En octubre del año pasado se conoció que Clínicas de Chile, el gremio que agrupa a los principales establecimientos de este tipo del país, envió una carta al director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, advirtiendo sobre “deficiencias” en el arancel que dictó el asegurador público para la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

Esta nueva modalidad de atención que busca crear Fonasa, y que debería ser lanzada este año en el país tras haber sido aprobada el año pasado por el Congreso en la ley corta de isapres; apunta a que los cotizantes puedan acceder, junto con sus cargas legales, a una red amplia de clínicas privadas, con una mejor cobertura de la que tiene hoy la Modalidad Libre Elección (MLE), especialmente en el segmento hospitalario. Para ello, se deberá destinar el 7% de la cotización de salud, además de pagar una prima plana complementaria por persona beneficiaria, con la que se financiará un seguro complementario diseñado y licitado por Fonasa a las compañías de seguros.

Pero a juicio de la carta que envió en esa ocasión el gremio que agrupa a las clínicas del país, “para el funcionamiento efectivo de la MCC, es un imperativo la participación de los prestadores privados, quienes junto con la intención de ser parte, deben contar con condiciones mínimas que les permitan hacerlo. Para ello, resulta vital que los aranceles cubran los costos de las prestaciones que se deban otorgar bajo este nuevo sistema”.

Pasó desapercibido, pero a raíz de esa carta que envió Clínicas de Chile a Fonasa, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al cierre del año pasado ofició a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que emita “un pronunciamiento respecto de la pertinencia y/o legalidad de la carta dirigida al Director del Fonasa por parte de la Asociación de Clínicas Privadas de Chile AG, en relación con el funcionamiento de la MCC y el valor de los aranceles de las prestaciones. Al respecto, interesa conocer las medidas que se adoptarán para determinar eventuales responsabilidades, en caso de corresponder”.

Ese oficio también fue enviado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía. Y junto con ello, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Helia Molina (PPD), adjuntó una carta anexa, donde señala que “el arancel de la MCC fue anunciado hace algunas semanas por Fonasa y, al poco tiempo”, Clínicas de Chile envió esta carta.

“Causa una profunda extrañeza que una asociación gremial aborde en sus sesiones cuestiones tan delicadas como el valor de aranceles de prestaciones, las discuta y defina una posición ´de bloque´ al respecto, toda vez que por normativa legal las asociaciones gremiales tienen prohibición de discutir temas relacionados con precios, servicios, costos y coberturas”, señala la misiva.

“No pongo en duda el derecho de los privados a participar de las soluciones a los problemas que enfrenta la salud de nuestro país. Al contrario, son parte importante de la provisión mixta de la atención de salud en el país, pero eso no puede significar que haya el más mínimo atisbo de concertación para intentar subir los precios que puede pagar el seguro público de salud que protege a la inmensa mayoría de las personas que viven en Chile”, agrega.

Asimismo, afirma: “La carta en cuestión constituye un indicio de que podrían existir coordinaciones y/o acuerdos destinados a afectar la libre y sana competencia que tendría que darse entre los prestadores privados para participar de la MCC. Sería extremadamente grave que un gremio haya evaluado y discutido sobre aspectos en los que tiene una prohibición expresa de tratar”.

Sin embargo, desde el gremio descartaron dichas acusaciones. “Clínicas de Chile descarta enfáticamente cualquier infracción a la legislación de libre competencia”, señala la asociación en una declaración.

Agregaron que “el sector prestador privado de salud agrupado en nuestra asociación, actúa con altos estándares éticos y de cumplimiento regulatorio, teniendo siempre como fin de su actuar, el poner las necesidades del paciente en el centro de su preocupación, como hemos demostrado en múltiples ocasiones de colaboración activa con la salud de los chilenos, tales como la pandemia, resolución de listas de espera, campañas de invierno, entre muchas otras”.

También señalaron que “la situación descrita en los mencionados oficios se origina por una carta que fue de conocimiento público, enviada por nuestro gremio a Fonasa, con el único fin de colaborar proactivamente y aportar antecedentes para la implementación de la política pública relativa a la MCC. En ese contexto, el propósito de dicha carta no es otro que entregar elementos que permitan la participación de la mayor cantidad de prestadores privados en el sistema que se busca implementar para así darle mayor viabilidad, siempre buscando lo mejor para el paciente y bajo la premisa de completa libertad e independencia de cada prestador para definir individualmente si participa o no, como de hecho ha ocurrido, con clínicas adscritas y otras no”.

Por último, señalaron que “estamos absolutamente disponibles para aclarar cualquier duda, en el entendido que nuestro rol en la salud de los chilenos es esencial y nuestra reputación y responsabilidad activos invaluables”.

La misiva que envió la diputada Molina a la FNE, entre otras autoridades, recuerda que Bupa luego de esa carta que enviaron las clínicas, igualmente manifestó su intención de adherir a la MCC. “No se entiende entonces que la Asociación de Clínicas Privadas, en carta firmada por su presidente, haya declarado que ´para ello, resulta vital que los aranceles cubran los costos de las prestaciones que se deban otorgar bajo este nuevo sistema´”, advierte la misiva.

También dice que “en momentos en que la fe pública está en juego y en que arrastramos una historia de graves casos de colusión denunciados, investigados y sancionados (gas, papel higiénico, pollos, remedios, casinos, etcétera), no debemos dejar pasar estas actuaciones, que no solo buscan generar desajustes en el diseño de la política pública, sino que también dejan en claro que debemos ser inflexibles como autoridades y reguladores en el correcto cumplimiento de la normativa vigente sobre libre competencia y asociaciones gremiales”.

Por último, pide a los ministros y al fiscal nacional económico adoptar las medidas pertinentes, y solicita “a las autoridades competentes (FNE u otra) revisen las actas de directorio” de Clínicas de Chile “en las que adoptó la decisión de enviar la referida carta a Fonasa y también que la referida Asociación Gremial entregue copia de todas las comunicaciones (cartas, correos electrónicos, mensajes de whatsapp, etcétera) que sus directores o ejecutivos hayan remitido durante los últimos cinco años a Fonasa, Minsal, o a cualquier otra entidad pública o privada que digan relación con precios, coberturas de salud, costos, licitaciones públicas o privadas y, en general, cualquier otra comunicación en que se hayan abordado estas temáticas”.