Crisis de las isapres: las acciones que ha tomado el directorio del controlador inglés de Cruz Blanca

Pese a los más de 11 mil kilómetros que separan a Chile del Reino Unido, el directorio de Bupa (The British United Provident Association Limited), el controlador inglés de la isapre Cruz Blanca, está siguiendo de cerca todo lo que sucede en el país, y en particular en la industria de isapres, cuya situación los llevó a realizar recientemente una provisión superior a los US$100 millones ($97.164 millones), producto del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

En su balance al cierre de 2022, Bupa expone en un recuadro las “decisiones estratégicas y su impacto en stakeholders”, donde muestra una serie de decisiones tomadas durante el año pasado y cómo se tuvieron en cuenta las opiniones de los stakeholders.

El primer ítem del recuadro es precisamente sobre Chile, y se titula “clientes, reguladores, inversionistas en bonos”. Allí parte explicando que “uno de los negocios de Bupa en Chile, isapre Cruz Blanca, se ha visto negativamente impactado por acciones judiciales y regulatorias”.

Y relata que “el sector de las isapres es único en Chile, ya que, a pesar de ser empresas privadas, forman parte de un sistema de seguridad social más amplio a través del cual los chilenos pueden optar por un seguro de salud público o privado. En los últimos años se ha producido un cambio que ha limitado seriamente la capacidad de Cruz Blanca para fijar precios adecuados para cubrir el riesgo, la inflación médica y la cobertura médica”.

Ahí menciona las acciones que han tomado al respecto, y revela que el directorio de Bupa en el Reino Unido está en constante contacto directo con el directorio de Bupa Chile. “Durante el año, el directorio de Bupa ha seguido de cerca los acontecimientos políticos, legales y regulatorios en Chile. En línea con la política de gobierno de las filiales de Bupa, el directorio de Bupa también ha recibido información actualizada del directorio de Bupa Chile (la empresa matriz de Cruz Blanca)”, señala.

Y agrega que “el directorio de Bupa también recibió información sobre el plebiscito constitucional chileno y las recientes decisiones de la Corte Suprema. El comité de riesgos de Bupa también ha estado monitoreando el riesgo relacionado de ´stroke of pen´”.

La traducción literal de esta última expresión sería ‘de un plumazo’, el término se refiere al riesgo de un cambio que se produce de un día para otro en las reglas que rigen a una industria, y que puede afectar el desempeño financiero de una empresa. De hecho, en otro apartado, sobre “riesgos de políticas gubernamentales y regulatorias”, el balance asegura que “los desafíos que afectan a nuestro negocio de isapres en Chile son un ejemplo del riesgo de ‘stroke of pen’”.

Por otro lado, el estado de resultados de Bupa también dice que “el impacto potencial de las decisiones judiciales y las intervenciones regulatorias en el balance de Bupa es material y se ha revelado una posición de pasivo contingente significativa en los estados financieros consolidados del grupo para 2022. El comité de auditoría de Bupa ha examinado minuciosamente el enfoque de la administración para evaluar este pasivo contingente y asegurarse de que era el adecuado”.

En el mismo recuadro hablan de “consideraciones sobre stakeholders” por el caso chileno. Ahí explican que “tratamos de mantener a las agencias de calificación al día sobre los acontecimientos importantes que puedan afectar a los resultados y el rendimiento del grupo, y seguiremos haciéndolo a medida que evolucione la situación. El directorio de Bupa también ha estado considerando los impactos para los clientes, proveedores, empleados, relaciones regulatorias locales, y la marca local y reputación del grupo y de la compañía, como parte de su supervisión a nivel de grupo de la estrategia en desarrollo de Bupa Chile”.

También hablan del “impacto a largo plazo”, donde mencionan que “el directorio de Bupa continúa supervisando la viabilidad a largo plazo de Cruz Blanca y ha considerado una amplia gama de posibles resultados adversos de la sentencia de la Corte Suprema de Chile (...) en su evaluación de la viabilidad a largo plazo de la sociedad y del grupo”.

En otro apartado, el balance habla de los “riesgos judiciales y reglamentarios en Chile”. Sobre ello, menciona que “el Comité ha supervisado los riesgos judiciales, regulatorios y políticos relacionados con nuestro negocio de isapre en Chile durante todo el año y la respuesta de la gerencia para mitigar estos riesgos. Estos riesgos aumentaron durante el año tras el cambio de gobierno en Chile, con una mayor incertidumbre política, y se acentuaron aún más tras un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2022 que afectó a toda la industria de isapres”.

Por otra parte, sobre el fallo de la Suprema, aseguran que “dado el número de variables en la determinación de las cantidades que pueden necesitar ser devueltas a los clientes, y la falta de claridad sobre cómo la Superintendencia de Salud determinará la forma en que el fallo se aplicaría en la práctica, los directores han determinado que no es posible estimar de forma fiable el pasivo relacionado”.

Por lo tanto, puntualizaron que este “se presenta como un pasivo contingente. Los directores han revelado una indicación del impacto financiero en relación con el capital mantenido para este asunto a efectos del reporte sobre Solvencia II del grupo”. Esto es, una provisión de 100 millones de libras (unos US$120 millones).