Economista Jorge Hermann: “El gas natural no es un monopolio natural, como señala el ministro Grau”

El economista, director de Hermann Consultores, académico de la Universidad de Chile y exintegrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Jorge Hermann, refuta la visión del gobierno sobre el mercado del gas natural y critica la idea de avanzar en la fijación de precios para esta industria, según lo anunciado la semana pasada por el Presidente Boric en su primera cuenta pública.

El gobierno anunció un proyecto de ley que fijará las tarifas para la distribución de gas natural, ¿qué le parece este cambio que se impulsará?

-Fijar tarifas es un error, porque frente a un alza de costos productivos que no van de la mano con alzas tarifarias, se genera una compresión de márgenes de comercialización, lo que acarrea desinversión, menor calidad del servicio o, incluso, la quiebra de la empresa. Se debe mirar la experiencia en Argentina y en Venezuela en la materia, para ver lo que pasó.

¿Por qué no es el camino si se aplica en otros sectores que son monopolios naturales?

-El gas natural no es un monopolio natural, como señala el ministro (Nicolás) Grau, donde la venta del producto lo realiza una sola empresa. El gas natural compite con el gas licuado, kerosene, electricidad y leña en calefacción, por ejemplo. Además, la reconversión de gas natural a licuado es asequible: en una cocina cuesta $25 mil y en un calefón $40 mil.

Pero hay casas o departamentos que tienen solo gas natural y no puede optar. ¿Por qué dice que no es monopolio natura, hay otras empresas que puedan comercializar gas natural?

-La reconversión entre tipos de gas es posible y viable económicamente, es decir hay competencia. Además, existen otros sustitutos (electricidad y parafina) para las actividades dentro del hogar.

¿Cómo se debe combatir entonces el eventual mal comportamiento de una empresa si se utilizó un resquicio legal para generar más utilidades?

-La solución es simple, en la ley actual hay que incorporar que el chequeo de rentabilidad sea por grupo económico.

El fiscal nacional económico recomendó como solución para los consumidores que se derogue el artículo 12 transitorio y se dicte un nuevo artículo en la Ley de Servicios de Gas en el que se establezca “que la rentabilidad máxima se calculará tomando en cuenta no sólo la rentabilidad de la empresa distribuidora de gas natural, sino que la rentabilidad de todas las empresas del grupo empresarial que participan en el negocio del gas natural”. ¿Qué le parece esa propuesta?

-No hay que derogar el artículo transitorio porque lo esté utilizando Metrogas hoy. Lo que hay que hacer es agregar un artículo al final de la ley que señale que el chequeo de rentabilidad es por grupo económico, para que de aquí en adelante el cálculo considere a Metrogas y Agesa. En una semana el Congreso realiza la modificación legal, no hay que darse más vueltas.

El gobierno también se hará parte de la demanda interpuesta por asociaciones de consumidores. ¿Ayudará a fortalecer esa demanda?

-La decisión anunciada por el ministro Grau es meramente política. La demanda será inefectiva, porque Metrogas está actuando acorde a la ley. Otra cosa es que la ley haya quedado mal planteada en el segundo gobierno de Bachelet.

Con respecto al mercado del gas licuado, ¿qué le parece la fórmula anunciada, donde Enap jugará un rol importante en la distribución de los cilindros?

-Hay que tener cuidado que Enap participe de la distribución minorista, porque tiene un poder monopólico relevante en el mercado de los combustibles. Hoy la empresa actúa en la producción y venta mayorista del 20% del consumo nacional del gas licuado, en las refinerías de Biobío, Concón y Magallanes, y en las plantas de Linares y San Fernando. Hoy el gas licuado es el único combustible que no tiene mecanismo de estabilización de precios y la solución es entregar subsidios focalizados a los hogares que compran balones de gas a precios rebajados, según los acuerdos entre empresas de gas licuado y municipalidades.

¿Por qué cree que este mercado, el del gas, no ha sido lo suficientemente competitivo?

-La competencia existe. Por ejemplo, en la calefacción existen varios sustitutos como gas natural, gas licuado, kerosene, electricidad y leña. Además, la reconversión entre tipos de gas es asequible.

¿Ve algún indicio de colusión de precios o de alza artificial de precios?

-El precio del gas licuado ha aumentado por el alza del petróleo a nivel internacional. En la canasta del IPC se observa que el gas licuado ha aumentado un 22% anual y el gas natural en un 17% anual en abril de este año, mientras que la gasolina ha crecido un 30% anual y el diésel un 51% anual, con Mepco incluido. Caso aparte es el kerosene, que ha subido un 81% anual en abril pasado. Las cifras hablan por sí solas.

Otro de los anuncios entregados en la cuenta pública fue el desafío de mejorar la productividad del país para que pueda volver a crecer 1,5% anual. ¿Lo ve factible? ¿Qué se debe hacer y cuándo se podría alcanzar?

-Es una utopía la meta de que la productividad crezca un 1,5%. La incertidumbre económica es brutal con la Convención Constituyente, lo que hace imposible su cumplimiento. Prueba de esto es que el flujo acumulado de activos privados (personas y empresas) que salieron al exterior es cerca de US$160 mil millones desde el cuarto trimestre del 2019 hasta hoy.

¿Cómo conversa el proyecto de reducción de jornada laboral con la idea de aumentar la productividad?

-Al momento de debatir sobre una reducción de la jornada laboral, un punto fundamental es que ésta no perjudique a aquellas personas que trata de beneficiar. Reducir la jornada laboral de forma rígida, sin introducir medidas de flexibilidad que permitan mejorar la productividad, como lo han realizado todos los países de la Ocde, haría que el costo de la reducción de horas trabajadas incidiera negativamente en los salarios de los grupos más vulnerables de trabajadores.

El proyecto de 40 horas el gobierno ha dicho que será con adaptabilidad y gradualidad. ¿Cuál debería ser la gradualidad adecuada para generar menos impactos en el empleo?

-Todos los países de la Ocde que han rebajado la jornada laboral lo han realizado con adaptabilidad laboral y gradualidad, contrario a la propuesta del Partido Comunista en el Congreso. La gradualidad tiene que estar condicionada a una meta de crecimiento económico, en que a medida que se vaya cumpliendo, se va gatillando la rebaja de la jornada laboral.