En el sector eléctrico, uno de los episodios que más ha resonado en el último tiempo fue el intento de incorporar medidores inteligentes en forma obligatoria por parte de las compañías dedicadas a la distribución eléctrica. Dicha iniciativa fue finalmente revertida, ante la polémica generada porque la propiedad de los nuevos equipos quedaría en manos de las empresas, y no de los usuarios como sucedía con los antiguos equipamientos análogos y sus respectivos empalmes. Ello, considerando además que el financiamiento de dicha obligación había quedado establecido como un cargo para los usuarios, en el decreto tarifario de 2018.

Sin embargo, su incorporación como herramienta para la gestión de la demanda eléctrica sigue siendo vista como un avance necesario para hacer más eficiente la operación del sistema. Especialmente antes los desafíos que impone la transición energética.

Así al menos lo planteó Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien participó esta semana en el seminario internacional “Regulación de redes para la transición energética”, organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En un panel que debatió sobre los nuevos paradigmas y retos que impone la transición energética en Chile y el mundo, donde también participaron la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas; la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, y el investigador asociado del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Alejandro Navarro, Mancilla abordó en particular su visión sobre cómo gestionar de manera más eficiente la demanda eléctrica, de cara a una futura modificación de la regulación al sistema de distribución en Chile.

“Claramente la digitalización de las redes y la gestión de la demanda requiere la información de la demanda, eso es innegable desde el punto de vista técnico, y cualquier regulación futura que se haga a la distribución debe incluir la información online de los clientes, que son los famosos medidores inteligentes que se intentó introducir en Chile, y yo creo que esa es una tarea pendiente”, sostuvo Mancilla.

En dicho punto, el secretario ejecutivo de la CNE fue consultado por el exministro y actual director de Codelco, Eduardo Bitrán -quien oficiaba como moderador del panel en su calidad de director académico del Magíster en Regulación de la casa de estudios-, sobre si la posible incorporación de los medidores podía hacerse mediante los procesos tarifarios. Al respecto, Mancilla indicó que ello es posible, pero enfatizó que “hay que hacer la arquitectura adecuada, porque de hecho ya de alguna forma eso estaba incorporado en el pasado y hubo que revertirlo”.

También apuntó a la necesidad de realizar un proceso que denominó de “educación política” en la materia, que subraye “la necesidad técnica de que esto ocurra, porque si no todo lo que hablamos de la regulación nueva de la distribución de futuro, no funciona”.

El ministro de Energía, Diego Pardow, ha reconocido la necesidad de avanzar en modificaciones regulatorias al sector eléctrico. De hecho, el tema de la distribución forma parte de las temáticas consideradas a discutir en el marco de los diálogos estratégicos que impulsa la cartera, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en torno a un plan de descarbonización. Sin embargo, una reforma como tal para la distribución no cuenta con plazos comprometidos por parte del ministerio.

Consultado sobre las palabras del secretario ejecutivo de la CNE, Rodrigo Castillo, quien dirigió por 15 años Empresas Eléctricas -gremio que agrupa a las principales compañías dedicadas a la distribución- y que actualmente dirige el diplomado en Regulación de la UAI, explicó que en el seminario “se identificó de manera unánime la necesidad de una reforma profunda al actual modelo regulatorio”, modificación que calificó como “esencial para que las redes de distribución sean funcionales a una transición energética costo eficiente, tanto en Chile como a nivel internacional”.

En esa línea, Castillo coincidió en el diagnóstico planteado por Mancilla, ya que “los medidores inteligentes son una pieza del engranaje para la gestión inteligente de la demanda, al permitir un monitoreo más preciso y en tiempo real del consumo energético”.

Eso sí, el abogado realzó que " la modernización de las redes y la gestión inteligente de la demanda involucran muchos otros componentes y desafíos tecnológicos, operativos y regulatorios”.

A su juicio, “el verdadero reto radica en establecer objetivos de política clara que orienten este proceso de modernización, y en avanzar hacia una regulación moderna que permita y fomente la innovación y la eficiencia en el sector eléctrico. Esto implica, por ejemplo, la creación de marcos regulatorios que incentiven la inversión en infraestructuras resilientes y la implementación de tecnologías que mejoren la calidad de servicio”.

Respecto al financiamiento de los medidores, Castillo señaló que dicho tema “se enmarca dentro de la discusión más amplia sobre la definición de un modelo de remuneración y esquemas tarifarios adecuados para la distribución eléctrica”.

“Aunque la literatura recomienda avanzar hacia esquemas costo-reflectivos, en un contexto como el de Chile, con importantes desigualdades de ingreso y problemas de pobreza energética, es fundamental matizar esta lógica con esquemas de ayuda a los más vulnerables. Esto podría tomar la forma de subsidios focalizados, tarifas sociales o programas de educación energética, para asegurar una transición energética justa y equitativa”, concluyó.