El presidente de Primus Capital, Raimundo Valenzuela y el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero realizaron un balance de la gestión de 2023, a través del reporte anual enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Ambos en sus cartas a los accionistas coincidieron en que el año estuvo marcado por los efectos del millonario fraude que sacude al factoring, que alcanza ribetes internacionales. Esto luego que el viernes 12 de abril la Policía Nacional de Perú detuviera al ex gerente general de la compañía, Francisco Coeymans, luego que se dictara una orden de detención en su contra por no asistir a su audiencia de formalización.

En su mensaje, el empresario vitivinícola y financiero, comentó que 2023 fue “un año particularmente complejo y desafiante para Primus Capital”.

“Más allá de los números y de las condiciones en que se desarrolló el negocio del factoring, con una economía desacelerada y un bajo de nivel de inversión, nos enfrentamos al reto de gestionar adecuadamente nuestras operaciones y en paralelo invertir tiempo y recursos en enfrentar uno de los fraudes más importantes en la historia reciente”, señaló.

En marzo del año pasado, tras una auditoría interna, la compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falsos. Según la empresa, el exgerente general y el exgerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente, llevaron adelante un esquema defraudatorio al interior de la empresa, el que provocó cuantiosos perjuicios.

“Cuando partimos hace nueve años, nunca imaginamos que nos veríamos ante una situación como esta, en que luego de una revisión interna descubrimos la existencia de un sofisticado esquema montado para defraudar a nuestra Compañía, liderado por dos ex altos ejecutivos y socios, en quienes habíamos depositado nuestra confianza”, agregó.

Según la misiva, “a medida que fuimos descubriendo la magnitud del fraude cometido contra Primus Capital, no dudamos ni un segundo en aclarar los hechos a través de peritajes especializados y avanzar decididamente ante la justicia en la búsqueda de responsabilidades en este lamentable caso. A nivel interno, le pedimos a nuestro socio Eduardo Guerrero que se hiciera cargo de la gestión diaria y de reordenar el funcionamiento de la Compañía, y de cara a nuestros clientes, fuimos proactivos en explicitar nuestro firme compromiso con la empresa y su fortalecimiento patrimonial”.

“Todo lo anterior nos llevó a inyectar cerca de US$ 120 millones a través de aumentos de capital y otros aportes. Estamos seguros que nuestro accionar fue el correcto y, de una u otra manera, el tiempo y la Justicia nos han dado la razón. Tengan la seguridad de que seguiremos adelante, honrando siempre nuestra palabra y defendiendo el principio de la verdad ante todo”, concluyó.

En la misma tónica, el vicepresidente ejecutivo Eduardo Guerrero dijo -también a través de una carta dirigida a los accionistas- que “el año 2023 enfrentamos uno de los periodos corporativos más complejos de nuestra historia, tras el hallazgo, primero a través de una auditoría interna, de operaciones de factoring respaldadas con cheques bancarios falsos”

De acuerdo a su relato, a través de una investigación y el trabajo de expertos forenses, “descubrimos facturas emitidas a empresas sin propósito de negocio, lo que, sumado a operaciones ilícitas y contrarias a los protocolos y reglamentos internos vigentes, nos reveló la existencia de un importante esquema defraudatorio contra nuestra compañía, que involucraba directamente la gestión del exgerente general, Francisco Coeymans, y del exdirector comercial, lgnacio Amenábar”.

“De inmediato informamos a las autoridades correspondientes, dando inicio a una seguidilla de acciones legales tanto civiles como penales con el propósito de alcanzar justicia y recuperar los fondos robados”, añadió.

A modo de balance, dijo que “ante los graves hallazgos, reforzamos los controles internos, desarrollamos una investigación muy exhaustiva y acuciosa, pusimos en marcha un plan para racionalizar nuestros procesos y, por la magnitud del fraude, nos vimos en la necesidad de reestructurar nuestros equipos, buscando salvar la mayor cantidad de empleos posibles, y así garantizar la continuidad operacional de Primus Capital”.

“Si bien en nuestra calidad de socios de Primus no teníamos ninguna obligación legal de cubrir con recursos propios los cuantiosos daños del fraude descubierto, no dudamos un segundo en hacerlo, pues estábamos muy conscientes que cualquier otro camino implicaba el cierre de la empresa, la pérdida del sustento económico de muchas familias, fallarle a nuestros clientes y dejar múltiples impagos a acreedores que nos habían respaldado durante años con su confianza. A lo anterior, posiblemente se habría sumado que quedaran impunes quienes no solo abusaron de sus cargos, sino del sistema financiero en su conjunto y de la fe pública, con todos los costos sociales derivados. Pero dada nuestra vocación empresarial, y convencidos de la necesidad de ir más allá de lo legal, decidimos asumir con nuestro propio patrimonio, y comunicar oportunamente lo sucedido a quienes correspondía dando la cara, lo que nos significó el reconocimiento de importantes líderes sociales, políticos y económicos que valoraron nuestra reacción frente al fraude del que fuimos víctimas”, agregó.

“Aprovecho estas líneas para agradecer y reconocer la resiliencia de nuestros equipos internos, especialmente la de sus líderes, quienes sobreponiéndose a una muy compleja situación y a injustos cuestionamientos, querellas e incluso amenazas por parte de los autores de los ilícitos y su red de protección, con mucho esfuerzo, dedicación y talento han puesto lo mejor de sí para superar esta crisis”, concluyó.