La junta de acreedores de Multitiendas Corona, propiedad de los hermanos Paula, Malú y Herman Schupper, resolvió postergar la votación que definiría este lunes si se aprueba o rechaza la propuesta de reorganización o si, derechamente, se decreta su liquidación forzosa. El próximo viernes 21 de marzo de 2025 a las 8 horas con 45 minutos está agendada la audiencia que deberá definir el futuro de la compañía.

Se trata del segundo proceso de reorganización en menos de tres años que llevan adelante los tres hijos de Leonard Schupper, quienes asumieron el control de la compañía especializada en vestuario en 1998, tras su fallecimiento.

El objetivo de los hermanos es evitar la quiebra de la empresa, que cuenta con 75 años de historia y emplea a 1.800 trabajadores, con tiendas desde Arica hasta Punta Arenas. Sin embargo, las diferencias entre Paula, Malú y Herman han impedido un acuerdo, y a la audiencia de hoy sus asesores legales llegaron sin una propuesta consensuada. Paula y Malú cuentan con la representación de los abogados del estudio Carey, Ricardo Reveco y Cristián Figueroa, mientras que Herman es asesorado por el exfiscal de la multitienda y actual director, Mario Mora.

“En mi calidad de veedora en este proceso, los tres accionistas me han hecho llegar nuevas propuestas que podrían evitar la liquidación de Corona, en caso de que sean votadas favorablemente por los acreedores”, explicó esta mañana en la audiencia Daniela Camus, veedora del proceso de reorganización de la multitienda.

“Sin embargo, ninguna de las propuestas cuenta con el apoyo de los tres accionistas. Por ello, considero indispensable otorgar este nuevo plazo con el único fin de que, de común acuerdo y con el objetivo de evitar la liquidación, puedan presentar al tribunal una propuesta de reorganización que pueda ser votada por los acreedores”, añadió.

La división entre los hermanos radica en las estrategias propuestas para salvar la compañía. Herman es partidario de vender la cadena al grupo chino Family Shop, controlado por la empresa Spring Forest, que ha presentado al menos tres ofertas de compra. Esta opción ha sido rechazada por sus hermanas, quienes proponen inyectar US$15 millones de capital de trabajo a través de sus empresas inmobiliarias, donde los tres son socios, con la condición de realizar cambios en el gobierno corporativo. Herman considera esta suma insuficiente para una deuda que supera los $67 mil millones.

En una carta enviada el 3 de marzo, Herman propuso vender su participación accionaria a sus hermanas por un dólar, bajo la condición de que estas no puedan venderla a Spring Forest ni a ningún otro interesado durante al menos dos años. De esta forma, el 100% de la propiedad de Corona quedaría en manos de Paula y Malú, permitiéndoles administrarla según su criterio.

Por medio de un escrito presentado el pasado viernes al 1° Juzgado Civil de Santiago, la veedora del proceso de reorganización de Corona, Daniela Camus, explicó que la empresa enfrenta un escenario financiero complejo en caso de liquidación. En su informe, detalló que, si la compañía entra en un procedimiento concursal de liquidación, los acreedores preferentes podrían recuperar sus créditos, pero los acreedores valistas, que incluyen a proveedores y otros pasivos no garantizados, no recibirían pagos.

El documento desglosa los ingresos proyectados de la empresa, destacando que los activos libres de la compañía están valorizados en aproximadamente $26.918 millones, con un valor de liquidación estimado en $7.010 millones. Por otro lado, los activos gravados, que incluyen cuentas bancarias, fondos mutuos y marcas comerciales, tienen un valor de mercado superior a los $29.841 millones, pero su liquidación se estima en alrededor de $18.048 millones.

En su presentación, Camus sostuvo que “en el escenario de una liquidación, esta veedora estima que se pagaría la totalidad de la deuda preferente del artículo 2472 del Código Civil, en tanto los acreedores prendarios se pagarían en un 29,7% y los valistas no recuperarían sus acreencias”.

Los acreedores prendarios son aquellos que tienen créditos garantizados con una prenda sobre bienes muebles o derechos del deudor. En términos simples, son los acreedores que poseen un derecho de garantía sobre ciertos activos de la empresa deudora, lo que les otorga preferencia en el pago de sus créditos en caso de liquidación.

Los acreedores prendarios en una reorganización concursal incluyen bancos y entidades financieras que otorgaron préstamos con garantía sobre bienes muebles, compañías de seguros que financiaron bajo estructuras garantizadas con activos del deudor, proveedores de leasing que mantienen la prenda sobre los bienes adquiridos y cualquier otra entidad o persona con un crédito respaldado por una garantía real.

Según el informe, esta situación se explica porque “la empresa deudora, si bien presenta varios activos muebles y cuentas por cobrar, no presenta para liquidación activos inmuebles con valor significativo”. Agregó que los créditos preferentes tienen un valor sustantivo, compuesto en un “57,4% por la liquidación del personal actual, debido a la gran cantidad de trabajadores y juicios pendientes; un 25,5% por la deuda con TGR, IVA de proveedores e IVA del formulario 29; un 13,8% de deuda con continuadores de suministros y un 3,3% correspondiente a los gastos de la administración de la liquidación”.

La veedora también dejó constancia de la publicación de este informe en el Boletín Concursal el 7 de marzo de 2025.