La Corte de Apelaciones de Santiago revisará este martes la admisibilidad del recurso de protección que presentó el consorcio CBM, conformado por las empresas Movitec y Belaz -empresa estatal de Bielorrusia- en contra de Codelco. El caso estalló el pasado 1 de febrero, cuando la minera estatal chilena decidió rescindir el contrato y ejecutó el cobro de cuatro boletas de garantía por 323.854 UF, valor que significó el desembolso de más de $11.429 millones.

Si bien se espera que el resultado de la admisibilidad se conozca durante la tarde de este martes, desde el consorcio están activando también otras estrategias para abordar el conflicto. Y es que un grupo de ejecutivos de Belaz se dirige en estos momentos a Chile, con la intención de reunirse con autoridades de Gobierno, específicamente con Cancillería. Esto, ya que desde la estatal bielorrusa acusan un impacto a los intereses de la compañía controlada por la República de Bielorrusia.

Los ejecutivos arribarán al país este martes a las 11:30 hora local, mientras sus socios en Chile están solicitando reuniones con autoridades para expresar oficialmente la posición del consorcio frente al término anticipado de la licitación. Para ello, se están apoyando con algunos parlamentarios, como el diputado independiente por la región de Atacama, Cristián Tapia.

Consultada, Cancillería señaló que aún no existen peticiones de parte del consorcio que hayan ingresado para reunirse con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En concreto, CBM se había adjudicado en marzo de 2021 las obras para realizar movimientos de tierra para preproducción y construcción de caminos en el marco del proyecto estructural de Codelco, Rajo Inca. La iniciativa forma parte de la cartera de proyectos clave para la minera estatal. En este caso, busca extender la vida útil de la división El Salvador en 40 años.

Sin embargo, las obras encargadas a CBM presentaban incumplimientos. Así lo determinó Codelco, que desde hace meses venía alertando a la compañía por brechas en su gestión. Según confirmó la corporación, CBM sería responsable por un retraso de 12 meses en la materialización de las obras, generando con ello un deterioro en la producción proyectada por Codelco de entre 90 mil y 100 mil toneladas entre 2023 y 2025.

En una declaración enviada a este medio, la estatal agrega que “el consorcio incumplió disposiciones legales en materia de seguridad, cuyo punto de quiebre fue el accidente fatal en julio de 2022 que costó la vida del trabajador Rubén Trigo”.

Tras rescindir el contrato, la mayor productora de cobre del mundo afirmó que la compañía estatal “se enfocará en su estrategia de asegurar la continuidad de las obras del proyecto, para lo cual asumirá parte de las obras con personal y recursos propios, incluyendo camiones, e incorporará a empresas cuyo personal y maquinaria permitan la transición hasta el modelo definitivo con las nuevas empresas contratistas”, dijo Codelco.

Respecto al nuevo proceso licitatorio, se detalló que esperan que la búsqueda de un nuevo nuevo contratista “esté definida en unas semanas”.

Según información de Codelco, el fin del contrato con CBM estaba contemplado para agosto de 2023.

Respecto a las acusaciones que el consorcio realizó en contra de Codelco en su recurso de protección, donde afirman que el cobro de las boletas garantías fue “ilegal y arbitrario”, que se hizo “sin previa información y/o notificación” y que la decisión de la minera estatal “viola el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho de propiedad” de CBM, desde la corporación descartaron irregularidades en dicho proceso.

“La ejecución de las boletas de garantía se realizó conforme a los términos definidos en el contrato, los que son conocidos y fueron aceptados por el consorcio”, señaló Codelco en una respuesta enviada a este medio.

Al respecto, desde CBM aseguraron que la notificación se hizo a los representantes del consorcio, Jaime Andrés Duch León y Rostislav Lavrenov, quienes “recibieron sólo una notificación de un correo electrónico de la analista senior de contratos del proyecto Rajo Inca, Carolina Guajardo Revello, en el que se le informaba que se hizo efectiva la garantía. Es decir, cuando los hechos estaban consumados, sin informarle previamente como se establece en el contrato”, se lee en un comunicado distribuido a medios por la compañía.

El abogado Marcelo Castillo, quien representa a CMB en este caso, afirma que dicho procedimiento “no se hizo de conformidad a lo convenido por las partes, tanto en el contrato como en los documentos integrantes del mismo, esto es, las “Bases Administrativas Generales de Contratos de Construcción, Ingeniería y Servicios”, “Bases Generales de Contratación” y “Bases Administrativas Especiales”, de manera que esta carta es manifiestamente arbitraria, ilegal e infundada”.

Con todo, desde Codelco remarcan que, respecto del recurso de protección “la corporación esperará a que el tribunal se pronuncie sobre su admisibilidad, tras lo cual decidirá los caminos a seguir”.

CBM ya estaba en la mira de la minera estatal y de las autoridades desde el 10 de julio de 2022. Ese día, un accidente fatal le costó la vida a Rubén Trigo Escobar, de 50 años y que pertenecía a CBM. A los pocos días, otro accidente fatal en Chuquicamata Subterránea llevó a que la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco decidiera paralizar todas las actividades operativas en sus proyectos estructurales. La detención de las faenas se prolongó por cerca de un mes.

De hecho, el 4 de agosto de 2022 la compañía se reunió con el director regional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Franklin Céspedes, quien oficia además como ingeniero coordinador de investigaciones de accidentes y sanciones en el servicio estatal. En dicha ocasión, los gestores de interés de CBM, Claudio Muggane y Josip Sekul presentaron a la autoridad las acciones y mejoras que llevarían adelante, luego del fatal accidente en Rajo Inca.

Pese a que el término del contrato entre la estatal chilena con el consorcio CBM se concretó hace ya algunos días, los trabajadores que prestaban servicios a la compañía firmarán un finiquito con Codelco durante la presente jornada.

Según un documento firmado por representantes de los trabajadores, Codelco se comprometió a “garantizar el alojamiento y alimentación a los trabajadores de Consorcio Belaz Movitec, durante el periodo que dure el proceso de pago de finiquitos de los trabajadores presenten en el Salvador”.

El documento también comprometió a los trabajadores a “mantener la paz social y laboral sin afectación de caminos y manifestaciones en la ciudad de Salvador”. Dicho proceso se desarrolló con normalidad desde las 15 horas, cuando se citó a los 200 trabajadores presentes en el turno. En total, son cerca de 700 los trabajadores afectados. La medida sería recurrida por el consorcio ante la Dirección del Trabajo.