diciembre pasado no es gerente general y su salida está vinculada a una restructuración de la organización a nivel sudamericano, pero no fue despedido.

Hoy el ejecutivo cuenta con la asesoría legal de Javier Velozo, socio de Contreras & Velozo. La FNE solicitó que sea sancionado con una multa de US$ 114.392 ($109 millones).

En febrero pasado, Indura interpuso una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables por el robo de los computadores de un grupo de ejecutivos desde las oficinas centrales de la compañía en Apoquindo. Entre los afectados estaba justamente Marcelo Torres.

El segundo protagonista es el brasileño Sergio Novelli, ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Petrópolis y cuenta con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Según su perfil de LinkedIn, entre marzo de 2019 y marzo de 2022 se desempeñó como gerente general de Linde Chile. Hace dos años y tres meses ofrece sus servicios como consejero independiente. En su perfil de LinkedIn explica que cuenta con “más de 35 años de experiencia en transnacionales, llegando a tener más de 1.500 personas a su cargo con resultados anuales por encima de los US$150 millones”.

El tercer ejecutivo mencionado por la FNE es el argentino David Livio Lori, ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. y se desempeñó como gerente nacional de ventas en el Grupo Linde.

El ejecutivo transandino es fanático de los automóviles y suele jugar golf en Buzios, Brasil. Según la revisión realizada por Pulso La Tercera, Lori parece mencionado en los Panamá Papers. Esto, luego de las filtraciones ocurridas a la oficina de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Aquí figura como propietario de la sociedad Lubbock Limited con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. En Chile la sociedad cuenta con un departamento en calle El Dante, comuna de Las Condes.

Sin embargo, Linde Chile explicó que ambos ejecutivos, Novelli y Lori, fueron suspendidos a partir del 26 de enero de 2021 y desvinculados en diciembre de 2021.