El domingo pasado en Uruguay, además de las elecciones presidenciales, hubo un plebiscito que fue seguido de cerca por los inversionistas de ese país e internacionales, dado el efecto que podría haber generado sobre las cuentas fiscales de ese país. Se trata de una consulta popular que promovía una reforma constitucional para hacer cambios al sistema de pensiones, que era impulsado por el PIT-CNT (la principal central sindical de ese país), y que fue apoyada por una parte del Frente Amplio uruguayo, pero que finalmente terminó siendo rechazada, dado que consiguió el visto bueno de solo el 39% de los votantes.

Entre otras cosas, lo que se votaba en dicho plebiscito apuntaba a que se eliminaran las AFAP (las AFP uruguayas, donde actualmente existen tres privadas y una estatal) y con ello, el sistema de capitalización individual; reducir la edad de jubilación desde los 65 a 60 años; y que la pensión mínima fuese equivalente al salario mínimo nacional.

Esta propuesta llegó justo después de que el año pasado Uruguay aprobó una reforma previsional impulsada por el Presidente Luis Lacalle Pou, que entre otras cosas eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años (para aquellos nacidos desde el año 1977 en adelante), la que fue foco de críticas de los partidos de izquierda y los sindicatos.

El coordinador de esa reforma previsional fue el abogado uruguayo especialista en trabajo y seguridad social, Rodolfo Saldain, quien tiene una larga trayectoria en pensiones. Es coautor de las reformas previsionales de Uruguay (1995) y Costa Rica (1997), expresidente del Banco de Previsión Social (BPS, que es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay), ha escrito libros sobre seguridad social, y presidió la última Comisión de Expertos en Seguridad Social de su país, que es el equivalente la Comisión Marcel en Chile, o la Comisión Bravo.

Saldain respondió algunas preguntas por escrito, donde explica por qué se realizó el plebiscito de seguridad social en Uruguay, los detalles de esa propuesta, y por qué, a su juicio, resultó rechazado. “La iniciativa plebiscitaria nació en el PIT-CNT, la central sindical uruguaya. Inicialmente fue aprobada por un tercio de los sindicatos (probablemente los más radicales ideológicamente). Luego se sumaron los sindicatos de orientación comunista, fundamentalmente el sindicato de la construcción (SUNCA) y el metalúrgico (UNMTRA)”, comienza explicando.

Y detalla que “el texto de la reforma constitucional propuesto tenía múltiples y complejos contenidos”. Entre ellos, menciona que allí se proponía “elevar todas las jubilaciones y pensiones al valor del salario mínimo nacional; establecer en la Constitución el derecho de acceder a la jubilación con 60 años de edad y 30 años de trabajo, sin perjuicio de regímenes más beneficiosos; dejar sin efecto el régimen mixto (reparto más ahorro o capitalización individual) vigente desde 1996, en forma retroactiva, estableciendo un régimen totalmente estatal”.

También recuerda que se planteaba la “confiscación de los ahorros previsionales de los ahorros acumulados en las cuentas personales de los afiliados a las AFAP (aproximadamente 30% del PIB); prohibir en la Constitución de la República en ahorro individual con fines jubilatorios; y establecer un estándar mínimo para futuras reformas en base a una legislación ya financieramente insostenible en 1995 (fue establecido entonces como régimen transitorio para las personas de 40 y más años de edad que no se integraban preceptivamente en el régimen mixto vigente desde 1996)”.

De lo anterior, Saldain concluye que “la iniciativa no fue contra la ley jubilatoria promulgada en mayo de 2023 en su totalidad, sino contra: a) aspectos de ella, especialmente la elevación progresiva de la edad jubilatoria para los nacidos entre 1973 y 1977 (elevándose a razón de un año por cada año, hasta que los nacidos en 1977 tienen edad jubilatoria de 65 años) y b) contra el régimen mixto creado en la reforma de 1995 (vigente desde 1996)”.

Y consultado respecto de si este tema llegó para quedarse, como ocurrió en Chile con el “No+AFP”, o fue solo un debate puntual del momento; Saldain señala que en realidad “la discusión sobre las AFAP, su pertinencia, rol y costos, está planeada en Uruguay desde hace 20 años. No es nueva y no veo razones para que vaya a finalizar por este resultado adverso en el plebiscito que pretendía suprimirlas. Seguramente la discusión continúe hasta que se logre acordar alguna de las múltiples formas alternativas de administración profesional de los ahorros jubilatorios”.

En ese sentido, explica que “las virtudes de los esquemas de ahorro individual, dentro de esquemas mixtos, no refieren a una determinada forma de ´organización industrial´. De hecho, en gran mayoría de los países de la OECD los esquemas de capitalización, incluso individual, tienen formas diferentes de administración, siempre sobre la base de una gestión altamente profesional de la inversión de los fondos, con pluralidad de actores, en un marco de libertad de elección”.

¿Y por qué resultó rechazada la propuesta del plebiscito? Saldain detalla que “la iniciativa dividió al Frente Amplio, la apoyaron los partidos Comunista y Socialista y fue rechazada por el Movimiento de Participación Popular (el movimiento liderado por el ex presidente José Mujica) y por los sectores de perfil socialdemócrata herederos de los sectores políticos de Danilo Astori, quien fuera líder de la conducción económica durante los 15 años de gobierno frenteamplista (2005 a 2020)”.

Además, comenta que “el rechazo a la iniciativa por parte de la coalición de gobierno fue unánime. El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció en reiteradas oportunidades alertando sobre las consecuencias de que prosperara la iniciativa en la economía nacional, a partir de una conferencia de prensa que convocó para hablar sobre el punto”.

Asimismo, asegura que “el rechazo académico y de referentes técnicos fue total, por el impacto devastador en las posibilidades económicas del país y el impacto negativo en la calidad de las instituciones que han venido posicionando a Uruguay en el escenario regional e internacional. Ello surge de la derogación de leyes con hasta 28 años de retroactividad, desoír decisiones tomadas por afiliados en base a normas legales vigentes, violentar el derecho de propiedad, etc”.

Añade que “probablemente una deficiente técnica legislativa en la papeleta coadyuvó a la existencia de cuestionamientos desde muchos sectores y sensibilidades”.

Y si bien Saldain señala que “la propuesta fue sustentada en una media docena de eslóganes atractivos, como subir las jubilaciones más bajas ya (tener presente que la incidencia de pobreza en el primer semestre de este año entre la población mayor en Uruguay es de 1,7%, mientras que entre niños es 10 veces más) jubilarte antes y con más dinero, eliminar el lucro en la seguridad social, etc”, lo cierto es que “hubo un esfuerzo sistemático de información y comunicación de todos quienes rechazaban la propuesta, muy especialmente desde los integrantes de la coalición de gobierno y quienes intervinimos en en el proceso de la reforma promulgada en mayo de 2023″.