Un duro informe de auditoría emitió la Contraloría General de la República (CGR), que revisó los proyectos adjudicados en el año 2022 a los distintos productores mineros, a través del instrumento de fomento minero Reconocimiento de Recursos y/o Reservas y Planificación Minera, que ejecuta la Empresa Nacional de Minería (Enami). Entre sus principales resultados del informe, de 78 páginas, resalta un grave caso de conflicto de interés, cuyo protagonista es el exdirector de la estatal, Patricio Céspedes Guzmán.

Céspedes fue nombrado en el cargo el 24 de marzo de 2010, en representación de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y se mantuvo como director hasta el 31 de agosto de 2022. En total, estuvo en la mesa de la estatal 12 años y cinco meses.

Sin embargo, según la auditoría de la CGR, Céspedes omitió informar en varias ocasiones distintas relaciones de parentesco con empresas proveedoras del referido programa.

“Se detectaron pagos efectuados a empresas proveedoras cuyos socios tienen relación de parentesco con el entonces Director de Enami, señor Patricio Céspedes Guzmán, que datan desde el año 2018 hasta agosto del 2022, a saber: Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, por un monto total ascendente a $10.444.893.786, contraviniendo lo establecido en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, vigente a la época de la auditoría”, señala el informe de Contraloría, al que tuvo acceso Pulso.

Sin embargo, el propio documento apunta a que la situación ya había sido advertida en dos informes previos, el informe final n° 70 de 2020, y el informe final n° 388, de 2022, donde solicitaba revisar las contrataciones efectuadas en los períodos auditados e informar “detalladamente sobre las medidas adoptadas para corregir las situaciones que se apartaban de esa normativa”.

En dichos informe se menciona que en las sociedades participaban su cuñada, además de los sobrinos de Céspedes e hijos de su cuñada, pero sus identidades aparecen tachadas en los documentos originales.

Con todo, la CGR subraya que dichas observaciones a la fecha no han sido respondidas por Enami, ya que “no remitió el anotado informe, ni consta de los antecedentes acompañados las medidas adoptadas, la periodicidad de los controles y los responsables de su aplicación”.

El detalle de la auditoría señala que en su declaración de interés, presentada el 9 de septiembre de 2019, Céspedes “no manifestó relación de parentesco con los socios de las empresas Sonia Santis Santander Sonda Mines E.I.R.L. y Quimurco Minera Limitada, proveedoras de la empresa estatal”.

A ello se sumó en que el informe de 2022, que auditó el proceso de compra de minerales y productos mineros en el Poder de Compra de Paipote, se observó que Céspedes también omitió en su declaración de interés a la Compañía Minera Cifuncho SpA, donde su hija, Isabel Cristina Céspedes Mandiola y su yerno, Guido Patricio Cerda Herrera, eran administradores y socios de la firma privada, cuyo giro correspondía a la extracción de oro, plata y procesamiento del cobre, por lo que también estaba afectada a la prohibición legal de suscribir contratos con la Enami en razón de la relación de parentesco.

Así, el informe detalla que “la falta de observancia en la actualización de procedimientos, requerida a Enami (...) denota una falta de oportunidad en la toma de medidas por parte de la empresa para evitar situaciones como la referida”.

En esa línea, el documento remarca los montos que Enami pagó por cada año en que se mantuvieron contratos con las firmas mencionadas. “Enami erogó a empresas proveedoras vinculadas con el citado director, desde el año 2018 al mes de agosto del 2022, un monto total ascendente a $10.444.893.786″.

En detalle, se especifica que entre los años 2018 y 2019, las firmas involucradas recibieron pagos por parte de Enami por $3.517.828.143. En el año 2021, dichos pagos ascendieron a $2.999.058.532 y ya en 2022, alcanzaron los $3.928.007.111-.

“La deficiencia y ausencia de control por parte de esa empresa, conlleva un riesgo operacional, debido a que la organización no dispone a la fecha de una norma que contribuya a velar por la aplicación del cumplimiento al artículo 4°, inciso sexto, de la mencionada ley N° 19.886, considerando que el vínculo de parentesco existente entre el ex director y los socios de esas empresas proveedoras de minerales, se encontraba afecto a la prohibición de celebrar actos o contratos con tales sociedades”, enfatiza el informe.

Así, la Contraloría ordenó a Enami remitir dentro de 60 días hábiles “el procedimiento interno comprometido en su respuesta con las actualizaciones solicitadas”, e iniciar una investigación por parte del directorio “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades”, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.

Finalmente, el órgano de control informó que “remitirá el presente informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan”.

Consultada al respecto, Enami sostuvo que “la actual administración que asumió en agosto de 2023, ha trabajado por robustecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la empresa”.

En este sentido, indicaron que “se han mejorado una serie de procedimientos, sobre todo en la prevención de eventuales conflictos de interés, para evitar situaciones como las detectadas por Contraloría en este informe correspondiente al año 2022″.

Así, la estatal dijo que “está trabajando para dar respuesta en los tiempos requeridos a las observaciones y actualizaciones solicitadas por el organismo contralor, con la mayor transparencia para así seguir aportando al desarrollo de la pequeña y mediana minería del país”.

Según consta en la memoria 2022 de Enami, a ese año los directores percibían una remuneración de 6 UTM por cada sesión mensual del directorio, con tope de 12 UTM. Así, los pagos directos que recibía Céspedes como director de la estatal podían partir en $366.942 y llegar hasta los $733.884. Sin embargo, a ello se podían sumar otras 7 UTM ($428.099) por concepto de asignación especial.