El costo fiscal de los dos procesos constitucionales superó los US$320 millones

El domingo pasado en el plebiscito constitucional se impuso el “En contra” por 55,76% frente al 44,24% del “A favor”. Con ello, todas colectividades políticas afirmaron que se cierra este proceso de cuatro años y que ya no hay espacio para un nuevo ciclo.

Por ello, uno de los cálculos que aparece sobre la mesa es ¿cuánto fue el costo fiscal involucrado? Esto, considerando que se terminó manteniendo la misma carta magna.

De acuerdos a cálculos de Libertad y Desarrollo (LyD) el monto total asciende a $281 mil millones lo que se traduce a unos US$324 millones.

¿Cómo se desglosa esa cifra?. De acuerdo al análisis de la economista Soledad Monge, un ítem fue el gasto operacional que se divide en dos: para la Convención Constitucional 2022 el costo fue de $22.267 millones, mientras que para el proceso Constitucional 2023 llegó a $5.039 millones al 30 de septiembre de 2023.

El segundo ítem fueron los gastos electorales: para el plebiscito de entrada (octubre de 2020) el monto gastado alcanzó los $32.137 millones, la elección de los constituyentes en mayo de 2021 fue de $20.398 millones (el gasto total de esa jornada fue de $61.195 millones, pero eso incluye también la elección de alcaldes y gores). Luego el plebiscito de salida (septiembre de 2022) el gasto llegó a los $32.904 millones.

Por último, la elección consejo constitucional (mayo de 2023) sumado al plebiscito de salida del pasado 17 de diciembre fue de $79.719 millones.

El tercer ítem fue el reembolso del gasto electoral a candidatos y partidos políticos sumó $60.096 millones y como cuarto ítem el pago a los vocales de mesa tuvo un costo fiscal de $28.268 millones.

¿En qué se pudo gastar esos $281.000 millones?, según el análisis de LYD en 7.800 viviendas sociales o el construir un hospital de alta complejidad. Otra comparación que hace es que en el Presupuesto 2024 se comprometieron $28 mil millones para reducir las listas de espera No GES. “Con los recursos destinados a los procesos constitucionales se podría haber financiado ese plan durante 10 años”, menciona Monge.