En diciembre de 2024, siete miembros de la familia Callejas presentaron una millonaria demanda civil en contra de la Constructora Inarco y de la Inmobiliaria Tabancura, acusándolas de incumplir un contrato de promesa de compraventa en verde asociado a un ambicioso proyecto inmobiliario en la comuna de Vitacura. La semana pasada, ambas empresas contestaron formalmente la acción judicial, negando las imputaciones y dando cuenta de una batería de argumentos que incluyen desde la cesión del contrato, hasta disputas judiciales de terceros y eventos de fuerza mayor.

La acción judicial fue interpuesta por Angélica Schneider Callejas, Inés Callejas Alday, Alejandro Callejas Montoya, Lorena Callejas Callejas, Hugo Callejas Callejas, Bernardita Callejas Callejas y Mercedes Callejas Miranda, todos descendientes y herederos de una fracción del predio “El Arco”, ubicado en Avenida Las Condes N°10.850, comuna de Vitacura.

La familia, integrada por profesionales de distintas áreas —una psicóloga, una abogada, un ingeniero agrónomo, entre otros—, sostiene que fue víctima de una operación inmobiliaria que, pese a estar contractual y financieramente cerrada, nunca se concretó en lo sustancial: la construcción y entrega de una prometida placa comercial.

El caso gira en torno a una promesa de compraventa en verde, suscrita el 2 de diciembre de 2016 entre la familia Callejas e Inarco. En este contrato, la empresa se comprometía a venderles una placa comercial dentro de un proyecto inmobiliario a desarrollarse en el terreno previamente vendido por los mismos demandantes. El compromiso incluía la entrega de 12 locales comerciales de 75 m², 12 bodegas de 17 m² y 33 estacionamientos, todos con derechos de uso exclusivo y en régimen de copropiedad.

Sin embargo, según se relata en la demanda, el proyecto nunca fue ejecutado. La familia acusa a Inarco de haber incumplido los plazos contractuales, haber modificado el diseño sin autorización, y no haber respetado otras condiciones clave del contrato, como el mantenimiento de la póliza de garantía o los requisitos mínimos de frente para los locales comerciales.

“La Demandada no cumplió con las obligaciones contractuales que se detallarán en la presente demanda”, sostienen los abogados patrocinantes, Rodolfo Fuenzalida, Sebastián Llona y María Fernanda Galleguillos, en el escrito ingresado al 10º Juzgado Civil de Santiago.

La familia Callejas solicitó que el tribunal declare el incumplimiento del contrato y ordene su resolución, con la consecuente restitución de UF 74.374 (equivalente a $2.848 millones), pagados por adelantado. A esto se suman UF 163.162 ($6.248 millones) por concepto de multas e indemnizaciones pactadas contractualmente.

En subsidio, piden el cumplimiento forzado del contrato, lo que no solo implica construir y entregar la placa comercial, sino también pagar UF 220.367 ($8.439 millones) por daños. Como última opción, la familia solicita una indemnización autónoma por UF 14.875 (unos $570 millones), por los perjuicios sufridos por la no concreción del proyecto.

En su contestación, Constructora Inarco S.A. niega cualquier responsabilidad en los hechos y acusa a los demandantes de tergiversar los antecedentes. Según sus abogados, Inarco sí firmó el contrato, pero cedió válidamente sus derechos y obligaciones a Inmobiliaria Tabancura S.A., lo cual —afirman— fue aceptado de hecho por la familia Callejas.

“El sujeto principal en la operación comercial era Tabancura, a quien los Demandantes vendieron el predio donde se emplazaría el Proyecto”, argumentan. Y agregan: “Inarco simplemente carece de legitimación pasiva para ser demandada en autos”.

Además, la constructora alega que la acción judicial está prescrita, ya que han pasado más de cinco años desde que el contrato de promesa se hizo exigible.

“Inarco no puede ser responsabilizada por el supuesto incumplimiento de una obligación que nunca fue plenamente exigible, ni menos cuando el propio proyecto fue entorpecido por factores externos y conflictos judiciales sobre el dominio del terreno”, afirman sus abogados.

Inarco es asesorada por Joaquín Castillo y Sebastián Zamora, e Inmobiliaria Tabancura es representada por Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo.

Por su parte, la defensa de Inmobiliaria Tabancura S.A. sostiene que el proyecto no se materializó debido a causas ajenas a su voluntad, como el estallido social de 2019 y la pandemia de Covid-19. Ambos eventos, dicen, alteraron la industria de la construcción y ralentizaron todas las operaciones inmobiliarias en el país.

Pero su defensa no se queda ahí: Tabancura también alega que el terreno en cuestión está envuelto en disputas judiciales, incluyendo un juicio vigente en el 3º Juzgado Civil de Santiago (rol C-5290-2024, “Chacoff con Schneider”), en el cual incluso se cuestiona el dominio del Lote 9-A.

“Mal se podría continuar la construcción del Proyecto encontrándose en disputa, incluso actualmente, cuestiones relativas al dominio del Inmueble”, advierten en su escrito. Y recalcan que los propios demandantes han ofrecido intervenir en dichos juicios como parte del “saneamiento por evicción”.

Ambas empresas coinciden en una crítica central: acusan a los demandantes de actuar de mala fe al iniciar una demanda años después de firmados los contratos, sabiendo —según ellos— los obstáculos legales y materiales que impedían la ejecución del proyecto.

“La demanda de autos constituye el primer requerimiento de los Demandantes alegando algún tipo de responsabilidad en contra de esta parte, dejando transcurrir 8 años”, señala Inarco. Tabancura, en tanto, insiste en que la familia Callejas pretende obtener un “enriquecimiento indebido” a través de la acumulación improcedente de multas compensatorias y moratorias.