El otro efecto de la ola de calor: empresas cortarían la luz en Pucón, Valdivia o Puerto Varas si las temperaturas superan los 35 grados

Las empresas de distribución eléctrica Saesa, Frontel y Edelaysén, que cubren las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, enviaron en diciembre a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un protocolo de acción para evitar incendios forestales en las cercanías a sus tendidos de líneas de alta, mediana y baja tensión. En él le informaban a la SEC que, en caso de que las temperaturas superaran los 35 grados este verano en su zona de concesión, optarían por cortar el suministro “por emergencia climática”.

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Acorde con ello, durante estas semanas dichas compañías, propiedad de los fondos canadienses AIMco y Ontario Teacher’s Pensions, han mandado comunicaciones a sus clientes para ratificar esa política corporativa, que busca evitar evitar riesgos a la infraestructura de la empresa por posibles incendios forestales y de esa manera, que sus ejecutivos puedan ser perseguidos penalmente por su eventual responsabilidad en ellos, dado que en caso de que ocurran, las firmas podrán excusarse señalando que no había suministro eléctrico que pudiera alentar el siniestro.

Esto ocurre luego de que en septiembre de 2023 las oficinas de Frontel fueran allanadas en cuatro regiones por más de 100 efectivos de la policía civil, en busca de evidencia que apuntara a su responsabilidad en los megaincendios de la temporada pasada que arrasaron con vastas zonas de bosques en las regiones del BioBío y la Araucanía.

“De acuerdo con la alerta por temperaturas extremas que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente para las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectan temperaturas de hasta 38°, a lo que se suman las alertas preventivas de Senapred, que se mantienen vigentes a nivel nacional desde diciembre de 2023, y adicionalmente las alertas por amenazas de incendios forestales, Frontel informa a sus clientes que bajo estas condiciones podrían ocasionarse cortes del suministro por emergencia climática”, dice el mensaje enviado por Frontel, la compañía que cubre la región de la Araucanía.

Cartas similares fueron enviadas a los clientes de Saesa (Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, entre otras ciudades) y Edelaysén (Coyhaique y Puerto Aysén). Dichos cortes podrían ocurrir en las 9 de la mañana y las 21 horas.

“Entre las acciones de este plan se contempla un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, a través de fuentes oficiales y herramientas propias, amenazas ante posibles focos de incendios cerca de las instalaciones eléctricas, y desconexiones preventivas, por lo que la compañía solicita la comprensión de sus clientes ante posibles cortes de suministro en este escenario excepcional”, insiste la firma en la misiva, y recuerda que “autoridades y organismos de emergencia también están facultados para solicitar cortes del suministro para resguardar la seguridad de los brigadistas en el combate del fuego”.

La acción judicial en contra de las empresas eléctricas y su eventual responsabilidad en los siniestros de bosques ha sido cada vez más dura, desde que en marzo del año pasado la Corte Suprema confirmó la responsabilidad de la distribuidora eléctrica CGE en los enormes incendios forestales ocurridos en la región de O’Higgins en el verano del 2017. Incluso ese año dos ejecutivos fueron formalizados y encarcelados por su responsabilidad en la mantención de los tendidos eléctricos que, según la investigación judicial, fueron causantes de un gran siniestro que arrasó con campos en Marchihue.

Y sólo hace dos semanas, se anunció que un supervisor y un contratista de la pequeña cooperativa eléctrica Coelcha (que cubre el suministro de zonas rurales en las regiones de Ñuble y Biobío) serán formalizados por cuasidelito de homicidio culposo y lesiones graves en el Juzgado de Garantía de Nacimiento por el incendio ocurrido en esa comuna, vecina a Santa Juana, el 2 de febrero de 2023, donde 14 personas perdieron la vida. Al contratista se le acusa de no haber mantenido la faja de seguridad que debe existir entre el tendido eléctrico y los bosques, y al supervisor, de no haber ratificado el cumplimiento de esos trabajos.