En julio del 2022 el Presidente Gabriel Boric, en conjunto al ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, y la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, presentaron el Plan de Emergencia Habitacional que prometía, entre otras cosas, construir 260.000 viviendas para el final de su gobierno.

A poco más de un año desde ese hito, una encuesta de Studio Público titulada “Déficit Habitacional Región Metropolitana” registró que un 62% no confía en que esto se lleve a cabo, versus un 29% que sí lo cree.

Se estima que el déficit habitacional en el país es de alrededor de 650 mil viviendas. De acuerdo al ministro, durante el 2022 se pudieron construir cerca de 30 mil. En una entrevista con La Tercera, Montes reconoció que 260 mil viviendas es una cifra que tiene riesgos, pero que “es alcanzable”.

De esta forma, el estudio abordó el problema consultando a 1.095 personas, que se distribuyeron en 50 comunas de las Región Metropolitana. Para resolver el déficit habitacional, el estudio consultó si desde el gobierno deberían buscar una mayor colaboración con el empresariado, lo que arrojó que un 79% de las personas sí quiere que se realicen mayores alianzas público-privadas, mientras que sólo un 17% señaló que no.

El gerente de asuntos públicos de Studio Público, José Labbé, resume los resultados del estudio explicando que “el 80% cree que existe déficit de vivienda en la Región Metropolitana, y por ello el 59% quiere expandir el radio urbano a la periferia”.

“Pero asimismo ratifica la desconfianza que existe hacia la gestión del Minvu porque el 62% no cree que el gobierno entregará las 260.000 viviendas que están comprometidas y por ello es importante considerar una eventual alianza público privada para lo mismo, como también intervenir en los casos de construcciones listas que cumplen con el plano regulador pero que los municipios han declinado entregar como, por ejemplo, en Estación Central o Recoleta”, agregó.

Asimismo, un 42,7% apuntó que el factor más relevante al momento de elegir donde vivir es la seguridad, y un 18,2% apuntó a la tranquilidad. Al mismo tiempo, el estudio consultó a los participantes por el tipo de viviendas que les generaba mayor inseguridad. El ranking fue encabezado por los campamentos con un 30,4% de los encuestados, seguido de las tomas ilegales con un 23,1%.

Un estudio de Colliers estima que, específicamente en Estación Central, hasta agosto había por lo menos 7 edificios que no han recibido recepción desde los municipios que corresponde a cerca de 2 mil departamentos, debido a que no aseguran que estos tengan las condiciones necesarias para ser habitados. Esta situación, es mejor al escenario de finales del 2022, anterior a la resolución de Contraloría que obligó a la dirección de obras de la comuna a otorgar la recepción a los edificios cuyos permisos de edificación no fueron invalidados.

El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, hace un mes apuntaba a que, en consecuencia del retraso, las inmobiliarias no han podido comercializar los departamentos, lo que impactará a futuro en el valor de los departamentos en la comuna, “y -teniendo en cuenta la accesibilidad de la comuna y su déficit habitacional- vemos que hoy existe una muy buena oportunidad para quienes puedan comprar departamentos nuevos en Estación Central”, declaró.

En torno a esto, el sondeo de Studio Público consultó a los participantes si consideraban que algunos alcaldes decidían no recepcionar los edificios por motivos ideológicos, como lo han planteado algunos sectores del Parlamento, ante lo que el 44% señaló estar de acuerdo, un 34% en desacuerdo y un 22% que indicó que no sabe (o no respondió).

La mayoría de los encuestados apuntaron a que estos edificios deberían ser utilizados como viviendas en una alianza público-privada (62%). Lo anterior, pese a que la mayoría prefiere el crecimiento horizontal y que un 73% considera que los edificios en altura no permiten la privacidad que se requiere para vivir dignamente (versus un 21% que dice que sí).

De cumplirse los temores de los vecinos de los “edificios fantasmas” de que estos sean tomados por delincuentes, casi la totalidad de la muestra señaló que deberían ser desalojadas (96%). Para resolver la situación un 73,3% cree que el gobierno debería intervenir, versus un 22,6% que considera que estos deben ser demolidos. Más en detalle, un 52,5% señala que la intervención debe ser a través de instancias ministeriales.