Siguen los problemas al interior del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El 15 de octubre, cuatro funcionarios interpusieron una denuncia de tutela laboral en contra de la entidad y su dirección ejecutiva, liderada por Valentina Durán Medina, acusando vulneración de derechos fundamentales en el marco de un ambiente laboral descrito como hostil, violento y profundamente negligente. Los demandantes —Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Camila Ramírez y Diego Trecaman— señalan haber sido objeto de maltrato, acoso laboral y discriminación por parte de superiores, entre los que se menciona a Juan Cristóbal Moscoso, Macarena Gross, Andrea Peña, Camila Carrasco y Andrea Paredes. A través de sus testimonios, los denunciantes describen una atmósfera que, según sus palabras, “desconoce los valores de protección” y en la cual impera “un sistema de violencia tolerado por la Dirección”.

Se trata de la tercera acción judicial en contra de la administración que lidera la directora ejecutiva del SEA Valentina Durán. Esto luego que el 14 de diciembre de 2023, Bárbara Rojas, ingeniera ambiental, interpusiera la primera acción judicial, denunciando haber sufrido acoso. Posteriormente, Jimena Hevia, geógrafa y jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, también presentó una demanda, acusando un “ambiente laboral tóxico”.

En esta nueva denuncia, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se relatan múltiples situaciones de maltrato: “gritos, descalificaciones, omisiones y comparaciones humillantes” son descritas como prácticas habituales, y en algunos casos, los funcionarios relatan haber recibido amenazas de despido si expresaban opiniones profesionales divergentes. “Se les intimida con despidos por opinar diferente”, reza el documento, agregando que estas conductas se mantienen en un contexto de “absoluta indiferencia” por parte de la dirección, que “ha priorizado la protección de las jefaturas denunciadas”.

Camila Sepúlveda, geógrafa en el Departamento de Participación Ciudadana y Evaluación del Medio Humano, detalla que, tras su ingreso, fue advertida de las “actitudes y prácticas que debía adoptar para evitar incomodar a sus superiores”. Ella narra que “imponen sus puntos de vista mediante gritos, tono autoritario, invalidando la opinión profesional de los subordinados”. En una de las reuniones, según describe, el jefe de División, Juan Cristóbal Moscoso, llegó tarde, lanzó su taza de café sobre la mesa y, sin dirigir la mirada a los presentes, comenzó a increparla con preguntas ininterrumpidas que ella trataba de responder en medio de “un ambiente de presión y temor”.

Para el abogado patrocinante, Ricardo Encina, las acciones relatadas por sus representados configuran un “desprecio a la calidad de persona” y denuncian una “renuncia al principio de objetividad y a la obligación de proteger a las víctimas” por parte del SEA. Encina acusa que la dirección del SEA “no solo ha ignorado las denuncias de acoso, sino que ha priorizado la defensa y capacitación de los jefes denunciados, gastando enormes recursos públicos en su protección, mientras ignora los derechos de quienes han sido vulnerados”.

Según el contenido de la demanda, Moscoso es señalado como el líder de una cultura organizacional de maltrato y abuso de poder, apoyado por otras jefaturas de confianza, como Macarena Gross, Andrea Peña, Camila Carrasco, y Andrea Paredes. Estas personas, designadas directamente por Moscoso, ejercen supuestamente prácticas de maltrato y acoso hacia funcionarios del SEA, contribuyendo a un ambiente laboral hostil, dice la acción legal.

En la demanda, los trabajadores denunciaron un “clima de miedo e intimidación” en el SEA. Según relatan, en una reunión de coordinación del 15 de junio de 2023, un funcionario preguntó a Moscoso sobre la asignación de espacios en el piso 20 ante la llegada de nuevos profesionales. Aunque Moscoso respondió sin conflicto, los compañeros del funcionario le advirtieron sobre posibles repercusiones por “exponer” al jefe.

Desde el SEA indicaron que “ante esta demanda, mientras exista un litigio no podemos pronunciarnos ya que debemos cuidar la dignidad y derechos de todos los funcionarios y partes involucradas evitando una eventual revictimización. La Dirección Ejecutiva del SEA tiene un compromiso firme con la promoción de ambientes laborales sanos y seguros, lo que se expresa en un completo programa de fortalecimiento del clima y del liderazgo. Esto incluye indicadores de gestión, acciones de formación y una serie de actividades e iniciativas con foco en el bienestar funcionario.”

Otro de los demandantes, Diego Trecaman, sociólogo en el mismo departamento, describe que “al presentar las denuncias, la dirección no adoptó medidas en favor de las víctimas” y, por el contrario, optó por reafirmar el apoyo a los denunciados, “actuando con indiferencia y desdén”. Según Trecaman, el ambiente laboral en el SEA refleja una “falta de ética” y “negligencia en la protección a las víctimas de acoso”, dado que, en sus palabras, “las denuncias de maltrato y acoso se prolongan, sin que las investigaciones rindan frutos y sin que la dirección intervenga de forma oportuna”.

La demanda también destaca que aquellos que han denunciado las situaciones de acoso han sido sujetos a represalias. Camila Paz Ramírez Díaz, química ambiental y evaluadora especializada en aire y olores en el Departamento de Especialistas y Cambio Climático, relata que, tras expresar su malestar por el maltrato recibido, fue excluida de sus funciones, se le negaron oportunidades de desarrollo profesional y fue ridiculizada en reuniones. “Se actúa de manera sistemática para intimidar y menospreciar a los colegas, creando un ambiente de trabajo hostil y desmotivador”, describe. La presión que experimenta su equipo es tal que, según el documento, “en menos de seis meses desarrollamos alrededor de 136 tareas, todas de prioridad media o alta, sin apoyo adecuado y bajo una vigilancia constante de nuestras cargas de trabajo, mientras otras divisiones recibían apoyo ante las mismas demandas”.

Los demandantes también exponen una cultura organizacional donde el temor y la humillación son utilizados como métodos de control. Lu Contreras Ortiz, administradora pública y evaluadora ambiental, señala que “la dinámica de violencia e intimidación” es tolerada e incluso incentivada por la dirección. Contreras describe incidentes en los que fue presionada a revelar información confidencial sobre colegas que renunciaban, y testimonia cómo las actitudes de sus superiores la han llevado a “sobrepensar cada comentario” por temor a represalias. En una ocasión, Camila Carrasco, una de sus jefas, llegó a intimidar a un colega que se solidarizaba con ella, advirtiéndole con el gesto de “cuidado con ella”, dejando claro que cualquier intento de apoyo a los denunciantes podría traer consecuencias.