Caminando lentamente y mirando directamente a los periodistas. Así salió el viernes 7 de marzo de 2014, Julio Ponce Lerou de la Fiscalía Centro Norte, ubicada a un costado del Centro de Justicia, donde prestó declaración en el marco del denominado Caso Cascadas. Ese día soleado, declaró por cerca de tres horas y fue la única vez en que el entonces controlador de SQM habló con los medios. Entonces, dijo: “Yo voy a decir una sola cosa: si su Excelencia el Presidente de La República (Sebastián Piñera) no hubiese participado en las cascadas, no habría caso cascadas. Eso es todo, muchas gracias”.

Hoy a sus 78 años, está alejado de las cascadas y SQM, y a diferencia de lo que ocurrió hace 10 años, el fin del juicio penal quedó sellado bajo absoluta reserva y sin mayor revuelo. En una escueta audiencia, el 24 de mayo de 2024, la fiscal Paula Mandiola comunicó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la acción judicial que encabezó la fiscal Ximena Chong.

No hubo prensa y en solo un minuto se puso fin al extenso litigio que surgió con la histórica resolución exenta Nº 223 del 6 de septiembre de 2012, de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros. Según el acta de esa audiencia, Julio Ponce y el actual vicepresidente de SQM, Patricio Contesse Fica, aparecían como imputados por infracciones a la lay de valores. También el ex gerente general de las sociedades cascadas, Aldo Motta. “Ministerio Público comunica no perseverar en el procedimiento”, dice el texto.

Según el acta oficial del 7º Juzgado de Garantía, a la audiencia asistió el abogado César Ramos, socio de Bofill Escobar Silva, en representación de Julio Ponce. El 1 de julio de 2021, el abogado Mauricio Daza renunció al patrocinio que le otorgó el querellante Roberto Lobos el 13 de septiembre de 2013.

Pero el fin de la arista penal también se replicó semanas después en sede civil.

El 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de la Tesorería General de la República que demandó a Julio Ponce por el pago de intereses en la multa que aplicó la SVS al empresario, exigiendo el pago de $3.254 millones.

El fallo del 3 de junio de 2024 determinó que la demanda de la Tesorería no podía proceder en los términos presentados. La defensa de Ponce Lerou argumentó que la multa y los intereses ya habían sido pagados en su totalidad, y que la demanda se basaba en normativas derogadas. El Tribunal reconoció que Ponce Lerou había realizado las gestiones necesarias para pagar la multa dentro del plazo estipulado y que la Tesorería había aceptado imputar los pagos realizados al capital de la multa. Por tanto, se resolvió que no se adeudaban más intereses y se rechazó la demanda ejecutiva .

Sin embargo, la Tesorería acudió a la Corte de Apelaciones y sostuvo que que la obligación de pagar los intereses está establecida por ley y solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, rechazando la excepción del demandado y ordenando el pago completo de la deuda con intereses, conforme a la normativa vigente.

El origen del Caso Cascadas se remonta a 2012, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dirigida por aquel entonces por Fernando Coloma, formuló cargos contra Julio Ponce Lerou y otros ejecutivos por su participación en un esquema de manipulación del mercado de valores. Este esquema implicaba transacciones ficticias entre sociedades controladas por ellos, realizadas entre 2009 y 2011, que inflaban o reducían artificialmente los precios de las acciones, perjudicando a los accionistas minoritarios y beneficiando a los controladores de las sociedades cascadas vinculadas a SQM.

El regulador del mercado de valores aplicó a Julio Ponce Lerou, presidente de SQM y controlador de las sociedades cascadas, la multa más alta: 1.700.000 UF (US$ 70 millones). También multó a Aldo Motta, gerente general de las sociedades cascadas (600.000 UF); Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce (550.000 UF); Leonidas Vial, controlador de Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña, y socio de LarrainVial (500.000 UF); Manuel Bulnes, gerente general de LarrainVial (200.000 UF); Felipe Errázuriz, gerente de distribución institucional de LarrainVial (100.000 UF); Alberto Le Blanc, controlador de Inversiones Transcorp e Inversiones La Palma (300.000 UF); y LarrainVial Corredora de Bolsa (200.000 UF).

Pasaron varios años y en 2016, el caso tuvo un nuevo hito, cuando el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que la SVS se había excedido en sus atribuciones al imponer multas tan altas y consideró que la sanción debía ser significativamente menor en el caso de Roberto Guzmán. En consecuencia, el tribunal rebajó la multa del abogado asesorado por Gabriel Zaliasnik de 550.000 UF a 75.000 UF. El mismo camino siguió Ponce que pasó de 1.700.000 UF a 75.000 UF y Leonidas Vial, representado por Marcelo Giovanazzi, que pasó de 500.000 UF a 75.000 UF.

En el caso de Larrain Vial, Bulnes y Errázuriz, tribunales de primera y segunda instancia dejaron sin efecto las multas aplicadas. Hoy sus casos están en la Corte Suprema por recursos de casación presentados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).