Dirección del Trabajo obliga a farmacia a cerrar local tras ser asaltada y exdirectores rebaten decisión

A mediados de la semana pasada, un local de farmacias Salcobrand ubicada en La Cisterna fue asaltada por un grupo de personas, en los llamados turbazos, tras lo cual, la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente decidió suspender las funciones a público de esa tienda.

La decisión se adoptó luego de una denuncia hecha por Federación de Trabajadores de Farmacias responsabilizaran a la empresa de no contar con las adecuadas medidas de seguridad para los trabajadores.

“La Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente instruyó una fiscalización donde constató que, en el lugar de trabajo los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno. Debido a que era imperioso asegurar la protección de la vida y la salud de los trabajadores (artículo 184 bis del Código del Trabajo), el equipo de fiscalización suspendió las labores del local y requirió al empleador que adoptara las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras del local”, explicó a Pulso la Dirección del Trabajo.

De acuerdo a lo señalado por la DT, “la causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. Además, se fiscalizó la documentación laboral, de higiene y seguridad y el protocolo de prevención de riesgos ante actos de vandalismo”.

Esta interpretación de la ley fue cuestionada por dos exdirectores del Trabajo, quienes se mostraron contrario a la decisión adoptada por la autoridad.

Uno de ellos es Mauricio Peñaloza quien lideró la DT entre 15 de marzo de 2018 y el 10 de febrero de 2020. “El hecho de que haya robos o problemas de seguridad escapa de lo que está dentro de las obligaciones que tiene el empleador ya que es deber del estado a través de la fuerza pública el asegurar la seguridad de la población. Por lo tanto, discrepo absolutamente que la dirección del trabajo le traslade una responsabilidad así a los empleadores”, indica el abogado, quien añade que “esa es una norma laboral que apunta a temas que estén dentro del control de la empresa propiamente tal, pero no algo externo que no depende de lo que pueda hacer la empresa”.

Mientras que Lilia Jerez que estuvo al mando de esa institución entre 17 de agosto de 2020-20 de abril de 2022 menciona que “si bien el empleador tiene la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, eso es dentro de un contexto laboral y ese contexto labor está limitada a lo que pueda ocurrir al interior de la empresa y de lo que pueda ser manejado por la empresa, pero acá cuando estamos en presencia de un delito por la ola de violencia que estamos viviendo, no podemos hacer imputable al empleador un hecho que no es manejable por la empresa”.

Para la abogada, si eso fuera así, “todas las empresas que atienden a público podrían ser suspendidas en su atención a público, ya que están expuestas a esos hechos de delincuencia”. Con esta medida, “se está traslado una responsabilidad que es del estado a una persona particular que es el empleador”.

La empresa presentó ante la DT los cambios a las medidas de seguridad y por ello ya volvió a atender público.