¿Cómo llegamos a esto?: guía para entender el alza de las cuentas de la luz

El debate público en materia económica ha estado centrado las últimas semanas en las alzas que experimentarán las cuentas de la luz en el país, a partir del segundo semestre de este año. Son tres los incrementos que se aplicarán en julio, octubre y enero, con lo cual las tarifa eléctrica residencial subirá en 50% y 60% promedio, lo que además tendrá un importante impacto en la inflación en los próximos 12 meses, según detalló el Banco Central en su reciente Informe de Política Monetaria.

¿A qué responde este aumento y cómo se estructura? Aquí la explicación.

1.697 días han transcurrido desde que se dictó la primera de una serie de leyes que llevaron a acumular una deuda cercana a los US$6.000 millones con las empresas de generación eléctrica. Casi 4 años y 8 meses de una política que debutó el 2 de noviembre de 2019, a sólo 15 días del estallido social, y que estableció un “Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente”, denominado PEC 1, interviniendo en forma transitoria los contratos de suministro eléctrico.

Así, la Ley PEC 1, suscrita por el entonces presidente Sebastián Piñera, y su ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, permitió contener el alza de 9% que había sido decretada tan solo 28 días antes, prorrogando la vigencia del decreto tarifario anterior, estableciendo la acumulación de saldos por la diferencia de facturación entre el precio estabilizado y el precio que debía aplicarse de acuerdo a los contratos de suministro de energía con las empresas generadoras, correspondientes al segundo semestre de 2018. Dicho costo financiero fue asumido por las propias empresas de generación eléctrica.

Para evitar que el problema fuera inabarcable, las autoridades establecieron un “fondo”, que en realidad fijaba un techo para la acumulación de los saldos adeudados, en un máximo de US$1.350 millones, a recuperar entre 2025 y 2027.

Esto comprendía el período entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, por lo que, desde entonces, los precios de la energía mantuvieron congelados los principales parámetros con lo cuales se determinan las tarifas finales a público. Esencialmente, esos parámetros equivalían a un dólar en niveles de $640, precios de los combustibles que luego verían variaciones significativas por la guerra de Ucrania, afectando también los valores del carbón y el Gas Natural Licuado (GNL), además de la evolución de la inflación, tanto en Chile como Estados Unidos. Todos esos factores, pocos meses después de dictada la Ley PEC 1, se verían alterados significativamente a raíz de la pandemia del Covid-19.

Esa normativa entonces, congeló los precios de la energía eléctrica (o generación), el principal componente del precio final que los clientes residenciales pagan mensualmente en sus boletas. De hecho, se estima que dicho componente representa cerca del 70% de la cuenta de la luz, mientras que los otros dos segmentos, la transmisión y la distribución, pesan 10% y 20%, respectivamente.

Por eso, en forma complementaria y ya el 21 de diciembre de 2019 -49 días después de la primera ley de estabilización-, se dictó una segunda norma legal que estableció que, junto con rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas, el Valor Agregado de Distribución (VAD), la tarifa para el segmento de empresas que son la ‘cara visible’ del sector eléctrico para los clientes, permanecería constante en pesos hasta el término de su vigencia y las respectivas diferencias entre el VAD constante y el VAD que se debería haber aplicado se actualizarían únicamente por el IPC y se incorporarían a las tarifas de los siguientes procesos de tarificación.

Como la pandemia alteró por completo el escenario, el límite de US$1.350 millones establecido como techo para la deuda con las empresas generadoras se alcanzó mucho antes de lo previsto. La Ley PEC 1 cumplió con frenar las alzas, pero sus parámetros se volvieron insuficientes para los nuevos precios de la energía, que aumentaron exponencialmente a nivel global después de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022.

Así fue como en mayo de ese año, y a sólo dos meses de llegado a La Moneda, el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric y el entonces ministro de Energía, Claudio Huepe, ingresaron una nueva ley, conocida como PEC2, para crear el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), extendiendo el congelamiento de la tarifa, y estableciendo un nuevo fondo de US$1.800 millones, lo que permitió contener alzas en las cuentas de la luz que por ese entonces se estimaba en un promedio de 44%. Además, se creó un calendario que fijaba como límite el 31 de diciembre de 2032 para extinguir el total de la deuda, cuyo techo ahora había quedado ahora fijado en un máximo de US$5.500 millones, y un método de pago diferenciado según el segmento de consumo eléctrico.

En concreto, dicho método creó el Fondo de Estabilización de Tarifas, el que sería financiado con montos adicionales dentro del Cargo por Servicio Público (CPS), en forma diferenciada por tramos. El primero de ellos, con consumos mensuales menores o iguales a 350 KWh, quedaba exento; el segundo, de entre 350 KWh y 500 KWh, vería un cargo de $0,8 por KWh; el tercero, entre 500 KWh y 1.000 KWh, un cargo de $1,8 por KWh; el cuarto, entre 1.000 KWh y 5.000 KWh, de $2,5 por kWh; y el quinto, sobre los 5.000 KWh, un cargo de hasta $2,58 por kWh. Montos que serían ajustados por IPC.

En tanto, los ajustes mantenían la lógica diferenciada, con un precio preferente para los clientes de pequeños consumos, ligado a la variación del IPC, y otro para los clientes de consumos medianos -entre 350 KWh y 500 KWh- que agregaba a la inflación un incremento de 5%. Mientras que, el tercer segmento de mayor consumo, sobre los 500 KWh, vería un recargo por sobre el IPC de 15%.

El mecanismo fue aprobado y promulgado en julio, siendo publicado en agosto de 2022, y alcanzó a ser implementado en abril de 2023. Allí los clientes de bajo consumo vieron alzas de 2,5%, pero para los dos segmentos que más gastan energía eléctrica fue de entre 10% y 16%.

Pese a lo anterior, la implementación de la Ley MPC fue deficiente, principalmente debido a los retrasos en la publicación de los informes de precios nudo promedio y sus respectivos decretos.

A la no publicación de los decretos se sumaron otros factores como las alzas en el precio internacional de la energía, aumentos en el tipo de cambio, y otros, impulsando un rápido aumento de la deuda imputada a los US$1.800 millones comprometidos. Así, al momento de continuar con el descongelamiento tarifario, se preveían alzas abruptas en tarifas para los clientes con mayor consumo, segmento que no contaba con tarifa estabilizada.

Durante 2023, especialmente en el segundo semestre, el Ejecutivo se abocó a la tarea de encontrar una fórmula que protegiera al tercer segmento de clientes residenciales, bajo el supuesto de que allí no sólo había hogares con mayores consumos eléctricos y de altos niveles de ingresos, sino además medidores que compartían varios grupos familiares, especialmente en sectores populares, además de la gran mayoría de los almacenes de barrio y pymes del país, que están sometidos al régimen de regulación de precios.

En esa tarea, el nuevo ministro de Energía , Diego Pardow -que asumió en septiembre de 2022-, comprometió un nuevo esquema, el cual acordó con senadores de la Comisión de Energía, en una mesa de trabajo que operó entre octubre y noviembre de 2023. Así, en enero de este año se presentó el proyecto de estabilización tarifaria, que fue aprobado en abril y permitió establecer una fórmula gradual en el traspaso de los niveles reales de la tarifa eléctrica y pago de la deuda acumulada. De este modo, se logró contener un alza que podría haber sido de hasta un 151% en el segmento de clientes de mayor consumo.

En el intertanto, la publicación del decreto tarifario de 2023 se mantuvo pendiente, ya que el trabajo técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para estimar la nueva tarifa requirió confeccionar dos informes preliminares y uno definitivo, el que fue publicado recién en enero de 2024. Esto también incidió en el incremento de la deuda, ya que a esas alturas, Generadoras de Chile -el gremio que agrupa a las principales firmas de generación- estimaba el monto adeudado a sus asociadas en cerca de US$6.000 millones. Un monto que crecía a razón de US$3 millones por cada día adicional en que los costos de la energía no estaban debidamente reflejados en su precio al cliente.

Con el nuevo proyecto, se creó un subsidio eléctrico por un total de US$120 millones anuales, enfocado en el 40% de la población más vulnerable dentro del Registro Social de Hogares, dirigido a cerca de 1,5 millón de hogares, para mitigar los aumentos de las cuentas de la luz que tendrían lugar durante 2024, 2025 y 2026.

Dicha Ley también estableció la creación de una mesa técnica, actualmente en funcionamiento, que tiene dos líneas de trabajo: explorar nuevas fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual de subsidio eléctrico, y otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para clientes regulados. Un trabajo que concluirá a fines de septiembre, justo cuando el primer pago del subsidio a los beneficiarios finales ser verá reflejado en las cuentas de la luz en un único abono por los seis meses del segundo semestre de 2024. Es decir, habrá un solo pago este año, pero que entregará el monto completo del beneficio entre julio y diciembre a cada hogar.