“Ya, cabros. Leyeron bien. Ahora, $10 millones a repartir en siete minutitos entre quienes estén conectados en nuestro en vivo. Estamos aquí en Casino Nano. Miren, tenemos la ruleta desde la que vamos a hacer transferencias a toda la gente que nos esté viendo”.

Es cerca de la medianoche del viernes 31 de octubre y Hernán Calderón Argandoña, influencer y protagonista de una serie de polémicas, sube a sus historias de Instagram un llamado a participar en su nuevo emprendimiento: Casino Nano.

En paralelo, en YouTube, César Huispe, creador del canal Críticas QLS interrumpe uno de sus videos para promocionar “a nuestro patrocinador de siempre, OnexBet”. “OnexBet es el sitio líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. Hay una gran variedad de tragamonedas como ya les había dicho, raspes para jugar gratis”, dice.

También en Instagram, Arturo Longton, influencer y exparticipante de realities, destaca los millonarios beneficios de apostar en este tipo de plataformas. “A todos los que les gustan las máquinas de Pragmatic, les cuento que en juegaenlinea llegaron tres máquinas que están filete. Les voy a subir un video en el que jugué recién y recuerden los que no se han registrado, registrarse con el código Leyenda. Suerte, que tengan un muy buen fin de semana. No vayan al casino, es mucho mejor jugar desde el celular en la casa, que ir a meterse a un casino”.

A raíz de la activa promoción de los influencers de las plataformas online de casinos, Pulso PM consultó a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) si estos arriesgan algún tipo de sanción y qué medidas estaba tomando. El regulador respondió por escrito y reconoció que no cuenta con facultades de fiscalización para abordar este tipo de negocios. Sin embargo, denunció que estos sitios operan de manera ilegal e hizo un llamado a acelerar la tramitación del proyecto de ley que regulará la actividad.

“Las plataformas de apuestas en línea operan de manera ilegal, no es posible hacer un análisis respecto del impacto económico en los casinos de juego. Lo que sí es grave es que exista una actividad que funcione al margen de la ley, sin pagar impuestos, lo que claramente genera una competencia desleal”, explicó la SCJ.

Sin perjuicio de ello, “en el contexto de las atribuciones generales que tiene la Superintendencia de denunciar el juego ilegal, ha denunciado ante el Ministerio Público plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea de manera ilegal, las que operan sin regulación y fiscalización; sin pagar impuestos; sin transparencia en la generación de resultados; sin protección de los derechos de los clientes frente a eventuales fraudes y manipulación de los datos personales que entregan al suscribirse; sin una política de juego responsable y protección de menores; sin cumplir con las obligaciones establecidas en la ley de la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo en nuestro país; entre otras externalidades negativas”, sostuvo.

Desde 2018 la Superintendencia ha realizado 58 denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con 193 plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea de manera ilegal. Cabe señalar que en 2024 se han presentado 10 denuncias, una de las cuales incluye a 135 páginas web.

El número de plataformas denunciadas por la SCJ ha subido de manera exponencial este año: 2018 (1); 2020 (7); 2021 (7); 2022 (18); 2023 (15) y 2024 (145).

La Superintendencia de Casinos y Juegos explicó que “al tratarse de una actividad ilegal no tenemos conocimiento respecto del origen de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea. Esta es una de las razones por la que es urgente que avance el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso”.

“En nuestro país los juegos de azar constituyen una actividad económica que en principio es de naturaleza ilícita, que sólo puede funcionar excepcionalmente, a través de una ley específica que los autorice y regule de manera detallada, como es el caso de la Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción S.A., los hipódromos y los casinos de juego”, afirmó el organismo.

Y detalló que “para la explotación legal del juego de azar en línea rige la misma exigencia: debe haber habilitación legal expresa y previa que permita su funcionamiento. Es decir, mientras no se dicte una ley que las autorice y regule, se trata de una actividad ilícita”.

“Tanto es así que, en septiembre de 2023, la Corte Suprema dictó un fallo que estableció con claridad la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea. Esto confirma lo establecido en distintos cuerpos legales, en orden al carácter ilegal de la actividad en tanto ésta no cuenta con una Ley expresa que la habilite”, concluyó.

Carlos Baeza, abogado de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y Betwarrior), explicó que “Las apuestas en línea en Chile no están prohibidas y constituyen hoy un mercado no regulado. En general, un principio básico de todo ordenamiento jurídico es que, en el marco del derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por el contrario, en el derecho público, solo está permitido aquello que está expresamente establecido en la ley. No existe ninguna disposición ni constitucional, ni penal ni civil que prohíba las apuestas en línea; por tanto, la afirmación que sostiene que son ilegales es completamente equivocada”.

Añadió: “Esta afirmación, sostenida por la Superintendencia de Casinos de Juego, es solo eso, una afirmación, ya que este organismo jamás ha desarrollado las razones y fundamentos normativos que la sustenten. Simplemente se han limitado a señalar que “todos los juegos de azar en Chile están prohibidos, salvo que una ley expresamente los autorice”, afirmación que no solo es equivocada, sino que carece de sustento normativo alguno. Por otra parte, la Superintendencia de Casinos de Juego es un organismo cuyas atribuciones se limitan únicamente a los juegos de azar que se desarrollan dentro de los casinos de juego, nada más”.

Según Baeza, “la estimación que contiene el proyecto de ley de regulación habla de una recaudación cercana a los US$50 millones anuales. Las autoridades del Ministerio de Hacienda han corregido ese número en los últimos meses a cerca de US$90 millones anuales. Nosotros creemos que esta estimación de recaudación es insuficiente y que la industria debería aportar mucho más al Fisco una vez regulada. Más allá de la recaudación fiscal, una regulación adecuada es la única forma de generar una debida protección a los usuarios”.