Este miércoles, el gremio que reúne a las empresas de servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada, Chile Telcos, está invitado a participar de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

La invitación cobra especial relevancia para la asociación, que reúne a Entel, Movistar, Mundo y Claro-VTR, porque coincide con un escenario cada vez más desafiante para el futuro de la industria, pero también con la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones.

Pulso tuvo acceso a la presentación que efectuará la agrupación ante los parlamentarios. En el documento, Chile Telcos alerta que la “capacidad de acometer futuras inversiones no está asegurada” en el sector. Esto, debido a presiones de costos y caídas de ingresos que comprimen sus márgenes. “La industria requiere de escalas óptimas que hagan viable a las compañías”, sostiene el documento.

El presidente ejecutivo de ChileTelcos, Alfie Ulloa, explica que “la capacidad de mediano y largo plazo de acometer estas inversiones no está garantizada. Se requiere reducir costos en trámites y en regulación que ha quedado obsoleta, a nivel municipal y central, y garantizar la seguridad. Veremos un proceso de consolidación sectorial, las empresas requieren de un tamaño mínimo mayor para poder hacer frente a estos desafíos. Esto demanda de Subtel y las autoridades de libre competencia un mejor entendimiento de la dinámica financiera del sector”.

Según Ulloa, “las condiciones económicas han cambiado para mal. Está el tema de seguridad, que afecta a las redes, las sucursales y a los colaboradores en terreno. Los costos han subido de manera generalizada. El tipo de cambio encarece los equipos e insumos importados. Las tasas de interés han subido con fuerza. Los informes financieros conocidos en las últimas semanas dan cuenta de esto y son una señal de alerta respecto de la sostenibilidad del sector. Notar que en 2022 la única partida de la canasta de precios con variación negativa fue telecomunicaciones, que bajó los precios un 5,6% resultado de la intensidad competitiva. De no haberlos bajado, estimo que la inflación acumulada en 2022 habría sido 0,25% más alta”.

A pesar de lo anterior, el ejecutivo destaca que el “compromiso del sector está firme” y que en 2023 las empresas de telecomunicaciones invertirán US$1.500 millones.

Entre las presiones de costos que enfrentan las firmas de telecomunicaciones están los esfuerzos de años de pandemia, un tipo de cambio desfavorable y condiciones crediticias restringidas. Al mismo tiempo, ven a la baja sus ingresos debido a una alta intensidad competitiva y a la sustitución de servicios de voz y datos. En paralelo, sus instalaciones se enfrentan a una mayor inseguridad.

Según el gremio, entre 2008 y 2022 la inversión privada del sector suma US$25 mil millones. Ello ha permito que, desde su lanzamiento comercial, hace 13 meses, se contabilicen 2.040.071 de conexiones 5G a diciembre de 2022.

“Seguimos desplegando la red 5G y ya tenemos estos resultados. Cuando se desplegó el 4G, que tuvo un nivel de adopción considerado explosivo y muy por sobre el 3G, nos tomó 24 meses llegar a dos millones de conexiones. El 5G lo consiguió en la mitad del plazo. Los usuarios además debieron actualizar sus equipos celulares. Esto habla de un país más digitalizado, con consumo creciente de datos tanto en las redes fijas como móviles, y de mayor valoración del servicio”, añade Ulloa.

Por otro lado, entre 2019 y 2022, las conexiones de fibra óptica pasaron de 957.916 a 2.942.250.

Sin embargo, en 2022, las empresas tuvieron cerca de 22.000 cortes intencionales de la red fija, casi el doble de los eventos de 2021. Además, se robaron 25.000 baterías y cientos de paneles fotovoltaicos de las torres de celular.

“Llevamos tres años de crecimiento sobre el 100% en los eventos. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior y Subtel, coordinándonos con el Ministerio Público y las policías. El Senado pasó una legislación nueva para hacer frente a los delitos en las redes, que ahora entra a segundo trámite. Las compañías han optimizado sus procesos legales, pues no es viable presentar 30.000 querellas, ni es viable para el Ministerio Público atenderlos. De modo que se ha ido enfocando la persecución a eventos donde existen indicios que favorezcan los peritajes y la investigación policial, como cámaras, testigos, etc. Estamos en un proceso de eficiencia interno, y de facilitar el trabajo de la fiscalía. Creemos además que el Estado debería hacerse parte de las querellas, especialmente la Aduana que ha sido muy eficaz en interceptar toneladas de cable robado que sería exportado, pero no han presentado ninguna querella penal por ellos”, plantea Ulloa.

“La inseguridad es un problema mayor. A nuestro sector le afecta muy fuertemente, pues condiciona nuestra capacidad de trabajar en terreno, sea desplegando nuevas redes, manteniendo las actuales o reponiendo el servicio causado por un robo o corte intencional. Los cortes de fibra, principalmente por bandas que se dedican al contrabando de cobre, afectan las redes fijas y móviles, interrumpen el servicio a miles de hogares, empresas y dependencias públicas, y afectan a millones que no pueden conectarse, hacer un trámite, atenderse en el Cesfam, sacar plata de un cajero, etc. Y mientras mayor sea la digitalización, mayores serán estos daños, por lo que urge desbaratar estas bandas y condenar con penas efectivas a quienes destruyan la red”, concluye.