La Contraloría General de la República (CGR) envió este jueves una respuesta de 12 páginas al Tribunal Ambiental de Santiago en el que cuestiona duramente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en el marco de una disputa por competencia.

“Atendidos los graves efectos que se derivan de la pretensión de la Superintendencia del Medio Ambiente, se ha estimado conveniente manifestar la posición institucional de esta Contraloría General de la República al Ilustrísimo Segundo Tribunal Ambiental, mediante el presente oficio”, consignó el escrito al que tuvo acceso Pulso.

No te pierdas en Pulso

En su respuesta, la CGR acusa a la SMA de desconocer las leyes que rigen a los órganos de administración del Estado y, en particular, su rol de fiscalización, destacando que su actuación “no se corresponde con el trato que deben guardarse los organismos públicos, particularmente respecto de este Organismo de Control, que cuenta con casi un siglo de tradición republicana en que ha sido persistente en el respeto impersonal de la legalidad, a través de la alta capacidad técnica y entrega de su personal, así como de su sólida cultura institucional de probidad”.

Todo comenzó cuando el 4 de agosto pasado las empresas Environmental Monitoring Services SpA (EMS) y Environmental Compliance Services SpA (ECOS) solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento jurídico para que determine la correcta forma de interpretar las normas sobre “incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de fiscalización y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental” contenidas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Lo anterior, debido a que la SMA rechazó la solicitud de la empresa EMS para ser autorizada como entidad técnica de fiscalización, por estimar que incurría en la antes aludida causal de incompatibilidad absoluta.

Pero al enterarse de la arremetida de las mencionadas empresas ante la CGR, la Superintendencia -liderada por la abogada Marie Claude Plumer- acudió al Segundo Tribunal Ambiental e interpuso un “incidente”, a fin de que ese tribunal accione ante el Tribunal Constitucional y promueva una contienda de competencia, para que determine, en definitiva, la incompetencia de la Contraloría General para conocer acerca de la aludida presentación que se encuentra en trámite.

El 4 de enero de este año Plumer asumió como superintendenta del organismo. La abogada de la Universidad de Chile fue seleccionada por el Presidente Gabriel Boric luego de realizarse el concurso a través de la Alta Dirección Pública, y se convirtió en la primera mujer en liderar el organismo encargado de fiscalizar y sancionar los permisos ambientales en el país.

Las empresas Environmental Monitoring Services SpA (EMS) y Environmental Compliance Services SpA (ECOS) contaron con la asesoría de Cristóbal Osorio y Daniel Contreras, socios de Osorio Vargas & Abogados.

“La SMA pretende que ese Segundo Tribunal Ambiental asuma el conocimiento del asunto en el cual no se dedujo reclamación y ella no puede deducirse por haber transcurrido el plazo para accionar ante ese Tribunal. Así se señala expresamente en su libelo, al presentar el incidente de inhibitoria de competencia, oficie a la Contraloría General de la República para que se declare incompetente y remita los antecedentes para su conocimiento, ingrese la solicitud de Environmental Monitoring Services SpA y Environmental Compliance Services SpA como reclamación ambiental y la declare inadmisible por extemporánea”, consignó la respuesta de la Contraloría, firmada por el jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic, hermano del expresidente de la Cámara de Diputados.

En su presentación, sostuvo que “a través de esta actuación artificiosa, la SMA pretende quedar excluida de la fiscalización de este organismo de control, pero también del examen jurisdiccional, con lo que sus actos administrativos quedarían al margen de cualquier control, cuestión que no resiste mayor análisis”

“No resulta jurídicamente admisible que un órgano de la administración del Estado, sujeto a la fiscalización de este Organismo Contralor, pueda sustraerse del examen de legalidad de sus actuaciones por la vía de forzar una contienda de competencia, toda vez que ello implicaría normalizar la evasión de las medidas de control público por parte de los servicios fiscalizados, afectando gravemente las facultades y atribuciones con que cuenta esta Contraloría General para velar por la juridicidad de los actos de la Administración. Esta particular maniobra evasiva dirigida a inhibir la actuación de esta Contraloría General, pugna abiertamente con las bases fundamentales del sistema de control y colisiona con los citados artículos 98 de la Constitución Política de la República y 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336″, concluyó.

Desde la Superintendencia de Medio Ambiente, indicaron que “en relación con el escrito presentado por la Contraloría General de la República al Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, esta Superintendencia indica que se encuentra a la espera del pronunciamiento de parte de dicha magistratura. Sin perjuicio de lo anterior, relevamos que la SMA ha respondido en tiempo y forma a todos los requerimientos del órgano contralor”.

No te pierdas en La Tercera