Estudio revela que espacio disponible para desalinizadoras no alcanza las expectativas de la industria

Los efectos del cambio climático son cada vez más palpables, y la escasez hídrica es una de las consecuencias que ha aparecido con más fuerza. En solo ocho años más, la ONU estima que alrededor de 700 millones de personas podrían ser desplazadas de sus países por falta de agua potable. Con este panorama mundial, la construcción de plantas desalinizadoras se tornó una solución, y Chile no se quedó atrás en su desarrollo. Pero, pese a que aparece como un buen remedio, esto podría tener dificultades y resultados negativos.

Esa fue la conclusión a la que llegaron investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), Instituto Milenio SECOS y de la empresa Bloom Alert. Tras ver que la industria de las desaladoras podría duplicarse o triplicarse en las próximas décadas en el país, los expertos estudiaron qué sitios entre las regiones Metropolitana y de Arica y Parinacota son aptos para su edificación.

De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), actualmente hay 24 plantas desalinizadoras en operación y 22 en estado de construcción o planificación en Chile. Esto, sobre el contexto de que más del 50% de las comunas del país están con escasez hídrica –lo que afecta a más de 8 millones de personas–, y que la evidencia ha puesto de relieve que la sequía es una de las barreras más importantes para el crecimiento económico de las regiones semiáridas chilenas.

Según destacó la investigación, estos proyectos han sido principalmente levantados por la industria minera del cobre, que representa más del 70% de la capacidad desalinizadora del país. Se espera que para el 2030, el 93% del agua utilizada en sus procesos sea de origen marino.

Sin embargo, aunque esto se ligue a la sustentabilidad, el académico UdeC, Ricardo Barra, afirmó que “en términos de políticas públicas para instalar las plantas desaladoras, tenemos una serie de debilidades, tanto en el sistema de evaluación ambiental como en la propiedad del agua desalada”.

De hecho, el estudio (revisa el documento completo) basado en Sistemas de Información Geográfica que analizó criterios establecidos por expertos internacionales para indicar dónde es adecuado instalar las desalinizadoras, llegó a que, de 114.540 km2 revisados en las zonas norte y centro norte del país, solo el 4,54% se consideró altamente apropiado.

Del otro lado, el 60% de los sitios fueron catalogados como “poco o nada apropiados”. En suma, los académicos a cargo indican en el estudio que con los datos se “revela la falta de espacio, que se contrapone a las expectativas de crecimiento de la industria”.

De hecho, el análisis concluye que la incapacidad de satisfacer la demanda de desalinización, “puede conducir a un aumento de los procesos de competencia por el uso del litoral y, eventualmente, a la construcción de plantas una cerca de la otra. Esto, podría potencialmente exacerbar los procesos de degradación ambiental o percepción social negativa de una industria que hoy juega un papel clave en la sostenibilidad hídrica de todo un país”.

Para determinar qué sitios son aptos para la edificación se establecieron factores claves para el desarrollo de la actividad en sí, tales como altitud, pendiente, distancia a la costa, urbes, red eléctrica y a la red de carreteras. Pero además, se consideraron las restricciones que limitan la factibilidad del proyecto como la cercanía con áreas protegidas y/o comunidades indígenas.

Según explicó Enzo García, autor de la investigación y doctorando en Ciencias Ambientales UdeC, “la consideración de estos factores al momento de seleccionar la zona de emplazamiento de una planta desaladora, permite que se desarrolle posteriormente de una manera más eficiente, tanto en lo operacional como en lo ambiental y socioeconómico”.

Así, se estableció que las regiones de Coquimbo, Antofagasta y Atacama son las que cuentan con la mayor cantidad de territorio apropiado para la construcción de plantas con 1.241 km2, 1.053 km2 y 1.039 km2, respectivamente.

También, algunas áreas en el valle central se categorizaron como muy apropiadas pese a la lejanía de la costa. Lo anterior fue destacado por el estudio dado la necesidad de agua en el sector por su alto desarrollo minero y agrícola, dos actividades fundamentales para la economía nacional.

Además de fijarse en la idoneidad de los sitios en los que futuramente se podría construir, los investigadores revisaron 40 plantas que están actualmente en funcionamiento o en fase de planificación. Utilizando los mismos criterios, se llegó a que 21 de ellas están en zonas “muy apropiadas”, una en un lugar “apropiado”, y otra en una zona “medianamente apropiada”.

Las 17 desaladoras restantes, en tanto, se catalogaron como emplazadas en espacios “no apropiados” o “sin clasificación”. Dentro de estas, 94% operan cerca de zonas urbanas y un 6% lo hace en las proximidades de una minera, sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar.

Al respecto, Ricardo Barra reafirmó que “todavía falta clarificar y desarrollar normativas basadas en evidencia científica, para que estas (las plantas) puedan ser más efectivas”.

“Debemos tomar ciertas cautelas para poder desarrollar esta industria de una forma sostenible que respete al medioambiente y a las comunidades, y que a su vez sea económicamente conveniente para el país. Hay que investigar cómo las comunidades reciben este tipo de innovaciones, hay que entender bien cómo ellos ven los desarrollos tecnológicos y los beneficios que ellos puedan obtener de estos desarrollos para su economía local”, concluyó el académico.