Finalmente este martes se retomará en el Congreso la discusión del proyecto pro consumidor, iniciativa que ya está en su tercer trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y que el retail mira con preocupación.

Esto, por cuanto, a fines del año pasado cuando se votó el proyecto en la sala del Senado, el senador Carlos Bianchi volvió a incorporar un tema que había aprobado la sala de la Cámara de Diputados, impulsada por su hijo, el diputado Karim Bianchi, pero que había sido desechado por la comisón de Economía de la Cámara Alta, y que busca impedir los descuentos de productos asociados a una tarjeta específica, lo que ha causado revuelo en el comercio que tiene tarjetas.

Así las cosas, en diciembre el gremio que los representa, Retail Financiero, encargó un informe económico sobre la indicación que busca prohibir descuentos especiales asociados a medios de pago. El documento, elaborado por Hermann González, Magíster en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, y excoordinador macroeconómico y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, entrega ocho razones “para argumentar la inconveniencia de aprobar una iniciativa como esta”, según plantea.

“La indicación que prohíbe los descuentos con medios de pagos terminará afectando a los propios consumidores. Esta medida no se ha aplicado en ningún país en el mundo y es un verdadero obstáculo para la reactivación económica”, sostiene González. Estos son los ocho argumentos que menciona el documento:

El informe señala que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se manifestó en contra de la prohibición de hacer descuentos por el pago con tarjetas. Allí argumenta que la FNE “el 9 de abril de 2019 fue muy clara en su opinión”.

Esto, porque el Fiscal Económico Nacional en esa oportunidad señaló que esta indicación no beneficia a los consumidores, y que incluso podría reducir el número de promociones o el acceso al crédito para la población más vulnerable, según detalla el informe.

También dijo que ofrecer descuentos asociados a tarjetas no es un acto de competencia desleal, y que es un mecanismo legítimo para captar y fidelizar clientes, detalla el documento de González.

González también dice en el informe que las asociaciones de consumidores se han manifestado en contra de la indicación.

Uno de los dos ejemplos que pone es con la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), que señaló que “pese a las buenas intenciones en el origen de esta posible regulación dada las circunstancias mencionadas, se podrían llegar a afectar los intereses económicos de los propios consumidores, quedando éstos en una peor situación adquisitiva, ya que el comercio no tendría los mismos incentivos para ofrecer descuentos o promociones en sus productos”.

El reporte también concluye que “los descuentos exclusivos con una determinada tarjeta no constituyen una venta atada”. Esto, porque “no se impide que otra empresa ofrezca sus productos, ni que el consumidor pague con otro medio, sino que al hacer descuentos se ponen incentivos para el uso de un determinado medio de pago, pero el consumidor es libre de tomar la opción u optar por otra alternativa”.

Allí explica que “el concepto de venta atada, que habitualmente tiene una connotación negativa y que por mucho tiempo ha sido una preocupación de las autoridades antimonopolio en el mundo, está siendo usado en este caso de forma equivocada, llevando a confusión a la opinión pública y a los legisladores”

Uno de los argumentos que se ha planteado para impulsar esta indicación, es que se buscaría que no haya discriminación en contra de las personas que no pueden o no quieren acceder al uso de tarjetas. Pero González dice que una medida que desincentive el uso de de tarjetas como medio de pago, termina perjudicando a todos los segmentos de la población.

Lo anterior, al considerar que el uso de tarjetas viene creciendo de forma acelerada en el país, incluso en los segmentos de menores ingresos, tema que se espera siga masificándose en el tiempo.

Y el efecto podría verse no solo en tarjetas del retail, sino también de la banca y otras entidades que tengan plásticos. Esto, porque González argumenta que “en relación con el sujeto o tipo de medio de pago afectado, la redacción de la indicación es confusa”.

Por lo que, “si bien la motivación inicial sería evitar los descuentos en el caso de las tarjetas no bancarias, tal como está redactada, la restricción podría ser válida para cualquier tipo de tarjeta, impactando en consecuencia a toda la población. Por otro lado, si se cumple el objetivo inicial de afectar solo a un determinado tipo de medios de pago, estaríamos frente a un caso de abierta e injustificada discriminación, que afectaría gravemente la competencia en esta industria y, además, generaría un impacto mayor sobre la población más vulnerable”, asegura.

El informe señala que “los promotores de la medida han señalado que se obligaría al cliente a tener el descuento en la medida que usa una determinada tarjeta. Nada mas contrario a la realidad, por cuanto nadie y en ningún caso obliga al consumidor a utilizar un determinado medio de pago, sino que, por el contrario, se le entrega un beneficio, que el consumidor puede tomar libremente”.

En todo caso, el documento advierte que “si el uso de una determinada tarjeta tiene costos para el consumidor, la evaluación completa y adecuada de la decisión debe comparar el beneficio que se obtiene del descuento con los costos asociados a la utilización del instrumento y para que esto sea posible, se debe avanzar en otras dimensiones, por ejemplo, en aumentar la transparencia, con más y mejor información y con mayor educación financiera, no prohibiendo los beneficios a los cuales puede acceder”.

“Frenar el proceso de inclusión financiera no es el camino para enfrentar el sobreendeudamiento”, dice el documento.

Esto, porque González recuerda que “a lo largo de la discusión del proyecto también se ha señalado que se debería privilegiar el uso de efectivo por sobre la utilización de otros medios de pago, entre otras cosas, para evitar el sobreendeudamiento. Sin embargo, este argumento omite los beneficios de la inclusión financiera, la cual, como ha señalado el Banco Mundial, es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad de la población”.

Pero de todas maneras González se pone en el supuesto de que se quiera dar un tratamiento similar para el pago en efectivo y tarjetas de crédito.

Es por esto que recuerda una reciente presentación de la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde entregó propuestas para fomentar la competencia en la industria de tarjetas de pago y fortalecer la libertad de los comercios para elegir los medios de pago que aceptarán.

Y una de esas propuestas de la FNE apunta a “obligar a las marcas y a los adquirientes a eliminar de sus contratos las cláusulas que impiden a los comercios últimos establecer descuentos según el medio de pago que ocupe el consumidor”.

Y agrega que la FNE dice que “así, por ejemplo, si un comercio quiere fomentar el pago en efectivo para evitar la comisión que cobra el adquirente, podrá establecer un descuento a quien pague en efectivo”.

Así, el informe concluye que si se implementa esta propuesta de la FNE, se eliminan diferencias entre ambos medios de pago, sin quitar los beneficios de descuentos con tarjetas, al contrario.

Como último punto, el documento recuerda que esta moción partió en un momento económico que era completamente distinto al que vive actualmente el país.

“Desde inicios de este año enfrentamos una inédita crisis sanitaria que ha generado una de las mayores recesiones de las que se tenga registro, con enormes daños en el empleo y con impactos disímiles en distintos sectores económicos, en función de su dependencia de la interacción social para su funcionamiento”, puntualiza el informe.

“Es así como se han visto especialmente afectados sectores como el transporte aéreo, el turismo, restaurantes y hoteles, comercio y la industria de la entretención. La asimetría también es a nivel de tamaño de empresas, viéndose particularmente afectadas las empresas de menor tamaño que forman parte de estos sectores y que tienen menos capacidad para enfrentar un período prolongado de cierres forzados o sin funcionar a plena capacidad”, asegura.

Así, enseña cifras que respaldan que en los primeros tres trimestres de este año, en Chile los sectores con mayores caídas en su actividad son precisamente restaurantes y hoteles, transporte, servicios personales, construcción y comercio.

Y advierte que “de los más de 1,3 millones de empleos perdidos a la fecha, 50% se han destruido en sectores que pueden verse afectados por los efectos de esta moción parlamentaria”.

Es por esto que concluye que “esta iniciativa debería reevaluarse a la luz de la difícil situación que enfrentan miles de empresas y trabajadores de estos sectores económicos, muchos de los cuáles participan activamente de esta cadena virtuosa de beneficios que otorgan las tarjetas como política de fidelización de clientes, pero que, al mismo tiempo, contribuyen al dinamismo de las ventas de los comercios asociados”

Es más, comenta que “estos sectores fuertemente golpeados y los trabajadores que se desempeñan en ellos necesitan apoyo para recuperarse y medidas como esta van en una dirección opuesta, poniendo fin a alianzas que, como se ha señalado, junto con beneficiar a los consumidores, contribuyen a dinamizar las ventas de los comercios asociados”.

De este modo, señala que “las ventas con descuento pueden ser una herramienta poderosa que ayude a las empresas a salir de esta crisis. Impedirlas, por el contrario, quita una herramienta que puede ser muy útil y necesaria, especialmente en esta coyuntura”.