Eliminar Comité de Ministros: el informe que encomendó Medio Ambiente a la exfiscal de la SMA

El pasado 15 de noviembre el Ministerio del Medio Ambiente firmó un contrato de prestación de servicios con la abogada Dominique Herve, exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, entre agosto de 2014 a marzo de 2018.

Se trató una “asesoría jurídica para la elaboración de insumo para la generación del anteproyecto de modificación de la ley 19,300 sobre bases del medio ambiente”, según consignó la orden de compra disponible en el portal de Mercado Público.

Pulso, a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información, tuvo acceso al estudio que cuenta con 219 páginas y que la abogada elaboró en conjunto con Graciela Veas y Martín Hasbún.

El documento concluye que el ministerio debe eliminar el Comité de Ministros, lo cual requiere un nivel alto de consenso y le asigna una alta importancia. De la misma forma establecer una Declaración de Impacto (DIA) simplificada y el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental.

El estudio también recoge las visiones de otras entidades sobre el Comité de Ministros del SEIA. Ejemplo de ello es que Terram cree que hay que eliminarlo porque ni ese comité ni su comité consultivo sirven para nada, ya que nunca ven el proyecto, solo la reclamación. El problema es que además solo ven los puntos de la reclamación, no el proyecto completo, por lo tanto el funcionamiento de órgano tampoco es óptimo. Las reclamaciones deben pasar directo al tribunal ambiental. La componente política debe existir, pero no en todos los proyectos y no a través de la pasada por el comité. Los Cosoc tampoco sirven, porque su opinión no es tomada en consideración a la hora de fijar políticas públicas”, acotó.

Al mismo tiempo citó el acta de la reunión que sostuvieron representantes del MMA con la Sofofa del 22 de noviembre de 2022 en el marco de la consultoría. Según el estudio, Iván Cheuquelaf, director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional y secretario ejecutivo de la Mesa de Medio Ambiente (Sofofa) entregó un informe a la ministra Maisa Rojas en el que se abordaba que “acudir al Comité de Ministros para impetrar el recurso administrativo de reclamación sea voluntario y que siempre se pueda recurrir al tribunal ambiental. Esta propuesta se funda en que el Comité de Ministros solo alarga los tiempos de resolución y agrega incerteza jurídica”.

El estudio que encomendó el Ministerio del Medio Ambiente concluyó que “es probable que para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y del Acuerdo de Escazú sea necesario pensar una reingeniería sobre las actuales unidades y equipos de trabajo con que cuenta el Ministerio del Medio Ambiente”.

En esa línea, según el informe “se requerirá de equipos especializados que puedan poner en marcha, de manera exitosa, todo lo relacionado con los nuevos instrumentos de gestión ambiental que incorpora la LMCC, muchos de los cuales obligan a la implementación de nuevos procedimientos de participación ciudadana, la que es muy diferente de aquella que regula la ley N°19.300, en el marco de la evaluación de impacto ambiental”.

Por otra parte, y en relación a los proyectos de ley que hoy se tramitan en el Congreso Nacional, la propuesta es que se haga un análisis interno respecto de aquellos que son de interés del MMA. Aquellos que no lo sean, deberían ser objeto de las indicaciones que corresponda, por cuanto, efectivamente existe una tentación muy inorgánica los distintos proyectos de ley de los patrocinadores de establecer nuevas potestades, atribuciones y facultades que redundan en nuevas funciones que deben ser asumidas por el ya recargado MMA, de modo tal que resulta atingente que sea dicho órgano quien establezca sus propias prioridades sobre la materia y que manifieste su disconformidad con aquellas funciones que se le quieren incorporar y que no corresponde de acuerdo con las funciones que cumple dicha cartera.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que durante este año presentarán un proyecto que reforme la Ley N°19.300. Hoy se encuentran en un trabajo pre legislativo, consolidando aportes del sector privado, la sociedad civil y los consultores.

El informe también citó parte de las conclusiones de los encuentros que sostuvo el Ministerio del Medio Ambiente con representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

En el acta N°4, de 24 de noviembre de 2022, que da cuenta de la reunión realizada entre el MMA y los representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio detalla que hoy existe una superposición de competencias en materia ambiental, que ocurre por la vigencia de cuerpos normativos que entregan competencias a otras instituciones sectoriales, lo que genera un enjambre normativo y una superposición de competencias que dificulta la gestión ambiental. Ejemplifica con MINAGRI y MINSAL, donde las competencias sectoriales se superponen con las del MMA. Señala la necesidad de resolver esta dispersión normativa para que el MMA cumpla con sus objetivos. Sin perjuicio de lo anterior, señala que son partidarios de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático como la instancia donde se permite recoger la visión de los ministerios en las políticas públicas ambientales y que este mismo órgano puede servir para articular la preponderancia del SEA como órgano experto encargado de realizar la evaluación ambiental.

Aquí la CPC expresó que es importante relevar la necesidad de contar con un presupuesto que refleje los requerimientos del MMA, de la SMA y del SEA. Así, resalta la necesidad de contar “con un informe financiero y de contar con los fondos necesarios para la reforma de la ley Nº19.300. Por ejemplo, indica que el Acuerdo de Escazú impone una serie de obligaciones al SEA en materia de participación ciudadana que implican muchos recursos que no se tienen”, destacó.