Siete carillas, diecisiete puntos y cerca de 30 economistas. Son los números detrás de la carta firmada por un grupo de académicos e investigadores, autodenominados “Convergencia Transversal”, en la que los expertos enumeran las áreas que, a su juicio, “podrían generar importantes riesgos e incertidumbres en materia económica, pudiendo afectar la estabilidad política y económica del país, y con ello su desarrollo socioeconómico”.

La misiva, respaldada entre otros por tres de los últimos cuatro decanos de la Facultad de Economía de la universidad de Chile, José De Gregorio (actual decano y expresidente del Banco Central y exministro), Manuel Agosín y Joseph Ramos; el actual decano de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena; el exsubsecretario de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, y la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, comienza estableciendo que la propuesta constitucional, entregada el lunes por la Convención Constitucional, “no representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad e incentivos para que cada uno de los actores políticos, sociales y económicos actúen de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general”.

A ello agrega, respecto de la actual Carta Magna, que ésta “ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía”.

La carta fue una idea de los economistas Jorge Valverde y Miguel Lorca, ambos exestudiantes de la FEN de la Universidad de Chile, debido a la “preocupación genuina de relevar los riesgos económicos” de la propuesta constitucional.

El texto fue socializado desde la semana pasada entre los académicos, y de esta forma se fueron incluyendo los puntos más complejos de la iniciativa constitucional.

Entre los principales puntos que el grupo de economistas objeta de la propuesta de nueva constitución, asoman la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en proyectos que irroguen gasto fiscal, así como en Seguridad Social; la incondicionalidad de derechos sociales frente a la disponibilidad de recursos; la atribución de entidades territoriales para emitir deuda y recaudar impuestos; la creación de empresas públicas regionales y municipales, y otras.

Respecto de dichas objeciones, los académicos reconocen que sus diferencias podrían “entenderse salvaguardadas a través del principio de responsabilidad fiscal” que considera la propuesta constitucional, pero evalúan dicha norma como “insuficiente para hacer frente a toda una arquitectura fiscal que abre diversas puertas que presionarán el gasto fiscal”.

Uno de los puntos cuestionados fue el mecanismo de compensación en caso de expropiaciones. De acuerdo a los economistas, la indemnización “a precio justo” no entrega claridad “respecto a cómo ni quién lo define y sin garantizar el pago en efectivo, dejando todo a merced de interpretaciones parciales”. Al respecto, extrañan que la propuesta contemple además la “reparación al daño patrimonial”, una omisión que califican de “voluntaria” y que, según su interpretación, “con ello, la jurisprudencia actual podría no tener efecto”.

Respecto de la caducidad a permisos vigentes de derechos de aguas vigentes, refutan que éstos “dejarían de ser concesiones protegidas por el derecho de propiedad, pasando a ser autorizaciones de uso”, propuesta que para los economistas elimina “la posibilidad de reasignar eficientemente los usos de agua a través de mecanismos de mercado”.

Agregan que “la falta de certeza respecto de los usos futuros de agua impactará negativamente el desarrollo de proyectos agrícolas, de explotación de acuíferos, desalinización y producción que requieran de agua para su operación, tal como lo muestra la experiencia mexicana”, situación que generarán “importantes daños, riesgos e incertidumbres a los actuales titulares y al sector productivo en su conjunto”.

En tanto, respecto del dominio del Estado sobre minerales, fósiles e hidrocarburos, afirman que la propuesta agrega a esta facultad estatal el poder sobre las sustancias y no sobre las minas y concesiones mineras. Esta distinción, afirman, “se limita el derecho de propiedad del productor minero, lo cual desincentivaría la exploración y producción de minerales”.

Dicho cambio “podría abrir flancos jurídicos sobre las concesiones mineras vigentes, permitiendo espacios expropiatorios, generando incertidumbre y riesgos en el sector”, lo que afectaría a la inversión privada de manera generalizada.

A estos puntos, agregan objeciones a la “libertad absoluta” de las Autonomías Territoriales para establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados ya que “no estarían sujetos a supervigilancia ni fiscalización por parte del Presidente de la República”, lo que “significativos riesgos e incertidumbre en materia social, política y económica”.

Asimismo, retrucan el consentimiento de los Pueblos Originarios por ir “más allá del Convenio 169 de la OIT”, lo que podría traducirse en impedimentos para proyectos de inversión “especialmente en las regiones donde se concentra la población de pueblos originarios, muchas de las cuales se encuentran dentro de las más pobres del país”.

Otros puntos cuestionados son la restitución de tierras indígenas “sin bordes ni costos asociados”; la negociación colectiva por rama de actividad “sin la decisión de los trabajadores”; la desprotección de la propiedad intelectual e industrial; riesgos a la libre competencia; y la posibilidad de remoción de consejeros del Banco Central “por criterios políticos amparados en objetivos más amplios y difusos que dificultan una interpretación técnica y objetiva”.