Costo fiscal para contener el precio de los combustibles llegó a récord en 2022 y equivale a 74 mil viviendas sociales

El 2022 pasará a la historia como el año en que la bencina superó todos los récords. Es que la guerra entre Rusia y Ucrania generó una serie de restricciones a la importación de petróleo desde Rusia, como parte de las sanciones producto de la invasión a Ucrania, lo que hizo que el precio llegara a niveles de US$120 por barril en el peor momento del conflicto.

Asimismo, en Chile, específicamente, un elemento adicional que influyó en el aumento del precio de los combustibles durante este año fue el encarecimiento de las importaciones que produjo la depreciación sostenida del peso frente al dólar. Si bien en las últimas semanas se ha visto una recuperación del tipo de cambio, la depreciación del peso acumulada en 12 meses es de 16%.

A raíz de las sucesivas alzas del precio de los combustibles, la operación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) se activó al máximo, y, además, debió ser modificada en cuatro oportunidades en 2022 para continuar con su funcionamiento y, así, contener un alza mayor en los precios.

Todo esto significó un alto costo fiscal. De acuerdo a un análisis de Libertad y Desarrollo, en 2022 el monto acumulado que se dejó de recibir rozó los US$3.000 millones, llegando exactamente a los US$2.950 millones. De ese total, US$2.000 millones corresponden a lo que se ha dejado de recaudar en Impuesto Específico a los Combustibles (ICE) en su componente fijo y los US$950 millones restantes, a subsidios efectivos que tuvo que entregar el Estado en los períodos en que el IEC fue negativo.

¿Cómo se llegó a esa cifra? De acuerdo a lo que detalla este informe, en enero de 2022, el monto acumulado del Mecanismo de Estabilización para el Precio de los Combustibles (Mepco) estuvo cercano a alcanzar el límite de financiamiento establecido en la Ley 20.765, correspondiente a US$ 500 millones. Es por esto que en febrero y en medio de la discusión sobre exenciones tributarias vinculadas a la ley que estableció la Pensión Garantizada Universal (PGU), este tope límite se incrementó en un 50% llegando a US$ 750 millones.

Sin embargo, esta modificación no fue suficiente y, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, a fines de marzo se aprobó un nuevo aumento del monto límite a US$ 1.500 millones, es decir, se triplicó durante el primer trimestre. Con estas cifras, el ministro de Hacienda Mario Marcel, estimó que el Mepco funcionaría normalmente hasta fines de 2022.

Sin embargo, en junio, el monto acumulado de este mecanismo volvió a acercarse al techo de los US$1.500 millones, por lo que tuvo que ser nuevamente ampliado, esta vez llegando a US$ 3.000 millones.

Además, en esa ocasión, detalla el análisis, se modificó la regla establecida en la Ley 20.765 de que el cambio semanal en el precio de los combustibles no debe superar 0,12 UTM (equivalente a $7) por litro. Desde ese entonces, el cambio semanal máximo para todos los combustibles se fijó en 0,8% del promedio de las dos semanas anteriores del precio base de la gasolina 93, permitiendo un mayor traspaso del precio, el cual se vio aumentando en promedio $11 por litro cada semana.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina de 93 octanos está en la Región Metropolitana en $ 1.287 por litro.

Para tener una magnitud del impacto que tiene los menores ingresos que significó el financiamiento del Mepco, el análisis de LyD dice que los US$3.000 millones equivalen a casi 13 hospitales de alta complejidad similar al Hospital Salvador, a la construcción de 74 mil viviendas sociales o al costo de la construcción de la línea 7 del Metro o 3,7 veces el subsidio anual del Transantiago. “Esto demuestra que el gasto público destinado para controlar el precio de los combustibles es extremadamente elevado y el impacto social que podrían tener esos recursos en usos alternativos”, subraya el informe.

Para LyD, el Mepco “no está diseñado para apoyar a grupos específicos, por lo que problemas sociales ligados a los ingresos insuficientes de una parte de la población que requiere apoyo para la compra de combustibles no pueden abordarse a través de mecanismos como este”.