Hace dos semanas, en un grupo de WhatsApp de exmédicos de Clínica Las Condes (CLC) circulaba una carta que terminó el 27 de febrero en la oficina de partes de la Superintendencia de Salud.

Los facultativos, de manera irónica, le pusieron al grupo “ExCelenCia” y aquí suelen hacer sus descargos en contra de la administración que encabeza Alejandro Gil, pareja de la empresaria Cecilia Karlezi, controladora de CLC a través de la sociedad Luces Tres. Son 197 miembros y en la misiva, a la que tuvo acceso Pulso PM, detallaron una serie de falencias, lo que deriva -según ellos- en un “riesgo sanitario”.

Se trata de una nueva polémica en la que Clínica Las Condesa se ha visto envuelta desde el inicio de la gestión de Gil, en diciembre de 2019, sumando una serie de conflictos judiciales con sus médicos, gerentes, Fonasa y el Fisco de Chile.

Luego de recibir la carta, la intendenta de Prestadores, Carmen Monsalve, confirmó a Pulso PM que la Superintendencia de Salud actualmente se encuentra en un proceso de “fiscalización y gestión de los puntos denunciados por los médicos”.

La Intendencia de Prestadores también confirmó que Clínica Las Condes ha sido fiscalizada dentro de un programa regular, enmarcado en el cumplimiento de la Ley de Derechos, preferentemente por normas Covid, durante el periodo de pandemia. También se han realizado fiscalizaciones regulares para evaluar la manutención de los estándares de acreditación de la clínica.

“Independiente de la fiscalización regular, también hay fiscalizaciones extraordinarias que son producto de denuncias que se han hecho directamente a la Superintendencia de Salud, algunas realizadas por asociaciones, personas individuales y por denuncias públicas a través de medios de comunicación. En 2022 ha habido 3 fiscalizaciones extraordinarias efectuadas, dos de ellas concluidas con verificación de cumplimiento y una en proceso”, destacó.

La misiva impulsada entre otros médicos por May Chomalí, Viviana Herskovic y Roberto Postigo, advirtió que “la principal razón de esta carta-denuncia es que consideramos que existe un riesgo sanitario que afecta a la población que se atiende en CLC. Ese riesgo fue observado por la Joint Commission International (JCI) que en enero 2023 le retiró la acreditación internacional y también fue considerado por la Universidad de Chile, poniendo fin al acuerdo docente que mantenían desde 2007″.

En la carta dirigida al superintendente Víctor Torres, los médicos acusaron a CLC de obstaculizar el acceso a la ficha clínica de los pacientes, bajo el argumento de la confidencialidad. El acceso está sólo permitido, en el caso de la atención ambulatoria, en el contexto de una consulta médica previamente pagada. “El hecho concreto de no poder revisar los antecedentes clínicos contenidos en la ficha médica de un paciente, frente a llamados de urgencia o frente a resultados críticos, sin duda aumenta el riesgo de error de medicación, error de diagnóstico, riesgo de suicidio y, por tanto, se da una atención deficiente, muy alejada a lo que estábamos acostumbrados a entregar”, consignó la misiva.

“Esta restricción del acceso a la ficha tiene otros efectos sanitarios que no son menores. Entre ellos la imposibilidad de realizar informes de traslado de un paciente crónico y complejo a otro centro de salud nacional o internacional, informes para Isapres, aseguradoras, empresas u otros tan requeridos y necesitados por los pacientes de no mediar el pago de una consulta”.

También denunciaron que la administración no bloquea las horas de sus médicos cuando éstos están de vacaciones, realizando cursos o han sido desvinculados. “Los pacientes se enteran de la ausencia del facultativo al llegar a la consulta y pagar la atención, momento en el cual se les ofrece atención por otro especialista, lo que consideramos constituye una maniobra engañosa”, sostuvieron.

“Los médicos que aquí suscriben se han visto enfrentados a un trato que no se condice con el quehacer de la profesión médica, para con ellos como para los pacientes. Observamos un permanente hostigamiento, maltrato, abuso y/o amedrentamiento a los pacientes, al personal y a los profesionales, por personas de la administración; un ejemplo de esto es que a médicos que no quisieron firmar modificaciones unilaterales en su contrato de arriendo, les cerraron la consulta con pacientes citados y no les permitieron completar la atención a pesar de que los pacientes estaban en la sala de espera”, añade la carta.