El momento de la ciudadanía

En pocos días más se cumplirán cuatro años de la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que le dio un cauce institucional a la crisis desatada por el estallido social y abrió el proceso constituyente en Chile.

Pese a que falta por avanzar en un proceso de verdadera pacificación, que erradique visiones polarizadas y una permanente sensación de inseguridad, el debate constitucional sigue siendo de importancia fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico de Chile. La culminación exitosa de este proceso es esencial para cerrar el capítulo constitucional con un texto que refleje las preocupaciones de la ciudadanía, fortalezca la institucionalidad y brinde las garantías necesarias para el progreso del país. En este sentido, nos interesa profundamente el futuro crecimiento económico de Chile, ya que este tiene un impacto concreto en la calidad de vida de los ciudadanos.

Solo por poner algunos ejemplos de lo que implica para las personas un crecimiento bajo. Durante la década anterior a 2014, las remuneraciones reales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando cerca del 30%. Sin embargo, con la desaceleración del crecimiento económico, también se produjo una reducción en los ingresos de las familias. Entre los años 2018 y 2022, los ingresos reales asociados al trabajo prácticamente se estancaron. Este freno económico ha tenido un impacto directo en el empleo, y todavía no hemos recuperado los niveles de ocupación previos a la pandemia. Para volver a la tasa de ocupación de febrero de 2020, sería necesario crear aproximadamente 450 mil empleos adicionales.

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), hemos sido enfáticos en que el desafío principal en la actualidad es recuperar la capacidad de crecer. Para atraer inversiones, es esencial contar con políticas públicas y un marco jurídico adecuado. La certeza jurídica es uno de los elementos cruciales para reactivar la inversión y, por ende, el crecimiento económico. La seguridad, la certeza jurídica y la competitividad tributaria son habilitantes indispensables para que las políticas proinversión y procrecimiento sean efectivas.

En esta línea, un acuerdo amplio y transversal en el proceso constitucional es fundamental para superar la incertidumbre que ha afectado al país durante años. Esto permitirá atraer nuevas inversiones, impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. La certeza sobre las reglas del juego favorece las inversiones a largo plazo y de mayor envergadura, lo que a su vez tiene un impacto positivo en el empleo y las comunidades. El crecimiento económico conlleva una mayor recaudación, lo que proporciona más recursos para políticas públicas y sociales.

Por tanto, es imperativo dejar de posponer la discusión constitucional, que ya ha tomado casi cuatro años. Los actores políticos deben tomar medidas que permitan contar con una base constitucional consensuada y zanjar este debate en diciembre para darle estabilidad al país y avanzar hacia el desarrollo económico y social, alejándonos del estancamiento en el que nos encontramos.

Lo que está en juego es el progreso y la calidad de vida de millones de chilenos. Esperamos que en esta última etapa se consiga un acuerdo que siente las bases de una nueva fase de desarrollo para Chile, donde las oportunidades se abran para que las personas desarrollen su potencial y se recupere la capacidad de crecer y resolver los problemas que demandan los ciudadanos.

* El autor es vicepresidente de Sofofa