¿Cómo apoyar a los hogares frente al alza de precios de los combustibles?

Dado al importante rol de Rusia y Ucrania en los mercados de materias primas, la guerra entre ambos países está generando un alza significativa en los precios de diversos productos básicos, incluyendo metales industriales, cereales y combustibles. Chile importa la mayor parte de los combustibles que consume, lo que nos hace altamente vulnerables a las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo y sus derivados. Adicionalmente, a nivel global, este shock está generando presión sobre los gobiernos para tomar medidas que permitan atenuar el impacto de las alzas de precios, especialmente sobre los hogares de menores ingresos.

En Chile existe el Mepco, un mecanismo que ha funcionado de forma adecuada para retardar el traspaso de las alzas de precios internacionales sobre la gasolina y el diésel. La inyección de nuevos recursos a este sistema recientemente aprobada por el Congreso permitirá que este siga cumpliendo su rol, condicional a lo que ocurra con el precio del petróleo y el tipo de cambio en los próximos meses. Sin embargo, los hogares están desprotegidos en este escenario para enfrentar las alzas de precios que también están ocurriendo en el caso de la parafina y el gas. Las autoridades están conscientes de este tema y, según ha trascendido, se inclinarían por fortalecer un fondo existente para la parafina y aumentar la competencia en el caso del gas.

En relación con la primera propuesta, en 1991 se creó en nuestro país el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP) que incluía a las gasolinas, pero también a la parafina y el gas licuado, sin embargo, uno de los problemas de este fondo fue su sesgo a ser un subsidio permanente. Las modificaciones realizadas al mecanismo en 2005, 2010 y 2014, dejaron fuera al gas licuado en una primera instancia y luego a la parafina. Esta última, sin embargo, siguió cubierta por el FEPP original, bajo el argumento de que era utilizada por los hogares más vulnerables. Este argumento es discutible hoy en día, toda vez que ambos productos satisfacen necesidades esenciales como la cocción de los alimentos y la calefacción y, sobre todo, porque en los sectores D y E, es decir en la población más vulnerable, el uso del gas licuado en cilindros supera al uso de parafina para calefacción.

En cuanto a la segunda iniciativa, cabe señalar que una mayor competencia en el mercado del gas, como en cualquier mercado, ayuda a mejorar las condiciones de precio y calidad del servicio que reciben los consumidores. Sin embargo, siendo una condición necesaria, no es suficiente para reducir los precios en el corto plazo, debido a que el alza que estamos viendo responde esencialmente al cambio en las condiciones internacionales debido a los efectos de la guerra en Ucrania.

Otras propuestas que han surgido en este debate son la reducción diferenciada del IVA o la fijación de precios. Si bien los IVA diferenciados existen en otros países, la aplicación pareja de este impuesto es un atributo de nuestro sistema tributario que permite que sea un buen instrumento recaudador. Abrir la puerta a bajas para productos específicos sería un camino sin retorno que generaría presiones para hacer lo mismo con otros productos, lo que, junto con afectar la recaudación, elevaría la evasión. Los efectos de la fijación arbitraria de precios son conocidos, generan escasez, subinversión y surgimiento de mercados paralelos donde solo acceden quienes tienen mayor capacidad de pago. No deberíamos avanzar en ninguna de estas direcciones.

En consecuencia, parece razonable considerar dos opciones que podrían ser complementarias para proteger a los hogares de un alza mayor de los precios de la parafina y el gas licuado, a saber, la entrega directa de recursos a los hogares de menores ingresos o la creación de un fondo de estabilización que incluya al gas licuado de uso domiciliario y la parafina. Si se opta por una transferencia directa a los hogares, esta debería ser focalizada en los hogares de menores ingresos y realizarse dentro de los espacios de gasto disponibles para este año en el marco de la regla fiscal. Esto requeriría, por ejemplo, generar espacios vía reasignaciones presupuestarias. Una ventaja de este instrumento en un contexto en que las alzas de precios son múltiples, es que las familias podrían decidir el uso que dan a estos recursos.

La necesidad de incorporar el gas a algún mecanismo de estabilización radica, además de lo previamente señalado, en que los hogares más vulnerables destinan 17% de su ingreso a gastos energéticos de la vivienda y que, en todas las regiones del país, la principal fuente energética para cocinar es el gas licuado en cilindro o cañería (Luis Gonzales, Clapes UC). Con todo, si se opta por esta opción, junto con focalizarse en el consumo residencial, dejando fuera a los clientes comerciales, debe procurar no transformarse en un subsidio permanente. Esto significa que el beneficio que se entregue ahora se recupere de forma simétrica en períodos de bajas de precios.

En definitiva, es deseable que las eventuales medidas que se adopten para hacer frente al alza de precios de productos esenciales consideren medidas focalizadas, transitorias, dentro del marco fiscal disponible y, en el caso de evaluarse nuevos mecanismos de estabilización de precios, estos deben ser financieramente sostenibles en el tiempo.

*El autor de la columna es coordinador de la área macroeconomía en Clapes UC