Enfoque ecologista predomina en primer informe de comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico que vota hoy el pleno de la Convención

Desde las 15:00 de este jueves el pleno de la Convención Constitucional se reunirá en su sesión número 63 para discutir y votar en general el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Son exactamente 38 artículos sobre los cuales deberán pronunciarse, de manera que los que consigan la aprobación de 103 constituyentes, lo mínimo para ser aprobados, serán votados en particular el viernes.

La jornada es clave para el futuro desarrollo productivo del país, dado que se deliberará sobre asuntos que le competen, en una propuesta con un enfoque fuertemente ecologista, lo que de llegar a la Carta Magna y ser aprobado en el plebiscito de salida, establecerá las reglas según las cuales tendrá lugar la actividad económica nacional.

A la hora de analizar el espíritu transversal a la propuesta constitucional que se pondrá hoy sobre la mesa, Juan José Martin, coordinador de la comisión en cuestión, destaca que “muchas economías del mundo se han construido destruyendo la naturaleza y, por lo tanto, haciéndole daño no solo a la naturaleza, sino que también a la humanidad que depende de ella. Eso aplica con especial énfasis a países como Chile, profundamente extractivistas “.

Para el constituyente del distrito 12 y parte del colectivo Independientes No Neutrales, resulta entonces crucial que en la redacción de la nueva Carta Magna “la discusión ambiental y económica se encuentren, porque no tiene por qué la economía estar en contra de la naturaleza, sino que pueden ir en armonía y colaborativamente”.

Una mirada diametralmente opuesta tiene Bernardo Fontaine, miembro de la misma comisión, quien considera que el énfasis puesto en las propuestas “está animado por un ecologismo talibán, que busca cambiar, por la fuerza de una nueva Constitución, la forma como vivimos y las actividades que realizamos. Incluso nuestras creencias, lo que pensamos”.

Según el convencional de Vamos por Chile, representante del distrito 11, “es indispensable incluir una potente protección al medioambiente, pero estas normas, de aprobarse, debilitarán su protección y el ‘remedio será peor que la enfermedad’”.

En la jornada de hoy se tomarán definiciones en torno a los bienes comunes, aquellos que - según el Artículo 12 del informe - son “comunes a todos los seres vivos y pueblos y naciones de Chile” y que - según el Artículo 13 - incluyen a “las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio”.

Más adelante, en el Articulo 15, se detalla que “el Estado podrá autorizar el uso por parte de particulares de esta clase de bienes”, precisando que “esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible e intransmisible”. Luego, en el Artículo 16 se hace la salvedad respecto a que “en el caso del aire, los glaciares y la criósfera, el fondo marino, la alta montaña, no podrá otorgarse autorizaciones de uso”.

Otro de los asuntos a que los hay que poner atención en materia económica se relaciona con los delitos medioambientales. De acuerdo al artículo 29 que se someterá a la evaluación del pleno, “los delitos que atenten contra los derechos de la Naturaleza, serán imprescriptibles y sancionados en conformidad de su gravedad según las acciones civiles, administrativas o penales que disponga la Ley”.

En tanto, en el Artículo 34 se indica que una “consulta comunal vinculante, universal, libre, secreta e informada” de localidades impactadas, deberá ratificar las “actividades económicas o productivas que impliquen riesgo para la salud de la población; efectos adversos sobre la Naturaleza; reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos; localización en o próxima a asentamientos humanos y áreas que ostenten cualquier tipo de interés o figura de protección; alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona y otros que determine la Ley”.

Fuentes cercanas a la comisión, plantean que hay altas probabilidades de que gran parte del articulado sea rechazado por el pleno, dados los cuestionamientos que van desde convencionales de la centroizquierda hasta la derecha.

En este último grupo, Fonataine apunta, entre otros, al Artículo 4, cuyo texto establece “los derechos de la naturaleza”, lo que implica, según se lee en sus incisos, que “se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, estructura, funciones, equilibrio ecosistémico y diversidad biológica”.

El economista cuestiona que la naturaleza “tendría derechos aún que no existieran humanos”, lo cual a su juicio “rompe el sentido común y el orden de las cosas: la Constitución, la sociedad, deben tener como centro las personas, los chilenos, su bienestar y vida plena”. Asimismo, considera errado que la Carta Magna incluya principios como “ecocéntrico” o “biocéntrico”, por considerar que sería “imponer a los chilenos que naturaleza está sobre las personas”.

Sus críticas también se refieren a las mencionadas consultas comunales y a la autorización del Estado para el uso de bienes comunes, las cuales son “propuestas antiinversión”, desde su punto de vista. De esta manera, destaca que “no se trata de defender las inversiones porque sí, sino porque las inversiones son más empleos, son sueldos, son oportunidades, son actividad económica que financia derechos sociales”.

Respecto a esto, Martin defiende el informe, indicando que lo que se plantea “no es para nada un radicalismo, sino todo lo contrario, lo radical es no hacer algo al respecto y no hacerse cargo de la crisis climática y ecológica planetaria que categóricamente señalan abundantes informes científicos”. Así, subraya, que la comisión ha avanzado sobre “criterios científicos y de cooperación internacional”.

De todas maneras, señala que “hay espacios para mejorar el informe, eso está claro. Todas las normas de todos los informes son mejorables y perfectibles (...) Esto se trata de un ejercicio positivo y progresivo para llegar a la mejor norma posible”.