Invocando el mismo fallo que el 7 de marzo le dio a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, un plazo de 45 días para hacerse cargo del problema del comercio ambulante, el empresario inmobiliario y coleccionista de arte, Ramón Sauma, recurrió de protección en contra de la Municipalidad de Santiago por los perjuicios que los toldos azules están generando a su negocio en la calle Bascuñán Guerrero, número 145.

El 12 de abril, a través de Inmobiliaria Catedral Limitada, Sauma Hananías acudió ante la Corte de Apelaciones de Santiago pidiéndole que ordene a la Municipalidad de Santiago prohibir el comercio ambulante, y evitar su futura instalación haciéndose cargo de los problemas de inseguridad, salubridad y flujo peatonal que este ha generado y que afectan a la galería comercial de su propiedad, en el barrio Meiggs.

En el escrito, de los abogados Eduardo Zarhi y César Machiavello del estudio Zarhi, el empresario, que también forma parte del comité de adquisiciones de arte chileno para el Museo Guggenheim de Nueva York, sostiene que “los toldos obstaculizan completamente la vista e ingreso a la Galería Comercial y, por ende, a los 65 locales que este alberga, todos los cuales pagan patentes comerciales en la Municipalidad, así como Impuesto al Valor Agregado en cada una de sus ventas” y añade su temor de que la galería quede sin locatarios “y se transforme en un inmueble vacío, a merced de los ambulantes u ocupantes ilegales”.

El 14 de abril, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, porque ni los hechos descritos ni las peticiones formuladas por Sauma correspondían a un recurso de protección. Ello, pese a que un mes antes el mismo tribunal había resuelto acoger un recurso de protección casi idéntico presentado por la Librería Antártica Limitada y que fue resuelto a favor de la firma, dándole a la alcaldía 45 días para que informe sobre los avances y medidas adoptadas para solucionar el problema.

El 18 de abril, Sauma interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones donde le indica que “no resulta comprensible que existan otros recursos de protección entablados ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en donde lo reclamado es la misma materia y objeto de autos, los cuales no solo han sido declarados admisibles, sino que además acogidos por la Ilustrísima Corte” y cita el fallo que le dio la razón a librería Antártica. Será la Corte Suprema quien defina en los próximos días si se acoge o no la acción judicial.

Sauma, quien es fundador y presidente de la Colección Ca.Sa, de arte contemporáneo latinoamericano, sostiene en su recurso que la galería comercial de Bascuñán Guerrero ha intentado diversas formas regulares de solucionar el problema de los toldos que sus propios inquilinos vienen denunciando y soportando. Narra que uno de los empleados de Inmobiliaria Catedral, Marcelo Castro debió enfrentar insultos y amenazas de los usuarios de los toldos, cuando fue a pedirle que al menos despejaran la entrada del negocio. “Hasta el día de hoy siguen en la acera, provocando la negativa de varios locatarios de la Galería a pagar la renta convenida en su oportunidad, ya que alegan que no pueden ejercer la actividad comercial asociada al contrato de arrendamiento”, indica el empresario en su acción judicial.

Acusa al municipio que dirige Irací Hassler que la falta de actuación de la municipalidad es ilegal, arbitraria y vulneradora de diversas garantías constitucionales que enumeró: integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, vivir en un medio libre de contaminación, derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y derecho de propiedad.

El caso se ha convertido en un tema de conversación en los últimos días en el mundo legal, no solo por la crisis de seguridad que afecta al centro de Santiago, sino porque lo que finalmente ordene la Corte Suprema puede abrir o cerrar la puerta a judicializar el problema de los toldos azules.

El abogado de Inmobiliaria Catedral Limitada, César Machiavello dijo a Pulso que “si bien entendemos que se trata de una problemática multifactorial, ello no puede ser excusa para que cada uno de los actores llamados al control del comercio ambulante se desentienda de su responsabilidad individual. En el caso puntual del porqué se recurre contra la Municipalidad, es porque nuestra legislación ha entregado principalmente a las Municipalidades la regularización del comercio ambulante, principalmente a través de ordenanzas y facultades de fiscalización”.

Reiteró que el recurso de Inmobiliaria Catedral es similar “en cuanto a los hechos que lo motivan y los derechos vulnerados” al de Librería Antártica pero que la principal diferencia viene dada por el alcance de los perjuicios en el tiempo, “toda vez que Librería Antártica sufrirá los perjuicios mientras se mantenga como arrendataria del establecimiento afectado y, por su parte, mi representada, al ser propietaria de la Galería Comercial, seguirá sufriendo los perjuicios del comercio ambulante mientras dicha situación persista”.