Una serie de reflexiones marcaron la intervención del presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Sergio del Campo, en el marco del 21° Encuentro Anual de las Energías Renovables y el Almacenamiento. La cita anual del principal y más tradicional gremio que agrupa a empresas enfocadas en las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se dio en medio de un ambiente marcado por las salidas de socios, entre ellos, Acciona Energía, una de las firmas que ayudó a fundar la asociación.

El punto fue abordado sucintamente por Del Campo en su discurso, al defender el rol que cumple Acera desde hace más de dos décadas en la promoción de proyectos renovables en todas sus escalas de desarrollo. En esa línea, el mandamás de la entidad señaló que “buscamos representar siempre el mejor interés de todos nuestros socios, no obstante la diversidad existente al interior de nuestra asociación”, y defendió la manera en que se han adoptado decisiones en la agrupación.

“Somos una asociación que tiene una clara gobernanza y que toma sus decisiones democráticamente. Como asociación gremial no siempre es posible resolver todos los problemas de los distintos socios, particularmente cuando derivan de situaciones vinculadas a decisiones comerciales que cada empresa toma libremente”, indicó Del Campo.

Una de las decisiones adoptadas por el presidente del gremio fue criticada duramente por tres empresas -RWE, Acciona y Cerro Dominador- tras el envío de una carta a la Comisión de Minería y Energía del Senado, sin antes ser consultada con ninguno de los 15 miembros del consejo general que conformaban, en ese entonces, el órgano directivo de la asociación.

Y aunque en su mensaje Del Campo no los nombró directamente, el comentario aludió particularmente a la situación que enfrenta Acciona Energía, que en julio del año pasado solicitó activar el mecanismo de revisión del precio de la energía que se adjudicó en la licitación de 2015/01. Hace casi una década, la filial en Chile del grupo español se adjudicó dos contratos con un precio de US$54,9 por MWh, pero su intento por elevarlos a un valor cercano a los US$77 por MWh fracasó en junio de este año, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) rechazó dar cursos a la solicitud.

Si bien el episodio marcó un hito en el sector, al ser la primera vez que un generador busca activar la revisión de precios, aún no ha sido resuelta como discrepancia ante el Panel de Expertos, órgano colegiado encargado de dirimir los conflictos en el sector eléctrico. Más aún, pone de manifiesto la delicada situación financiera que enfrentan empresas del sector.

Más allá de eso, Del Campo remarcó que “hemos sido protagonistas de la transformación de nuestro sector y queremos seguir siéndolo, en base a una discusión diversa desde las distintas vocaciones que coexisten en nuestra asociación, técnicamente fundada sobre la base de criterios de libre competencia y certeza jurídica”.

Sergio Del Campo también abordó una de las áreas de conflicto que vive el sector eléctrico en su mensaje: la permisología. En esa línea, aseguró que “el sector eléctrico está atravesando hoy una de las crisis más importantes de su historia”, lo que también calificó como una “paradoja” por la cada vez mayor penetración de energías renovables, las que en el último año aumentaron en 3.000 MW su participación en la matriz energética chilena, alcanzando los 18.371 MW. Del total, cerca de 500 MW que se han sumado al campo generador provienen de tecnologías de almacenamiento.

“El sector energía se ha transformado en un motor de nuestra economía. En la actualidad existen cerca de 170 proyectos de energía en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a nivel nacional, los cuales representan una inversión del orden de US$38 mil millones”, graficó Del Campo, enfatizando que un aspecto “crítico” para dichos proyectos pasa por “la excesiva demora en la tramitación y obtención de los permisos”.

“Más allá de episodios recientes, como el del proyecto de almacenamiento de Colbún o la iniciativa de transmisión zonal Itahue-Hualqui de la empresa Celeo Redes, conocido por todos, es urgente e imprescindible que el Estado tome cartas en el asunto y explore distintas alternativas en todos los niveles posibles desburocratizar los procedimientos y propender a un sistema con plazos razonables que hagan viable invertir en nuestro país”, indicó.

Al respecto, presentó una solicitud del gremio a la autoridades. “Proponemos explícitamente impulsar un sistema alternativo de evaluación ambiental para aquellos proyectos cuyo objetivo sea la generación de energías renovables y los sistemas de transmisión que viabilizan la inyección de estas energías limpias”, señaló, y agregó que la modificación en curso al reglamento del SEIA “elimine la tramitación posterior de los permisos sectoriales mixtos, y los incorpore en la evaluación ambiental, entendiéndose otorgados juntos con la Resolución de Calificación Ambiental, además de la uniformidad en el criterio de evaluación en las distintas regiones de nuestro país”.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, presente en la ocasión junto al ministro de Energía, Diego Pardow, recogió el guante. “Junto con el Servicio de Evaluación Ambiental estamos trabajando en una reforma al reglamento, está bastante avanzado, y uno de los objetivos principales es que de estos 30 permisos que existen, llamados permisos sectoriales mixtos, que tienen una parte medio ambiental y otra parte sectorial, (estamos) trabajando para que prácticamente todos terminen siendo ambientales y que puedan ser evaluados dentro del proceso, y también entregados por los respectivos servicios dentro de la evaluación que hace el SEIA”, indicó.

Sergio Del Campo también abordó la polémica que se ha desatado contra la propuesta del Ejecutivo de ampliar el subsidio eléctrico, recurriendo a los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). El presidente de la instancia gremial recordó que la necesidad de aumentar la cobertura del beneficio se origina en los efectos del congelamiento de tarifas.

“Compartimos que se deben buscar soluciones al impacto social de esta situación, pero ello debe hacerse sin erosionar la confianza de los inversionistas y de la banca internacional en el compromiso de Chile con las energías renovables”, añadió, agregando que “respuestas de la autoridad que no vayan en esta línea, como es el proyecto de ley de subsidios, tendrán inevitablemente un efecto contraproducente que causará daños que podrían ser muy profundos y que tarde o temprano llegarán al cliente final”.

En esa línea, planteó que “este subsidio se debe asumir a través de rentas generales provenientes del Presupuesto nacional”, puntualizando en que “los recursos que el gobierno busca para financiar el subsidio representan sólo el 0,25% del presupuesto nacional, que es de US$92.000 millones”.

Así, remarcó que “no es razonable lesionar la reputación, estabilidad regulatoria y certeza jurídica de nuestro país que ha sido construida por décadas”.