La ministra de Salud, Ximena Aguilera, acudió este martes a la Comisión de Salud del Senado para profundizar sobre el proyecto que está planeando presentar el gobierno este mes al Congreso para evitar una caída del sistema de isapres al momento de aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

Y si bien el máximo tribunal dio un plazo de seis meses desde que se dictó el fallo a fines de noviembre de 2022 para que la Superintendencia de Salud pueda entregar las instrucciones a la industria y así ponerlo en marcha, lo cierto es que el gobierno no descarta la idea de solicitar más tiempo a la Suprema para su aplicación. Hasta ahora, el plazo límite es a fines de mayo. Así lo dio a conocer la ministra de Salud en la sesión.

Allí, la titular de la cartera también aclaró algunas dudas que tenían los parlamentarios sobre el proyecto, por ejemplo, respecto de los plazos. El senador Francisco Chahuán (RN) inició la sesión señalando que desembolsar los US$1.400 millones que trascendieron este lunes que eventualmente tendrían que devolver las isapres por este fallo, “pagarlo en 24 meses se hace prácticamente imposible”.

Es por esto que el senador pidió conocer cómo un monto de esa envergadura se puede pagar en dos años, y recordó que él planteó que puedan ser 36 meses. “Estamos hablando de las utilidades de los últimos 30 años del sistema, y que se pague en 24 meses”, comentó.

La ministra de Salud planteó que en la reunión de este lunes mostraron a los parlamentarios el diagnóstico y las proyecciones respecto de la aplicación del fallo, “a pesar de que les pedimos prudencia y que no se difundieran las cifras”.

En esa línea, dijo que las cifras que presentaron, esto es, el desembolso de hasta US$1.400 millones que eventualmente van a tener que hacer las isapres, fueron “escenarios de proyección de cifras que son en promedio. La situación de las isapres no es homogénea, es heterogénea, y son situaciones promedio que hay que seguir afinando para llegar a los caso a caso”.

Al respecto, también indicó que esto sirve para dimensionar “la magnitud del problema. Nosotros no podemos, de hecho no confirmamos el tamaño de las cifras, pero sí decir que de ese orden se estaba hablando también con la gente de las isapres que comunicó en algún momento la cifra”.

Aguilera recordó que la Suprema definió que las devoluciones se deberán hacer vía excedentes, y “al decir que es por excedentes (la devolución) es mes por mes, o sea, a las personas no se les va a entregar un cheque, sino que mes a mes se les disponibilizarían los fondos en la forma regular como se distribuyen los excedentes en las isapres, y en enero de cada año, si las personas no han usado esos excedentes, se le devuelven”.

Al respecto, agregó que “si fuera el mecanismo regular, nosotros pensamos que los meses que se cobró en exceso, deberían ser los mismos meses que se devuelve, eso no son 24 meses, yo no sé por qué apareció eso en la prensa, porque los 24 meses no se referían a ese tema, sino que la devolución debería ser mes por mes, así como se generó un exceso, así se devuelve, salvo que nuestros modelamientos indiquen que en realidad ese plazo hay que alargarlo, y lo tengamos que poner en la ley. Eso es lo que nosotros estamos viendo”.

La ministra de Salud dijo que “al momento cero empiezan las devoluciones, se hace la suspensión del cobro de los menores de dos años, y la tabla de factores se pospone en el tiempo su aplicación, porque hacer los tres cambios al mismo tiempo, produce la caída de los indicadores en el corto plazo. ¿Cuánto se pospone? Ahí lo que nosotros estamos pensando es que podría ser alrededor de dos años, pero también depende de la modelación. Pero eso podría ser aproximadamente, ese tiempo”.

Y lo explicó así: “Es decir, hay gente que, la baja que implica la tabla de factores, no partiría en el momento cero, sino que se postergaría, pero empezaría a recibir las devoluciones desde el primer mes. Eso pensamos que de alguna forma atenúa el hecho de que efectivamente empiezan las devoluciones, y después les van a seguir las devoluciones por el tiempo que definamos de acuerdo a los análisis de modelamiento”.

Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, insistió en que prefiere no dar números, porque “esa no es la discusión, por lo menos en este momento”.

El superintendente también manifestó que “se hablaba de 36 meses de devolución en algunos ejemplos. Nosotros podemos establecer la devolución mes por mes, si se generan 36 meses de deuda, serían 36 meses de devolución. Si los modelamientos indican que tiene que haber mayor cantidad de meses para el pago de la deuda, y que no sea este principio del mes por mes, debiera estar en la ley entonces esa atribución”.

El senador Juan Luis Castro (PS) consultó cuántos contratos de salud, al aplicar la nueva tabla de factores, quedarían por debajo del precio que tienen hoy. El superintendente dijo que, a la baja, “es como el 30% el que aproximadamente se ve afectado, de la cartera total”.

La ministra insistió en que la idea es dar gradualidad en el cumplimiento del fallo, de lo contrario, advirtió, “si nosotros cumplimos en el momento cero, se produce una crisis financiera, lo que en el análisis de la Superintendencia lleva a que en cuatro meses se afecten los indicadores de las isapres”.

Y como condición para dar esta solución, la ministra señaló que se buscará exigir a las isapres una mayor eficiencia para converger a un equilibrio financiero. “Lo que nosotros estamos planteando, es que tengan condiciones que son básicamente tiempo, y algunas exigencias de eficiencias en las isapres, de manera que ellos logren converger a un equilibrio financiero”, detalló.

Agregó que “podemos otorgar un plazo para que converjan a un equilibrio financiero, y eso vemos que requiere unas medidas que sí podemos obligar en una ley corta, como es el tema del pago a los prestadores, hacerlo más eficiente, como son, por ejemplo, los mecanismos de ventas, los gastos que tienen en administración, que quizás podrían también controlarse”.

Asimismo, la ministra de Salud recalcó que para el gobierno “es importante que no haya retiro de utilidades mientras exista deuda con los afiliados”.

Aguilera sostuvo además que esperan mejorar las atribuciones de la Superintendencia de Salud “para los temas de cambios en los indicadores, o cuando se pueda entrar con controladores, que no queremos que se llegue a esa situación sin embargo. Y estamos tanteando fortalecer y modernizar la protección financiera y sanitaria de los beneficiarios del Fonasa”.

Sobre este último punto, el director de Fonasa, Camilo Cid, explicó que el año pasado recibieron a “378 mil personas, una cifra récord en la historia de Fonasa. Para hacerse una idea, una isapre puede llegar a tener entre 400 mil a 600 mil personas, entonces es prácticamente una isapre mediana la que se trasladó en un año a Fonasa. No toda esa gente viene de isapre, pero sí buena parte”.