Comisionadas expertas de Chile Vamos fijan postura sobre norma aprobada que exime del pago de contribuciones a primera vivienda

Fue una de las enmiendas constitucionales más debatidas y resistidas por economistas y expertos tributarios: la eliminación del pago del impuesto territorial a las primeras viviendas que propuso el Partido Republicano. Y si bien hasta último momento el resultado estuvo incierto, finalmente este jueves la norma pasó la valla del pleno de Consejo Constitucional.

Así, por 30 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, el artículo que elimina el pago de contribuciones a la vivienda principal fue aprobado y quedó despachado por el Consejo Constitucional. La norma quedó acompañada del transitorio que pidió Chile Vamos. Esa regulación permite amortiguar los efectos de terminar con las contribuciones estableciendo una gradualidad para que la cláusula entre en vigencia, lo deja en manos del legislador, le entrega un plazo al Ejecutivo para tramitar esta normativa, exige que la ley cree un fondo de reemplazo para no desfinanciar el Fondo Común Municipal y deja fuera los altos patrimonios.

Pero pese a que se aprobó en esta instancia, todavía queda camino por recorrer. Lo primero es la revisión que tiene que hacer el Comité de Expertos nominado por los partidos políticos. Esta órgano puede hacer observaciones que luego tienen que ser aprobadas por 3/5 de los consejeros. De no ser así, las discrepancias se terminarán resolviendo en una comisión mixta conformada por comisionados y por consejeros.

Como anticipo a este debate, dos expertas representes de Chile Vamos fijan sus posturas sobre cuáles serán sus observaciones en relación al tema.

Una de ellas es Katherine Martorell, -abogada y exsubsecretaria de Prevención del Delito del segundo gobierno de Sebastián Piñera- quien representa en la comisión a RN. De partida señala que al interior del partido no hay una “postura única, porque dio libertad de acción y eso quedó demostrado ayer (el jueves), porque no todos los consejeros de RN votaron a favor de esa norma”.

No obstante, para ella con esta norma “se está regulando una materia que no es constitucional, y en esa perspectiva me complica mucho desde la mirada técnica”.

Si bien dice que se puede entender que con esta medida se busque un objetivo como es el apoyar a la clase media, en los hechos eso no es así, ya que tal como está la norma, “afecta al 70% de los municipios más pobres del país, en políticas públicas, políticas sociales. Entonces, me parece que no es una buena propuesta”.

Por esta razón Martorell afirma que “revisará la norma con mucho cuidado, buscando que efectivamente se adopten las mejores medidas desde la perspectiva de la técnica jurídica y también como pacto político que es la Constitución, y que se establezcan medidas que no generen expectativas que luego no se puedan cumplir”.

En tanto, Bettina Horst, -economista y directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo-que es representante de la UDI en el comité de experto, no adelanta cuál será su recomendación cuando deba analizar el texto. “Creo que respecto a esta norma hay distintas miradas que se van instalando y que son complementarias, porque si bien desde el punto de vista de contenidos constitucionales surge la duda de hasta qué punto se pueden llevar detalles a la Constitución, sin duda la discusión en materia de contribuciones es una de ellas que resulta debatible”.

Sin embargo, añade que “también hay otras normas, tanto en la Constitución vigente como en la que se está redactando, que tampoco debieran ser materias constitucionales. Esa línea roja no es tan clara”.

En cuanto al tema propiamente tal, y por qué surge la inquietud de dejar exenta del pago de impuestos a la primera vivienda, Horst dice que “es porque en Chile las contribuciones son un impuesto patrimonial, y los impuestos patrimoniales tienen la principal debilidad de que el pago de impuestos no está asociado a la capacidad de la generación de ingresos de las familias en un determinado período, sino que tiene que ver con situaciones pasadas o con los cambios de los planos reguladores que hacen que los avalúos suban en forma importante y que las familias que no se ven enriquecidas, si su vivienda sube de valor, puede terminar perdiéndola a manos del fisco por no poder pagar las contribuciones”.

Para Horst, “lo que uno debiera hacer en materia de políticas públicas es que el pago de contribuciones no sea un impuesto patrimonial, porque en la medida que no lo sea, no se pone en peligro perder la vivienda por no pago de este impuesto”.

La economista sostiene que si bien “esto está acotado, porque un porcentaje importante de viviendas están exentas, uno ve en sectores medios y medios bajos, donde hay cambios importantes del plan regulador, ya sea por la llegada del Metro o mejoras de infraestructura, que implican aumentos considerables de avalúos fiscales que no tienen que ver con los ingresos de las personas. Esa es una situación sobre la que hay que preocuparse, sobre todo si se está avanzando en una Constitución que está consagrando el derecho la vivienda”.