En paralelo a los diálogos sociales por la reforma de pensiones, el gobierno llevó adelante consultas técnicas, para que pudiesen participar organización o personas que no estaban consideradas en el diálogo social tripartito. Estas instancias estuvieron a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) del Trabajo y Previsión Social, la Delegación Presidencial u otra autoridad de cada región.

El documento del que dio cuenta este lunes en el comité político la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recoge los resultados del diálogo social tripartito que impulsó el gobierno, pero también entrega detalles sobre estas consultas técnicas, el cual fue realizado por UNIT con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ahí revela que se realizaron 67 consultas técnicas, en las cuales participaron 130 personas, donde el 62,3% fueron hombres y un 37,7% mujeres. El 90,8% los asistentes representó a alguna de las 61 organizaciones. que acudieron, mientras que un 9,2% asistió como persona natural.

Del total de organizaciones que participaron a nivel nacional el 24,6% fueron organizaciones sociales. Entre ellas, la Agrupación Cultural de Artesanía Manos Amigas, Organización Con mi Plata No, Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos Sexta Región, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.

Por otro lado, un 16,4% fueron centros de estudio o pensamiento, donde estuvieron el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Ciedess, Comunidad Mujer, Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, Fundación Chile 21, Libertad y Desarrollo, Fundación Sol, Instituto Igualdad, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

En tanto, un 22,9% fueron organizaciones empresariales, donde estuvieron todas las AFP, AmCham, la Asociación de Aseguradores, Asociación de Emprendedores de Chile, Asociación de AFP, Cámara de Comercio de Coquimbo, PwC, y Sura Asset Management.

Además, un 21,3% fueron organizaciones de personas trabajadoras, entre las que estuvieron la Asociación de Jardines Infantiles, Asociación Gremial de Asesores Previsionales, Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, Federación Minera de Chile, entre otras.

Asimismo, un 11,5% fueron organizaciones de personas pensionadas, y un 3,3% fueron organizaciones de educación.

En la síntesis y hallazgos que aparecen en el documento que expresaron en las consultas técnicas, se menciona que hubo acuerdo “respecto al diagnóstico, en donde se reconoció que el sistema previsional actual entrega un monto de pensiones que resultan insuficientes y se requiere una reforma. Se señaló que esta discusión debe considerar una mirada amplia, en cuanto involucra distintos factores como el mercado laboral y financiero, el sistema de salud, la tasa de crecimiento poblacional, entre otros”.

Y el documento muestra cuáles fueron las propuestas integrales, que se refieren a aquellas propuestas que consideran alguna dimensión del sistema en general. Ahí se señala en el ítem “tipo de sistema” que “en un extremo, algunos actores plantearon mantener el sistema actual de Capitalización Individual administrado por las AFP, enfatizando la importancia del ahorro y de la propiedad de los fondos de capitalización individual por parte de las personas cotizantes”.

Y dice que “esta postura, planteada especialmente por las organizaciones empresariales y algunos centros de estudios, considera, además, que el principio de solidaridad en el sistema se encuentra recogido en el Pilar Solidario, aunque reconocieron que se debería aumentar con contribuciones del Estado y difirieron entre actores del mismo rubro respecto a si corresponde a todas las personas (universal) o debe aplicarse de manera focalizada”.

Agrega que “en otro extremo, diferentes actores proponen crear un nuevo sistema de reparto y solidario con financiamiento tripartito de los trabajadores, las empresas y el Estado, y con un Fondo de Reserva Técnica para su capitalización. Ello implicaría la creación de un sistema de previsión social basado en la solidaridad entre generaciones, es decir, del traspaso de parte de la riqueza actual que los pensionados contribuyeron a crear, desde las generaciones activas a las pasivas”.

Y dice que “quienes apoyan esta propuesta sostienen que se podría mantener la continuidad del poder adquisitivo de la persona pensionada, con pensiones definidas en relación con los años de imposiciones y las remuneraciones obtenidas en su vida activa”.

Finalmente, el documento menciona que “otros actores correspondientes a organizaciones de trabajadores, sociales y centros de estudios propusieron mantener el modelo actual multipilar (Pilar Solidario, Pilar de Capitalización Individual y Pilar de Ahorro Voluntario), e incorporar un cuarto Pilar de Ahorro Colectivo, generando una especie de modelo mixto de pensiones a través de Capitalización Individual y reparto”.

Sobre la cotización tripartita hubo consenso transversal, y en general también hubo acuerdo en subir la tasa de cotización. En la administración del sistema hubo posturas opuestas, algunos plantearon mantener las AFP, otros dijeron que actores privados no corresponden a un derecho social, y una postura intermedia apuntaba a que siguieran existiendo las AFP pero que también se creara un ente público.