El 10 de agosto, uno de los abogados de Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Sauer en la intermediara STF y en el factoring Factop, José Clemente Coz, sostuvo una videoconferencia con el director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), José Gaspar.

La cita se prolongó por espacio de una hora y según el acta oficial del encuentro, se discutió “en relación a Factop Corredores de Bolsa de Productos”. En la audiencia estuvieron presentes, además, Cristián Villalobos, jefe de la División de Control de Intermediarios; Martín De la Vega, jefe de la Dirección Jurídica de Supervisión, y Osvaldo Adasme, director general de Supervisión Prudencial. Este último firmó un informe enviado a comienzos de abril enviado al fiscal de la entidad, Andrés Montes, que dio inicio a la investigación contra la corredora STF.

La reunión se produjo siete días después de que el empresario ampliara la querella que interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de entrega de información falsa al mercado, manipulación bursátil y administración desleal. La acción penal interpuesta el 31 de julio fue ampliada por Topelberg el 3 de agosto de 2023, y en ella insistió en sus acusaciones en contra de sus socios Ariel y Daniel Sauer, asegurando que recientemente se había enterado de que ambos crearon “un mecanismo ilegal de financiamiento en favor de personas naturales y jurídicas que, al parecer, no han podido acceder a servicios financieros mediante el mercado formal”.

Pero en la ampliación de la querella, patrocinada por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad, se dejaban entrever antecedentes, que podrían servir a la fiscalía, sobre el manejo interno de la operación del factoring.

Se trata de información que recién el pasado 14 de noviembre se hizo pública, tras la divulgación del audio de la conversación entre los abogados Leonarda Villlalobos y Luis Hermosilla, con Daniel Sauer, en el que aparentemente planificaban pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la ampliación de la querella, la defensa de Topelberg menciona por primera vez a las sociedades con las cuales los querellados emitieron facturas falsas, como “Inversiones Guayasamín SpA, Asesorías e Inversiones Art SpA, Comercial Textil Ziko Limitada y varias otras”. Luego, recién en noviembre, es divulgado el audio en el que Hermosilla, Villalobos y Sauer detallan cada una de estas sociedades utilizadas en las cuestionadas operaciones.

Al mismo tiempo, el escrito consignó que desde diciembre de 2022 y hasta junio de este año, Guayasamín había emitido más de 1.200 facturas por servicios que no ha prestado y que no tienen relación con su giro. Asimismo, “entre los meses de enero y noviembre de 2022, ésta emitió facturas cuyas sumas superan los $18.586 millones. Cabe hacer presente que Guayasamín se constituyó el año 2016, con el objeto de comprar, vender o comercializar bienes muebles, corporales o incorporales, invertir en valores, efectos de comercio, instrumentos financieros o facturas, y prestar asesorías financieras o tributarias específicas”, estipuló. Sin embargo, en las 1.200 facturas emitidas a esa fecha, indican en su glosa la prestación de asesorías profesionales, de gestión o contables, que nada tienen que ver con el negocio de Guayasamín.

En todo momento, Topelberg se ha mostrado como una víctima de las acciones de los hermanos Sauer. Ha dicho que no sabía de las facturas falsas y cómo operaba el factoring, cuyas deudas hoy ascienden a $59.000 millones y se encuentra en un proceso de reorganización judicial. El empresario declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

A su vez, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del penalista Luis Hermosilla, consultado por Pulso sobre si cree que la filtración del audio provino de la defensa de Topelberg, manifestó: “No lo sé, pero existen indicios de que así podría haber ocurrido”.

Para enfrentar las esquirlas del caso, Topelberg se preparó mucho antes y no sólo cuenta con la asesoría comunicacional de EK, sino que también contrató los servicios jurídicos de dos estudios de abogados para la batalla con los Sauer y acreedores de Factop que se vendría.

Ante el notario de la 26° Notaría de Santiago, Humberto Quezada, el 10 de julio Topelberg entregó un mandato judicial a los abogados José Clemente Coz, Francisco Blavi, Francisco González, Felipe Campos y Rodrigo Palavecino, para que lo puedan representar en todo tipo de proceso judicial iniciado en tribunal laborales, criminales, civiles, arbitral o autoridades administrativas. Con el acto, revocó y dejó sin efecto cualquier mandato judicial anterior.

Posteriormente, el 27 de julio, el abogado José Clemente Coz, confirió un mandato judicial a los abogados Alejandro Awad, Miguel Schürmann, Antonia Martínez e Ignacio Pavón. Hoy ellos están a cargo de la estrategia penal del empresario que ha presentado querellas en contra de los hermanos Sauer y otras sociedades, como Global SME Growht Fund LP y Fondo LV Facturas (Larrain Vial), en las cuales en cada una de ellas se han presentado ampliaciones.

Coz es un abogado reconocido en sede civil y cuenta con una amplia experiencia en litigios empresariales de alta complejidad. Actualmente asesora a la Asociación de Productores de Leche de Los Ríos en su arremetida contra NotCo. También formó parte del estudio de Sebastián Oddó y Alvaro Jofré. Ello, luego de que Oddó decidiera en 2014 dejar el estudio Vergara, Labarca & Cia. y armar una oficina boutique.

Entre 2009 y 2011 se desempeñó como abogado asociado del estudio de Felipe Bulnes, quien posteriormente sería ministro de Justicia. Hoy Coz asesora al empresario Jonás Gómez, quien denunció haber sido agredido por Bulnes el 13 de enero de 2023. Y al igual que en el caso de Topelberg, la arista penal la lleva adelante el estudio de Schürmann y Awad.